Las distintas asociaciones de comerciantes, empresarios y profesionales asociadas a la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI), han trasladado cartas los distintos Delegados del Gobierno y Delegados Especiales de la Agencia Tributaria de sus respectivas comunidades autónomas, en las que solicitan el aplazamiento de la presentación y exención de impuestos para empresas y autónomos de los cascos históricos de España, siguiendo las medidas similares que ya se han tomado en Aragón, Andalucía y las distintas Haciendas Forales.

En el escrito, trasladan «la urgente necesidad de aplicar una moratoria fiscal de ámbito estatal, como fórmula para garantizar liquidez y evitar el impago de las empresas y autónomos de los cascos históricos de España».

«Al igual que el resto de la sociedad, los empresarios estamos viviendo una situación dramática, producimos sin poder dar salida a nuestros productos, no ingresamos, estamos sufriendo la ruptura de la cadena de pago y tenemos grandes dificultades para mantener el empleo y hacer frente a nuestras obligaciones tributarias», advierten.

Además, en unas circunstancias como las actuales, subrayan que para las empresas y autónomos «entraña una enorme dificultad el cumplimiento de obligaciones tributarias formales tales como la llevanza puntual de la contabilidad, el suministro inmediato de información al que están obligadas o la confección de autoliquidaciones o su presentación».

En su opinión, tampoco tiene mucho sentido tener que pagar el IRPF e impuesto de Sociedades del ejercicio de 2019, cuando en el ejercicio de 2020 habrá «en la mayor parte de los casos» bases imponibles negativas a compensar en el ejercicio 2021 y siguientes, por lo que «en una situación excepcional como la actual consideramos que se debería actuar a la inversa».

Por este motivo, y siguiendo el ejemplo que están desarrollando otras administraciones públicas como las Haciendas Forales, Andalucía o Aragón, desde COCAHI solicitan un aplazamiento de tres meses para todas la empresas y autónomos, para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, así como poner en funcionamiento algún mecanismo para que el pago de estas cantidades aplazadas pueda realizarse de forma fraccionada durante los seis meses siguientes al aplazamiento.