La empresa BNK ha asumido su derrota en la batalla por poner en marcha el permiso ‘Arquetu’ para buscar gas mediante la técnica del fracking en la zona cántabra.

Es una renuncia que se ha comunicado por escrito al Ejecutivo cántabro en un documento que deja traslucir el malestar de la empresa con todo el desarrollo administrativo relacionado con la fractura hidráulica

Porque BNK desiste, pero no de forma, digamos, civilizada, sino con una andananda en toda regla contra la falta de seguridad jurídica que ofrece Cantabria a las inversiones empresariales. Vamos, con lo peor que se le puede decir a un Ejecutivo regional (y a un partido que se presenta a unas elecciones).

Pero es que el portazo con que se marcha BNK es mucho más que el fin de la relación de un proyecto concreto con una empresa específica.

El mensaje del Gobierno y la respuesta de BNK revelan también la forma en que va a evolucionar la relación del Ejecutivo con el conjunto de la industria.

Resulta que BNK es una de las empresas fundadoras y más activas de Shale Gas España, el lobby del fracking en nuestro país, la asociación que agrupa a empresas con intereses en esta técnica de extracción de gas natural.

Juan Carlos Muñoz Conde, vinculado a BNK, Shale Gas España y la asociación de empresas del sector

No sólo eso: es que el director corporativo de BNK España, Juan Carlos Muñoz Conde, es, directamente, el portavoz de Shale Gas España, y también el vicepresidente de ACIEP, la Asociación de Compañías de Investigación y Exploración de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo.

En representación de estos intereses, Muñoz Conde participó el pasado mes de octubre en el Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales, celebrado en el Palacio de La Magdalena de Santander con el fin de difundir una visión más amable de una técnica de extracción de gas natural que ha logrado sacar a la calle a muchos ciudadanos y poner en contra a bastante instituciones públicas.

De hecho, el citado congreso fue escenario de un llamativo encontronazo dialéctico, en días alternativos, entre el presidente Ignacio Diego (que criticó que se quisiera experimentar con una técnica no consolidada) y el propio Muñoz Conde, que criticó en declaraciones a Buenos Días Cantabria la falta de rigor y la ausencia de participación de la industria en la ley cántabra contra el fracking.

BNK es también la empresa que en otras zonas, como Burgos, realizó una intensa labor de difusión, que incluyó la organización de viajes de líderes de opinión sociales de allí a Polonia para mostrarles in situ instalaciones de fractura hidráulica.

EL PORTAZO

Territorio afectado por el permiso ‘Arquetu’

Lo que ha trascendido este jueves es que BNK ha trasladado al Gobierno regional que renuncia a insistir en buscar una mínima posibilidad de retomarlo, algo que además ha hecho hace lanzando un envenenado (y dañino) mensaje sobre la seguridad jurídica que tienen las inversiones empresariales en la comunidad autónoma.

El ‘arquetu’ era el único permiso de fracking, la cuestionada técnica de extracción de gas natural a base de perforaciones en el subsuelo, sobre el que tenía margen de maniobra la comunidad autónoma.

El resto de ellos son competencia directa del Estado. Con todo, ni siquiera pudo aplicar en este ámbito una ley antifracking cántabra que el Gobierno central ha llevado ante el Tribunal Constitucional.

Así que desde el Ejecutivo, dentro del plan trazado desde la Consejería de Medio Ambiente que dirige Javier Fernández, se recurrió para anular ese permiso a la legislación urbanística de Cantabria, que además se ha apoyado en este proceso en varios recursos administrativos presentados hace tres años por distintos colectivos ecologistas y ciudadanos, recuperados ahora.

Quedaba por ver la reacción de la empresa, que le ha transmitido por escrito al Ejecutivo que pudiendo recurrir a los tribunales para defender sus intereses, no lo hará.

Es decir, desde BNK dicen que renuncian a seguir adelante “sin que ello suponga asumir la legalidad de las decisiones”

Porque lo cierto es que entienden que tienen “sobrados motivos jurídicos” para hacerlo, como el “sorprendente” rescate de los recursos presentados y desestimados hace tres años.

Sin embargo, BNK no acudirá a los tribunales porque, argumentan, no es ese el tipo de relación que quiere mantener con las administraciones.

En su lugar, el tipo de relación por el que se inclina la empresa es por cuestionar la seguridad jurídica de la comunidad autónoma para realizar inversiones como la suya, que cifran en 20 millones de euros.

En respuesta, el consejero de Medio Ambiente mostraba su respeto a esta postura de BNK, que aprovechaba para lanzar el mensaje de que las empresas que se dedican al fracking ya tienen la “absoluta seguridad” de que esta técnica no se puede utilizar en Cantabria.

No obstante, ante el peligroso mensaje sobre la falta de seguridad jurídica, Fernández se esforzaba en defender que todas las decisiones del Gobierno tratan de reforzar precisamente ese flanco.

LOS TIEMPOS

Nunca sabremos si BNK esperaba que el contenido, y sobre todo, el tono, de este escrito, trascendiese públicamente, porque se trata de un documento interno remitido al Ejecutivo cántabro.

Tampoco sabremos si el Ejecutivo tenía previsto aprovechar ese documento para lanzar públicamente en un momento oportuno el mensaje contra el fracking que trata de trasladar, teniendo en cuenta que hasta la fecha sus anuncios al respecto se han situado en momentos muy oportunos: por ejemplo, cuando se planteó que se haría una ley cántabra contra el fracking, se dijo públicamente el día antes de la convocatoria de una gran manifestación por las calles de Santander.

El caso es que a unos y a otros les ha alterado el calendario y las previsiones el partido de corte ecologista Equo, que consiguió esa documentación y que es quien la ha hecho pública a través de los medios.

Para el portavoz de Equo, Raúl Reyes, este nuevo paso supone un “éxito” de la lucha ciudadana y social contra una técnica criticada por sus efectos en el medio ambiente, en la sismicidad de los terrenos o en la contaminación de los acuíferos subterráneos.

Desde Equo, su portavoz Raúl Reyes trataba de rebajar la postura del PP, recordándole que sigue sin prohibir la técnica en general, como se manifestaba esta semana con una votación en el Senado, en la que los senadores cántabros del PP votaban en contra de una prohibición genérica a la fractura hidráulica.

Está por ver, además, la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso presentado por el Gobierno central que, en todo caso, con su recurso ya manifestó su voluntad contraria a la prohibición del fracking por parte de la comunidad autónoma.