Este miércoles, una comisión judicial del juzgado de instrucción nº 2  de Santander se presentó en la calle San Celedonio para practicar el desalojo de cuatro familias, sin contar una denuncia previa ni habérselo notificado a los afectados.

Edificio donde se ha intentado llevar a cabo el desalojo.

Así lo ha denunciado la plataforma Stop Desahucios, que fue alertada por una de las vecinas, una madre soltera de dos menores de 8 y 9 años que se encuentran en situación vulnerable, igual que el resto de los vecinos.

Stop Desahucios pudo confirmar, una vez llegó al bloque, que la orden de desalojo cursada estaba desfasada y no iba dirigida a los vecinos que actualmente residen en dicho bloque de viviendas sino a los anteriores inquilinos.

“FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA NECESIDAD”

Desde Stop Desahucios han querido recalcar que se trata de “familias en situación de extrema necesidad”, tal y como lo describe Antonio G. Javega, uno de los activistas de la plataforma.

Las cuatro familias se encuentran en una situación de extrema necesidad y precariedad, llevan en desempleo varios años y/o de vez en cuando realizan trabajos muy esporádicos para mantener a sus familias. Una de las familias, la forma Ada, madre soltera de dos niños de 8 y 9 años; Samuel y Melody son otros afectados, tienen una niña de 20 meses; Mario y Raquel tuvieron hace mes y medio también un bebé; y la otra familia la componen Jorge y Rosa, con dos niñas pequeñas.

“El problema es que el desalojo iba dirigido contra los anteriores inquilinos de esas viviendas. Ninguna de las familias afectadas actuales figura entre los nombres de los denunciados en la orden de desalojo. El procedimiento penal se inició mucho tiempo antes, hace años”.

Además, han señalado varias irregularidades en el caso, la primera de ellas, “no atender a la situación social de estas personas, habiendo menores de por medio”, así como que el desahucio no se practique contra las seis familias, sino contra cuatro, ya que dos de ellas habían sido identificadas y, por tanto, recibieron el escrito del juzgado convocándoles a una comparecencia judicial de diligencias previas”.

Otra de las irregularidades es una de las más habitual, ya que ninguna de las familias tiene abogado. De hecho, uno de los afectados, Samuel que, junto a su pareja, tienen una hija de 20 meses, explica que están siendo asesorados por la plataforma para buscarse un abogado de oficial.

“Nosotros no sabemos de leyes, así que pensamos que teníamos que salirnos sin más, pero desde Stop Desahucios no explicaron que es ilegal porque tiene que haber un procedimiento previo, tomar datos y mandar una orden”, explica este hombre, que lleva ocupando la vivienda hace menos de un mes ante la imposibilidad de encontrar otro lugar.

“Estamos los dos en paro ahora mismo. Yo ayudo a mis padres en el mercadillo, y entre familia nos vamos ayudando y podemos ir viviendo como se puede. Pero no da para más”, cuenta. Ahora mismo, los inquilinos han regresado al edificio, donde estaban todas sus cosas, a la espera de una notificación.

RELATO DE LOS HECHOS

Por la mañana, la comisión judicial y la policía que los acompañaba procedieron a expulsar de sus viviendas a los vecinos presentes, que no habían sido notificados en ningún momento, y a cambiar las cerraduras.

Además, una de las familias fue desahuciada sin estar presente en ningún momento, encontrándose al llegar a su casa que no podía abrir la puerta y quedando todas sus cosas dentro, incluyendo su propia documentación y la de sus hijos pequeños.

Posteriormente, por la tarde, la policía volvió al lugar de los hechos junto al propietario del edificio, que se encontraba vacío, para finalizar las actuaciones y abrir las viviendas para que las familias pudieran recoger sus enseres.

Sin embargo, al hablar con los activistas de Stop Desahucios se percataron de la irregularidad del caso. De hecho, la plataforma ha querido destacar el “trato muy respetuoso y educado” y el “respeto a la ley” que primó en este segundo encuentro. “Ellos mismos se sorprendieron de que no hubiera nadie del juzgado en ese momento y sólo estuviera presente la procuradora de la otra parte y el propietario-promotor de las viviendas. Otra irregularidad”.

Stop Desahucios ha resaltado que hay varias irregularidades arquitectónicas en el edificio.

Por este motivo, por la tarde todos los vecinos decidieron solicitar asistencia jurídica gratuita y presentar denuncia contra la comisión judicial, el secretario-letrado del juzgado y el dispositivo policial de la mañana “por allanamiento, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad”.

LA PLATAFORMA SEÑALA QUE LA VIVIENDA PRESENTA NUMEROSAS IRREGULARIDADES ARQUITECTÓNICAS

“Por si no fuera suficiente, el bloque de viviendas tiene numerosas irregularidades arquitectónicas y la empresa promotora de la construcción de la vivienda se apropió de parte del dominio público, como puede comprobarse porque una de las alcantarillas de la calle se encuentra dentro del portal del edificio”, añade Javega.