Este lunes, 23 de marzo,  comienza un juicio de cuatro días a ocho acusados de formar una red dedicada a proporcionar medios a migrantes albaneses para viajar al Reino Unido. Como ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el juicio está considerado servicio esencial, pues tres de los acusados se encuentran privados de su libertad de manera provisional.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, que pide más de 46 años en suma para los acusados de un delito de ayuda a la inmigración ilegal, agravado para algunos de ellos por otro delito de tráfico de drogas.

Fiscalía considera que formaban parte de un «grupo organizado» que «contactaba con ciudadanos albaneses que habían llegado a España desde su país de origen con intención de viajar al Reino Unido”.

“Una vez en nuestro país, les organizaban el transporte al país de destino, eludiendo los controles fronterizos, todo ello a cambio de cantidades que podrían alcanzar los 5.000 euros por persona”, explica el escrito de acusación.Ese dinero, lo recibían en muchas ocasiones de manera fraccionada mediante giros postales. Luego, lo repartían entre los miembros del grupo.

Bajo la dirección de uno de ellos, “organizaban su actividad desde Cantabria, proporcionando alojamiento a los ciudadanos albaneses en tránsito”, bien acogiéndolos en el domicilio del cabecilla o bien en habitaciones alquiladas. Posteriormente, “utilizaban dos métodos para burlar los controles” fronterizos.

En unas ocasiones, “realizaban vigilancias de los camiones que embarcaban en el ferry, con destino a Reino Unido, seleccionando los más adecuados, y en momentos de descuido de sus responsables y de los funcionarios de fronteras, ayudaban a los inmigrantes a entrar en los vehículos y esconderse para viajar como polizones”.

La segunda forma empleada consistía en buscar personas “que, a cambio de cierta cantidad de dinero, se encargaban de transportar a los migrantes ocultos en habitáculos de camiones o caravanas” que viajaban a Reino Unido en ferry desde Santander o Santurce (Vizcaya) o bien por carretera.

Además de estas actividades, tres de los acusados –el cabecilla y dos colaboradores- se dedicaban, según la Fiscalía, al tráfico de cocaína, hachís y MDMA. Estos hechos constituyen, según el Ministerio Público, delito de ayuda a la inmigración ilegal y delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.

Las penas solicitadas ascienden a once años y 35.000 euros de multa para el jefe de la organización por un delito continuado de ayuda a la inmigración ilegal y otro de tráfico de drogas. Para sus dos colaboradores, a los que también se imputa el delito de inmigración ilegal con continuidad delictiva y el de tráfico de drogas, se piden nueve años y seis meses así como multa de 35.000 euros de multa para uno, y siete años y nueve meses y multa de 1.000 euros para el otro.

Asimismo, a un hermano del cabecilla se le imputa el delito continuado de inmigración ilegal, y el ministerio fiscal solicita una condena de seis años de prisión; mientras que al resto de los acusados –dos hombres y dos mujeres que llevaron en dos caravanas a personas que se dirigían ilegalmente al Reino Unido- se les imputa el delito de ayuda a la inmigración ilegal pero sin continuidad delictiva, por lo que la pena pedida es de cuatro años de cárcel.