La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha acordado posponer la entrada en vigor de la nueva normativa de autorización y acreditación de Centros de Servicios Sociales que entraba en vigor el próximo 2 de noviembre con el objetivo de iniciar un proceso participativo y buscar una “solución de consenso” con las entidades del sector, con el propósito de acordar una norma garantice la calidad del servicio. 

Así lo ha comunicado esta mañana la consejera Ana Belén Álvarez a los representantes de las empresas y entidades prestadoras de servicios de atención a la dependencia y la discapacidad en una nueva reunión celebrada en la sede del ICASS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, se reúne con entidades del sector de la dependencia.

Según ha explicado Álvarez, la situación de conflicto planteada con la aprobación el pasado mes de mayo de la nueva normativa, que las empresas llegaron a recurrir y que desencadenó una mala relación con el anterior Gobierno –del mismo signo y partido, por cierto– introduce “elementos de incertidumbre importantes” en el desarrollo del sistema de dependencia.

De ahí que la Consejería haya optado por abrir un proceso negociador y buscar una “solución de consenso” que permita conciliar el liderazgo de la Administración en la definición de las políticas públicas, la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia y la estabilidad de las entidades prestadoras de servicios.

La solución propuesta por el Ejecutivo regional pasa por posponer el calendario de aplicación de las normativas en cuestión hasta el 30 de junio de 2020 como plazo máximo, con la excepción del cumplimiento de las ratios de profesionales que la Administración ya está abonando.

Ana Belén Álvarez ha defendido que “las reformas serias deben permanecer estables en el tiempo para que puedan dar resultados” y ello “solo es posible si éstas son fruto del consenso, del acuerdo entre las diferentes visiones de un problema”.

“Estamos convencidos que entre todos y todas seremos capaces de llegar a un acuerdo que posibilite la mejora de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia”, ha asegurado.

Finalmente, la consejera ha señalado que para el Gobierno de Cantabria el desarrollo y extensión del Sistema Público de Servicios Sociales es una prioridad, y esta tarea apasionante nos obliga a analizar constantemente la realidad social y a dar respuesta a las viejas y a las nuevas situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía.

En la reunión celebrada en la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) han participado, además de la consejera, el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora; representantes de la Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD), la Federación Lares, CERMI y la Fundación Obra San Martín.

Tras el encuentro, las entidades han mostrado su satisfacción por retomar la senda del diálogo que posibilidad la elaboración de una norma de consenso. Tal y como han informado los asistentes, en la primera semana de noviembre empezarán a trabajar los grupos de trabajo para reelaborar la normativa.

Por su parte, las organizaciones FED y LARES han querido transmitir su conformidad en la decisión adoptada por el Gobierno.

Las entidades, que representan cerca del 70% del sector de la dependencia en mayores y discapacidad de Cantabria, considera positiva la propuesta de la Consejería de suspender la normativa en tanto se trabaja en un nuevo marco que pueda desarrollar la actividad en base a criterios «lealtad y transparencia».

Desde las asociaciones se entienden las asociaciones como un «paso adelante y esperan que sea el inicio de un camino hacia la estabilidad del sector», que trabajando bajo criterios técnicos, seguridad jurídica beneficiando la atención a las personas usuarias a un ritmo que que acorte los plazos para la toma de medidas y valoración de la situación de dependencia.