Como estará la cosa que en Cantabria la Cofradía de la Merced no ha encontrado preso al que indultar para esta Semana Santa.

No sabemos si es porque ya no hay delincuentes como antes, porque no hacen méritos para irse al preferir lo malo conocido o por que los tiros van por otro sitio: esta semana conocíamos que el ministerio de Justicia concedía el indulto al director de una oficina bancaria condenado por sustraer 30.000 euros de la cuenta bancaria de un cliente.

Se trata de un indulto, el de un representante del sector financiero, más acorde con los tiempos.

Pero por estas tierras, a falta de Gallardones y de órdenes religiosas, los indultos más sonados los acaba de hacer la Justicia. Y a pares.

Las sentencias que acaba de emitir la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, el mismo día, absuelven a dos políticos en activo: Javier López Marcano, exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte en los anteriores gobiernos cántabros, diputado regionalista, vicesecretario del partido y ‘candidatable’ a la sucesión de Revilla; y a Julio Cabrero, alcalde de Polanco y diputado del Partido Popular en el Parlamento cántabro.

Ambas sentencias incurren en la misma paradoja: dan por probados los hechos, consideran que sucedieron y que las cosas no se hicieron de la mejor forma posible (por decirlo de una forma suave), para, a continuación, descartar que los hechos supongan delito, porque, en realidad, no se produjo mala fe por parte de los acusados que, en consecuencia, quedan absueltos.

Actuaron por “inercia”. Es lo que dice, literalmente, la sentencia que absuelve a Julio Cabrero por la contratación del polideportivo municipal. Que en el Ayuntamiento la forma de contratar los expedientes distaba mucho de hacerse acorde a la Ley, y que eso era la forma habitual de funcionar. Por tanto, seguir incumpliendo los requisitos no obedecía a una mala intención ni es castigable: es sólo una “inercia” en la gestión.

La misma “inercia” que llevó a Cantur, la empresa pública a adjudicar obras en base a contratos verbales y tras recibirse “sugerencias” expresas del correspondiente responsable político, y a funcionar habitualmente sin contar con toda la documentación necesaria en unos Consejos de Administración marcados por contenidos de carácter general, sin mucho detalle, tal y como constan en las actas en las que, en otras ocasiones, sí se refleja el contraste de que otras veces se ponían las pegas políticas a proyectos por no tener los trámites.

El ‘topalantismo’ como norma, a cargo de precursores de Esperanza Aguirre que admite que se preparó un proyecto sin licencia, confiando en que se iba a dar más tarde que temprano en una huida hacia adelante para la que no hacen falta vehículos a motor.

Porque en el juicio de la Casa de los Gorilas hubo momentos en los que lo que se juzgaba era la forma de gestionar la Administración, cuando se admitió que existen infraestructuras que dependen del Gobierno que funcionan sin la correspondiente licencia que se exige a cualquier dueño de un bar o taxi.

Hasta el punto de que el Ejecutivo se vio obligado a exhibir las licencias de las que sí se constaba en una infraestructura tan emblemática como es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Pero en la memoria quedan otros proyectos, como el edificio Triguero, la Filmoteca de Cantabria, y está por contar la historia del Museo Marítimo, o lo que sucede con las licencias en, dejémoslo ahí, otros sitios.

Para formar parte de la Cofradía de Nuestra Señora de la Prevaricación se tienen en cuenta varios factores: que un funcionario público o político haya dictado una resolución injusta y arbitraria y lo haya hecho a sabiendas, consciente de lo que era.

No somos por aquí sospechosos de no respetar a la Justicia, de la que hemos elogiado su liderazgo y compromiso con los casos de participaciones preferentes, o sus intentos de garantizar el cumplimiento de la legalidad con las sentencias de derribo pese a tantos intentos de esquivarlas por parte de las instituciones.

Pero en esta ocasión creemos que los responsables del indulto han echado un capote a estas formas de funcionar: comprensivos con la falta de pruebas documentales, con los pocos conocimientos legales de los responsables políticos en los procesos administrativos, cargando contra los funcionarios que no avisan cuando toca, y retorciendo los argumentos hasta el punto de identificar “no ocultar” con dar publicidad, o entender que un proceso se ha hecho bien porque nadie se ha quejado públicamente de haber sido perjudicada por el proceso.

Tanto la sucesión de irregularidades como la de argumentos exculpatorios están extraídos, literalmente, de las sentencias absolutorias.

Se ha convertido la Pascua en Navidad, plena de buenos deseos, y se ha llevado al extremo la presunción de inocencia, sazonada en este caso con la presunción de dosis de buena fe, y, en un triple mortal, la equiparación de legalidad con buena fe. Fe que ha permitido que no podamos enterrar como se merece una mala gestión, que, con estos antecedentes, nos tememos que acabará resucitando al tercer día.