La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria continúa desarrollando su actividad para denunciar los impactos, medioambientales y para la salud, que tienen la implantación sin control de parques eólicos en zonas cercanas a la población.

Este viernes, 31 de mayo, se unirán a Brigadas Internacionales de Paz para presentar a dos activistas mexicanas que llevan varios años luchando contra proyectos de multinacionales internacionales que han llegado a implantarse, en muchos casos a la fuerza y vulnerando derechos de las comunidades residentes, en el Itsmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

Asamblea de comuneros de Tehuantepec.

Será en un encuentro que tendrá lugar en la librería crítica La Vorágine, en Santander, a partir de las 10.30 horas. Las dos defensoras de los derechos humanos, procedentes de México, están llevando a cabo una gira internacional junto a Brigadas para denunciar su caso.

Se trata de Guadalupe Ramírez, indígena de Unión Hidalgo, del Estado Oaxaca, y defensora comunitaria y Elena Villafuerte, politóloga, miembro de la red de líderes interculturales de la Alianza de las Naciones Unidas para las Civilizaciones que coordina en la zona el Proyecto de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, que asesora a los indígenas afectados y litiga contra las empresas por sus irregularidades.

LAS EMPRESAS CONTRATAN A MIEMBROS DEL CRIMEN ORGANIZADO PARA CARGAR CONTRA LOS INDÍGENAS

La instalación de este macro parque comenzó hace unas dos décadas, mediante capital privado y europeo, detrás del que estaban muchas multinacionales españolas conocidas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Renovalia Energy o Gamesa.

Según denuncian, esta implantación no cumplió con ninguno de los estándares internacionales en la implantación de parques eólicos y tampoco los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial. “No se respetó el hecho de que son comunidades indígenas, de que tienen derecho a la información y también a tomar decisiones colectivas”, denuncia Elena Villafuerte en una entrevista a EL FARADIO.

En el estado de Oaxaca, calcula que la población afectada son alrededor de 150.000 personas, aunque su organización trabaja directamente con los habitantes de Unión Hidalgo, que cuenta con una población en torno a 14.000 personas.

Estas personas viven “cercadas” porque parques eólicos, que “están uno encima de otro”, hasta a 200 metros de las casas cuando la normativa internacional requiere que haya, al menos, una distancia de 2 kilómetros.

Esto implica que las familias más cercanas están teniendo daños colaterales en su salud, generadas por el ruido y la vibración de los aerodegeneradores implantados –más de 1.500 en la zona-, que les provocan problemas de sueño e, incluso, pérdidas de audición. Además, están percibiendo afectaciones medioambientales porque, aunque sea energía verde, hay vertidos de aceite en las tierras de cultivo “porque no mantienen bien las instalaciones”, que afectan de un modo especial a la flora de la región.

A raíz de esto, la población comenzó a organizarse en el año 2011, especialmente alrededor de la Asamblea de Comuneros, que son alrededor de 150 personas. Ellos, además de los problemas de salud que enfrentan, sufren constantemente amenazas, hostigamientos, agresiones y criminalización de esas personas, instigadas por esas empresas que les han llegado a solicitar hasta multas de hasta 400.000 euros por manifestarse.

“También tienen complicidad con autoridades locales y con miembros del crimen organizado local, que contratan como seguridad privada de los proyectos y que se dedican a amenazar y agredir a los activistas”, denuncia Villafuerte.

Los activistas quieren demostrar “que las implantaciones eólicas tienen un impacto global porque no están respetando los derechos mínimos” y, por ello, solicitan que se “piense y desarrolle estos proyectos con una perspectiva de respeto de los derechos humanos”.