El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha reprochado al único concejal de VOX, Guillermo Pérez-Cosío, su moción «xenófoba» y que «criminaliza» a un «colectivo vulnerable» como los MENAs (Menores Extranjeros No Acompañados), con la intención de generar «alarma social», según han afeado todos los grupos políticos en las intervenciones de sus portavoces en el debate, aunque el PP al final se ha abstenido.

PP y Ciudadanos gobiernan la capital de Cantabria en coalición y en minoría, suman 13 de los 27 concejales, por lo que necesitan el apoyo de un concejal para sacar adelante las iniciativas en el Pleno municipal.

El concejal de Seguridad, Pedro Nalda (PP), ha justificado el sentido de su voto. «No vamos a votar en contra para que no se entienda que bajamos la guardia en nuestro empeño de colaborar con las fuerzas de seguridad», ha dicho.

Ciudadanos ha votado en contra por el carácter xenófobo de la iniciativa. «Usted no habla de combatir la delincuencia sino de combatir a los extranjeros», ha rechazado el concejal portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti.

La moción de VOX planteaba un problema «creciente de inseguridad ciudadana» en la ciudad, tomando como punto de partida un caso de abuso sexual este verano en los Jardines de Pereda, cometido por un ciudadano marroquí de 19 años sin antecedentes penales, detenido y juzgado cinco días más tarde, y condenado a 21 meses de cárcel.

Aunque la sentencia judicial no lo resolvió así, VOX quería que el Pleno pidiera al delegado del Gobierno que tramitara un expediente de expulsión para todos los implicados en los hechos, en base a la Ley de Extranjería que no lo contempla en caso de que no haya antecedentes penales.

Y a pesar de que el condenado era mayor de edad, Pérez-Cosío había pedido que la Junta de Seguridad Local analizar y valorar el «problema» que supone para la «convivencia» la presencia en «nuestra ciudad» de un «número creciente de menores no acompañados».

Además, planteaba su «preocupación» por la «negativa por los servicios de un determinado hospital a informar en la tramitación de expedientes de determinación de la edad de ciudadanos extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no puede ser establecida con seguridad», según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2017.

Al respecto de los MENAS, la concejala del PSOE, Ana Santurtun, ha informado al Pleno de que tanto en 2018 como en lo que llevamos de 2019, el Instituto de Medicina Legal ha tramitado «cero casos» de determinación de edad de extranjeros. Y ha recordado que estas pruebas son cuestionadas por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos por invasivas y porque «no son precisas, ya que los resultados se comparan con población caucásica».

Como reveló EL FARADIO con el ‘Caso Samuel’, las pruebas de determinación de edad se venían utilizando de forma sistemática y contra lo que establece la Ley de Extranjería, para poner en duda, desde los Servicios Sociales de la comunidad autónoma, la edad de menores que sí llegan documentados.

De esta manera, la Fiscalía solicitaba pruebas de edad en Valdecilla, que siempre contradecían la documentación de los menores. Los resultados concluían que tenían «18 años o más» y se iniciaban así los trámites de expulsión de los MENAS.

El ‘Caso Samuel’ se resolvió con el archivo, en dos ocasiones, del trámite de expulsión administrativa y con sentencia judicial contra el Gobierno de Cantabria por dudar de forma ilegal de la edad de menores, cuyo interés superior debe prevalecer en aplicación de los convenios internacionales firmados por España y traspuestos al ordenamiento jurídico español, como también ha subrayado en el Pleno el concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro.

REPROCHE UNÁNIME, PERO ABSTENCIÓN DEL PP

El concejal de Seguridad, Pedro Nalda (PP), ha afeado la moción de VOX, que «de un hecho puntual, con datos nacionales y comparaciones heterogéneas con otras regiones pretende generar un clima de alarma social que no se corresponde en absoluto con Santander», que «es una de las ciudades más seguras de España»

Así, ha expuesto que las cifras de criminalidad son «sensiblemente más bajas», 8,2 puntos por debajo de la media nacional, y aunque se ha incrementado ligeramente (un 0,2), el incremento es menor que en España (0,5). «No comparto sus juicios de valor», ha expresado, al tiempo que ha defendido que «hay que perseguir el delito sea donde sea, independientemente de su origen».

Además, antes de justificar la abstención de su grupo popular, había apuntado «aspectos humanitarios y humanos que no podemos obviar independientemente de las frías cifras».

Previamente, la concejala del PSOE agradeció a Pérez-Cosío la «llamada de atención» sobre una agresión sexual en la ciudad, que «condenamos». Y ha lamentado el intento de «criminalización a un colectivo vulnerable que tiene que estar protegido».

Para Saro (UxS), la moción es «reprobable por el intento de confundir con datos dispares», en un «intento de intoxicación de VOX» para «aplicar su programa de restricción de derechos y libertades», lo que ha descalificado por ser una «política xenófoba de criminalización», en un intento de «crear alarma social».

En la misma línea, el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Ciudadanos), ha defendido su voto en contra a la moción de VOX, porque «no habla de combatir la delincuencia sino de combatir a los extranjeros», además a partir de un caso concreto»en el que «ha funcionado el Estado de Derecho a la perfección».

«¿Está usted diciendo que los abusos sexuales los cometen sólo los extranjeros? Seguridad queremos todos, lo que no queremos es discriminación en función de quién comete el delito», le ha espetado. Y previamente le ha acusado de pretender trasladar que «esta es una ciudad sin ley».

Por su parte, el concejal del PRC, José María Fuentes-Pila, al que Pérez-Cosío ha acusado de hacer un discurso «compasivo», ha replicado que prefiere su cposición compasiva que la de «promover alarma con objetivo estrictamente ideológico», aunque ha rechazado que la Carta de los Derechos Humanos o los acuerdos internacionales de protección del menor sean compasión. «Son derechos», ha enfatizado.

CERUTI DEFIENDE QUE LA SOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA CON PUEDE SER “A COSTA DEL URBANISMO DE LA CIUDAD”

En el apartado de ruegos y preguntas, Vox ha tenido un nuevo encontronazo, en esta ocasión con el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, a cuenta de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del caso de la Enseñanza.

Ceruti ha asegurado que ha defendido desde el primer momento ante padres y profesores que “las soluciones no eran blancas y negras”, sino que “hay opciones intermedias” que “estamos investigando”.

Lo que ha querido resaltar el concejal es que la solución para salvar el proyecto educativo “no será a costa del urbanismo de la ciudad”. Cuando le ha acusado de poner el peligro el proyecto educativo, Ceruti ha recordado que esto lo hace “la propiedad cuando anuncia su intención de venderlo y marcharse de la ciudad” y que el objetivo de la Administración es “mirar por el bien común” al margen de “pelotazos privados”.