El desahucio de Noemí y Andrés previsto para esta mañana en Santander se ha suspendido, al encontrarse la comitiva que iba a proceder al lanzamiento con decenas de personas frente a la vivienda, en la calle Enrique Gran, 7, en Santander. Es la zona de Entrehuertas, detrás de las Escuelas Verdes (el centro de educación de adultos).

A las 10 de la mañana, la comitiva judicial llegaba a la calle Enrique Gran para llevar a cabo el lanzamiento. Sin embargo, a los pocos minutos recibieron orden del juzgado de suspenderlo. La paralización se realizó a petición de la parte denunciante, Liberbank.

En un primer momento, el dispositivo policial se posicionó para propiciar el desalojo e incluso un cerrajero entró en un portal de la calle Enrique Gran. Pero se habían equivocado de dirección.

Mientras tanto, en el otro lado del edificio, un numeroso grupo de personas, convocadas por la plataforma Stop-Desahucios, bloqueaba los accesos a la vivienda de la Noemí y Andrés, la pareja afectada. La ubicación y disposición de la vivienda, un bajo al que se accedía por un largo pasillo y unas estrechas escaleras, propiciaba una resistencia activa al desalojo.

Un representante de la plataforma Stop-Desahucios se puso en contacto con el procurador para proponerle un acuerdo para suspender el lanzamiento. Pero no hizo falta negociación alguna porque ya se había remitido al juzgado una petición de suspensión.

Según fuentes de la plataforma, esta suspensión dará un respiro a la pareja para poder buscar una alternativa. Incluso un vecino de los afectados se ha ofrecido a mediar con Liberbank para buscar una solución, quizás en forma de alquiler social.

Sobre las 10,30 horas, las personas que acompañaban a los afectados, abandonaron el lugar al grito de “sí se puede”.

La plataforma Stop-Desahucios agradece a todos los presentes el apoyo y la presencia en el acto; en particular a la PAH y a personas de varios colectivos sociales y políticos.

El lanzamiento había sido decretado por el Juzgado de instrucción nº 5 de Santander, que además rechazó los intentos de última hora para frenarlo al remitirse a las intenciones al respecto de Liberbank, propietario del inmueble, abandonado desde hace décadas.

Los afectados son una pareja, Noemí y Andrés, de 46 y 29 años de edad. Andrés es pintor y Noemí ha trabajado en el sector de la limpieza. Actualmente, no trabajan ninguno de los dos y llevan en desempleo desde hace cinco o seis años. Sobreviven gracias a una exigua renta básica de 430 euros y a las ayudas de familiares, como la madre de Andrés, que es vecina en un piso de alquiler del mismo edificio.

La pareja entró a vivir en el piso de la calle Enrique Gran hace dos años, a finales de 2017. A raíz de sus problemas económicos y después de agotar todos sus ahorros, no les quedó otro remedio.

Según Andrés, que vivió anteriormente con su madre en el mismo bloque de viviendas, el inmueble propiedad de Liberbank llevaba vacío más de 30 años. En ese sentido, la plataforma Stop-Desahucios, que apoyan a la pareja, informan que este piso, que no ha sido habitado durante décadas, fue adquirido por CajaCantabria en 2010 después de un proceso de ejecución hipotecaria.

Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma Stop-Desahucios, señala que todos estos procedimientos deberían hacerse por la vía civil en lugar de por lo penal, y recriminaba a la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria que no esté atiendo casos de desahucios en precario o por ocupación.

CAROLINA LOGRA UNA VICTORIA

Miembros de la PAH apoyan a Carolina a las puertas del Juzgado, antes del juicio

Por otra parte, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha decidido suspender el desalojo de Carolina y su familia de su vivienda en Astillero, ahora en manos de un fondo financiero, en una medida cautelar que ordenó el pasado mes de octubre el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander.

Carolina recurrió ese auto (que el Ministerio Fiscal quiso que quedara confirmado) alegando que se trataba de una medida desproporcionada, ya que el perjudicado no era una persona física, sino un fondo financiero (Global Belice) ligado a Liberbank.

Había dos opciones a la hora de tramitar este caso, según explica el auto al que ha tenido acceso EL FARADIO: un juicio a cuyo término la sentencia estableciera las medidas que se adoptaran, entre ellas el desalojo, o la opción por la que se optó en este caso, la petición de medidas cautelares previas al juicio.

Para que la medida cautelar tuviera sentido, razona la Audiencia Provincial, era necesario que el daño fuera irreparable y que el retraso en la celebración del juicio impidiera que se arreglara (como sucedería, por ejemplo, con el inicio de unas obras que se considerara ilegales: si el juicio tardara meses, las obras que se pretendía declarar ilegales habrían quedado ejecutadas). Pero en este caso se opta por esperar al juicio, por la vía penal, que es lo que se celebró ayer. La novedad es que el desalojo no será inmediato, sino en función de lo que diga la sentencia.