El juzgado de primera instancia e instrucción nº 10 de Santander emitió recientemente orden de lanzamiento contra Mayra, que ha sido víctima de violencia de género, y su madre, María Elena.

El desahucio, el primero que trasciende tras la constitución del nuevo Gobierno de Cantabria, se ejecutará el jueves 25 de julio a las 10.00 horas, según adelantaba el colectivo STOP DESAHUCIOS.

Según explican, María Elena tiene 62 años y ha trabajado toda la vida en el sector de la hostelería y cuidando personas mayores. La crisis le afectó de pleno y lleva cuatro años sin encontrar trabajo. Su hija, Mayra, tiene 32 años y ha trabajado de camarera, también lleva sin trabajar casi un lustro. Actualmente sobreviven por una renta social básica de 530 euros. En 2018 no pudieron seguir pagando el piso y en unos pocos meses, recibieron la demanda de desahucio.

Mayra ha sufrido violencia de género recientemente y, como consecuencia, sufre diversos problemas psicológicos, como ansiedad y trastorno por estrés postraumático.

María Elena y Mayra llegaron a la plataforma hace varios meses por mediación de una amiga. Tenían un desahucio inminente, para el 11 de marzo, y pudieron pararlo en el último momento. Ahora de nuevo, vuelven a vivir el estrés que sintieron en marzo. Esperan que el juzgado sea sensible a su situación y les prorroguen un mes más “para dar tiempo y conseguir una alternativa habitacional”.

En este sentido, Ruth Deguas, coportavoz de la plataforma comenta que “las distintas administraciones deben ponerse las pilas de una vez, no puede ser que estemos siempre parando los desahucios siempre en el último momento» ya que «esto provoca una situación de tensión en los afectados muchas veces insoportable, que se recrudece en personas vulnerables, ya sea porque sean menores, discapacitados o con problemas psicológicos o de salud en general”.

Durante esta última semana, la plataforma y la familia han estado buscando otras alternativas de vivienda. Es probable la obtención de un piso de alquiler social por parte de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria en la localidad de Hoz de Anero.

Pero, alertan, debido a diferentes circunstancias y al papeleo, es posible que no puedan firmar el contrato y obtener las llaves del piso a tiempo. En ese caso, la plataforma Stop-Desahucios presentaría un nuevo escrito, solicitando una nueva suspensión por un mes.

Este martes, la plataforma realizará una asamblea para decidir si se convoca una movilización para parar el desahucio, siempre y cuando sea necesario. Al tratarse de un propietario particular –la plataforma actúa contra las entidades bancarias, no contra las personas propietarias – todavía no se ha tomado ninguna decisión. “Sea cual sea la decisión tomada, como en otros casos, no se dejará solas a Mayra y María Elena”, explican fuentes de la plataforma.

En esa misma asamblea se analizarán las opciones para otros dos lanzamientos que se producirán la semana que viene. En uno de ellos, confirman miembros de la plataforma, se producirá una movilización para parar el desahucio ya que el titular es una entidad bancaria. También se informará de los dos desahucios suspendidos la semana pasada, y de la situación de los afectados, Gelo y Encarni.