El Pilón, el barrio que cambió una Ley
No pasa siempre, pero sucedió una vez. Es más normal que en el Parlamento se cambien leyes a través de la ley de acompañamiento para resolver situaciones particulares de empresas en problemas (caso real con el Grupo SADISA) que para cuestiones ciudadanas.
Viñeta del Paisá
Pero pasó: un barrio se levantó porque se caía, y porque se veían venir que de entre los escombros iba a aparecer algo muy distinto. De nuevo la nada que ya se llevó otros barrios del centro. El huracán, que luego descubrimos que tenía un nombre exótico, pero no de persona, se llama gentrificación y era caprichoso: le gustaban las vistas a la Bahía de Santander. Porque al Pilón, frente a lo que esté pensando la mente calenturienta, se sube.
Arriba del todo ya se había hecho el trabajo: reformas públicas que revalorizaban pisos que sustituían a los pisos que se caían. Algunos no sabíamos nada y otros se las sabían todas. En la Junta de la Compensación el dinero de los bancos rescatados (en ese caso, Bankia), permitió reducir el peso de los vecinos en la toma de decisiones. La consulta de las alegaciones al PGOU permitió comprobar cómo a ellos se les quitaban razones y la constructora se les daba.
Es un barrio que suena a pueblo, a vecinos, y bares con solera como el Madrazo. Los mayores todavía hablan de El Alta, el nombre histórico que fue cambiado por el de uno de los generales que invadieron Santander. Había un cuartel, y hoy es un campo de fútbol que recuerda ese nombre: El Regimiento. En el Pilón siempre han tenido claro de dónde vienen, por mucho que sea El Quinto Pino.
El terreno se había preparado desde hace tiempo, con todos los recovecos que se esconden en las esquinas de los planes generales: por ejemplo, bastaba declarar la intención de construir viviendas protegidas para acelerar las expropiaciones, y los permisos para rehabilitar se perdían en los cajones.
Vecinos del Pilón y Prado San Roque en el Parlamento de Cantabria
Pasó de todo: a las empresas se les permitía que su suelo fuera urbano, es decir, para construir. Pero muchos vecinos se quedaban “no consolidados” pese a estar, es evidente, dentro de la propia ciudad. Pidieron espacios verdes que les eran rechazados: no era el momento, ya llegarían después, cuando aparecieran los otros.
Pero los vecinos tenían claras algunas cosas: que era algo que ya había pasado, que les podía pasar y que había que estar unidos. Ellos y sus vecinos: años antes de las bolsas de basura del MetroTus vimos a los vecinos de Antonio Cabezón exhibirlas para solidarse con otros vecinos afectados por el shock del ladrillo, los del Prado San Roque, y exponer así que la gentrificación va por fases, y que First We Take Pilón, pero después iban ellos.
También tenían alternativa: planes concretos que llevaron adonde fuera, desde el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo pasando por el Parlamento Europeo.
Eran vecinos combativos, que demostraron que la formación lograda por los hijos podía servir para defender a los padres. “Estoy defendiendo a los vecinos con los que me he criado de pequeña”, nos dijo Belén Madrazo, vecina del Pilón, durante la redacción de ‘Expulsados’, que tiene un capítulo específico para este barrio.
El equipo de gobierno de Santander comenzó a señalar como única opción modificar la Ley del Suelo de Cantabria (paradójicamente, porque esto sucedió, diez años antes remitía a esa ley cuando los vecinos le trasladaban el temor a expropiaciones).
Así que en 2016 llegaron hasta el Parlamento de Cantabria: la falta de mayorías absolutas supuso algún problema la legislatura pasada, como el cambio constante de alianzas o el recurso a tránsfugas para sacar adelante los presupuestos. Pero en este caso se convirtió en un punto que consiguió sacar adelante una Ley pese a los partidos de gobierno, PSOE y PRC.
Representantes de Podemos, Ciudadanos y PP anunciando su propuesta sobre la Ley del Suelo
Entonces el grupo Podemos convirtió las comparecencias para informar de una Ley, la Ley del Suelo (modificada mil veces, por ejemplo, para dar cobertura a la mina de Reocín) en un desfile de vecinos afectados por proyectos urbanísticos que contaron a los parlamentarios sus miedos y sus preocupaciones. Básicamente, peligrosos antisistema, vivir en sus barrios y mantener sus propiedades.
La alianza entre DEBA y Arca, el espíritu de Amparo, la era de la plataformitis –el luego ministro de Fomento descalificó la protesta como algo que estorba, lejos estaba aún toda la crisis del MetroTus) y la complicidad de Podemos sumó. Los votos de Podemos, PP y Ciudadanos sirvieron e incluyeron en la Ley del Suelo el derecho al realojo y el retorno. Parecía de cajón: a la hora de abordar un proyecto urbanístico integral, los costes de expropiaciones y los realojos de los vecinos lo más cerca posible debían ser considerados un gasto para quienes a la postre serían beneficiados, las empresas. Es lo que se cumple este jueves: hace tres años la Ley Pilón salió, pese a las trabas del Constitucional y al «lo habéis pensado bien» que sonó en los móviles de los diputados, y el agua siguió manando.
El seguimiento a los casos de gentrificación y expulsión de vecinos en Santander ha sido uno de los principales temas de investigación de EL FARADIO. Y fue posible gracias al apoyo de nuestros socios, por 7 euros al mes.
