La Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social – EAPN Cantabria- ha solicitado medidas urgentes para las más de 118.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la Comunidad Autónoma.

En un informe enviado a las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, hace llegar las conclusiones de las entidades miembros de la Red en relación al grado de afectación de diferentes grupos sociales y de los principales problemas que tienen que enfrentar a causa de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En el documento, se recogen todas aquellas necesidades detectadas y las propuestas de actuación más adecuadas para minimizar el efecto negativo de la actual situación en aquellos colectivos más vulnerables de Cantabria.

Según el último informe AROPE, en Cantabria, existen más de 118.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone un 20,5% de la población total de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

EAPN Cantabria está integrada por doce entidades: Asociación Cántabra de Lucha Contra el Paro, Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS), Asociación La Columbeta, Asociación Nueva Vida, Asociación Pasiega de Desarrollo Social y Cultural, Cáritas, Cruz Roja, Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE, Fundación Secretariado Gitano, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo DOCUMENTA, Movimiento por la Paz y Proyecto Hombre.

MEDIDAS URGENTES PARA LOS MÁS VULNERABLES

Desde EAPN Cantabria instan a la adopción de medidas urgentes para estos colectivos, como disposición de materiales de protección adecuados para poder seguir atendiendo las necesidades de las personas con las adecuadas medidas de seguridad (EPI y otro material sanitario, guantes, mascarillas FPP2, gel de alcohol, gafas anti-salpicaduras, etc.), atención, acompañamiento y acceso a recursos para personas mayores en situación de vulnerabilidad y seguimiento y continuación de tratamientos en casos de personas en tratamientos médicos crónicos graves previos. También en tratamientos psiquiátricos, adicciones, etc. para evitar recaídas a largo plazo.

Además, consideran necesario disponer de canales de comunicación “accesibles y adecuados” para que las entidades sociales puedan comunicarse con la Administración Pública, así como para agilizar las gestiones administrativas y tener información precisa sobre cómo afectan las demoras en los plazos administrativos a los programas que las entidades desarrollan.

Dentro de las demandas socioeconómicas, subrayan la necesidad de que existan alojamientos adecuados para personas sin hogar en situación de pobreza extrema, como entornos segregados y de alta exclusión social, y que se continúe con la atención primaria de servicios sociales.

Todo ello sin olvidar la protección de personas migrantes, solicitantes de asilo, vendedores ambulantes, autónomos y trabajadores del servicio doméstico.