El Parlamento Europeo pedirá al Gobierno de Cantabria más información sobre la mina de Reocín para comprobar si se ajusta a la normativa ambiental.

Es la conclusión a la que ha llegado la Comisión de Peticiones, un órgano del Parlamento dirigido a tramitar quejas y propuestas ciudadanos, en la que intervenía el dirigente de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, en torno a los proyectos mineros.

Ruiz Salmón ha defendido en el Parlamento su postura, en una intervención en la que ha expresado la preocupación en torno al proyecto que ya han transmitido colectivos ciudadanos o ecologistas, por el impacto que tendrían las prospecciones en referentes del patrimonio como la Cueva de Altamira, que es Patrimonio de la Humanidad, pero también en el medio ambiente e incluso en el empleo, por sus efectos sobre las actividades ganaderas, hosteleras o turísticas.

En este sentido, el miembro de la dirección de la formación de izquierdas ha recordado en su intervención que también le preocupa el impacto sobre el empleo, subrayando que él mismo ha sido uno de los miles de cántabros que tuvo que marcharse de Cantabria por la falta de oportunidades laborales (y fue precisamente a Bruselas, donde colaboró con la Marea Granate que agrupa a los expatriados).

En respuesta, un representante de la Comisión Europea ha explicado que, tras examinar la documentación del proyecto, según las normas comunitarias existe un procedimiento que obliga a examinar los efectos de los permisos mineros sobre el medio ambiente, salvo que sean para investigar la estabilidad del suelo.

El problema en este caso es que tal y como ha ido marcando el proceso el Gobierno de Cantabria, el permiso inicial, el Salia, es de momento sólo para investigación, y en base a lo que se encuentre, se darán los siguientes de pasos.

“Estamos en una fase muy previa”, ha admitido el representante de la Comisión, quien ha remarcado que serán las autoridades las que tendrán que determinar si existen o no esos impactos.

El resto de los representantes de partidos en esta Comisión –que preside la exministra de Sanidad Dolors Montserrat–, ha coincidido en la necesidad de tener más explicaciones.

Así lo han hecho tanto Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular Europeo, que ha señalado que “por tranquilidad de todos” es “conveniente aclarar este asunto” para que el proyecto combine la seguridad jurídica, la sostenibilidad ambiental y la creación de empleo.

Por su parte, la representante de Los Verdes, Tatjana Zdnaoka, vicepresidenta de la Comisión, ha abogado por pedir que no se limite el estudio al impacto directo, sino también al impacto de las actividades sobre los sitios que figuran en listas de patrimonio, citando expresamente Altamira.

Desde el Grupo Socialista Europeo han sugerido escribir una carta a las autoridades cántabras para pedirles que expliquen todas estas cuestiones que están en duda, y en base a ella revisar qué normativa concreta debe cumplirse.

Y eso es lo que finalmente ha decidido la presidenta de la Comisión: mantener abierta la petición (es decir, sigue viva, se cierran cuando no se encuentra base para seguir indagando, como sucedió en otra petición previa), para que “visto lo visto” se pueda saber “qué tipo de perforación” y “qué tipo de impacto tiene”.