La Junta de Personal Docente No Universitario de Cantabria, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CC.OO., UGT Y CSIF, ha denunciado este lunes el «parón» que ha sufrido la cobertura semanal de las sustituciones de profesorado en situación de baja por enfermedad o ausencia por cualquier tipo de licencia o permiso, y ha exigido a la Consejería de Educación revertir «inmediatamente» esta situación.

En un comunicado de prensa, los docentes aseguran que hasta el momento de implantarse el Estado de Alarma como consecuencia de la crisis sanitaria, todas las bajas del profesorado eran cubiertas desde las listas de interinidad, en aplicación de la Orden ECD/84/2017 que regula la provisión de empleo docente interino, y mediante un sistema de petición telemática que funcionaba semanalmente.

Así, aunque «con variaciones importantes según diferentes momentos del curso», subrayan que «por término medio el número de sustituciones que se efectuaban por este sistema superaba las doscientas al mes».

Por contra, durante las primeras semanas de confinamiento dicho sistema «dejó de funcionar» y, en poco tiempo, los sindicatos de la Junta empezaron a recibir quejas de equipos directivos y de docentes, que trasladaron a la Administración, tal y como aseguran.

Según añaden, hace quince días se restableció el procedimiento telemático de cobertura de sustituciones, pero «solamente se han ofertado dos sustituciones del Cuerpo de Maestros y nueve de los cuerpos de Secundaria», por lo que «de seguir con este ritmo no se cubrirá ni la cuarta parte de las necesidades de los centros».

En una reunión con la Dirección General de Personal, la Junta de Personal Docente ha pedido restablecer la normalidad que había hasta la declaración del estado de alarma, es decir, cubrir semanalmente todas las bajas del profesorado con la consiguiente sustitución por parte de personal interino.

En el encuentro, el pasado viernes, no hubo acuerdo «de ningún tipo» por «la postura inflexible de la Administración, que no modificó en nada su planteamiento inicial», critican.

De esta manera, la Junta de Personal subraya que «no comparte para nada el planteamiento de la Administración que, muy equivocadamente, considera que en el estado actual de teletrabajo educativo no es necesario sustituir a ningún docente de baja, salvo situaciones excepcionales como se viene haciendo en estas últimas semanas».

La Junta considera que esto no solamente supone un «desprecio» a este tipo de trabajo y una «desconsideración al esfuerzo inmenso que durante esta crisis está realizando el profesorado», sino que «va a repercutir en el servicio educativo que recibe nuestro alumnado en un momento tan difícil como el que está viviendo».

A su juicio, la Consejería de Educación debería explicar a la opinión pública «cómo es posible que un profesorado que está trabajando desde la mañana hasta la noche, sin horarios, adaptándose a todo tipo de plataformas digitales, aportando en la mayor parte de los casos sus medios informáticos y telefónicos, tratando de mantener la normalidad académica en un contexto completamente nuevo para él, y, lo más importante, intentando sostener emocionalmente a sus alumnos y alumnas, tenga que hacerse cargo además del alumnado de otro docente cuando este cae de baja, con la sobrecarga psicológica de trabajo que ello supone en un momento como el actual».

En este sentido, subrayan que «en cualquier caso la actividad lectiva continúa y, por lo tanto, se deben cubrir el 100% de las sustituciones para que el 100% del alumnado pueda ser atendido en las mismas condiciones que antes de la crisis sanitaria».

Así, ante la «rigidez» que está mostrando, en su opinión, la Consejería de Educación F.P. y Turismo, hacen un «llamamiento público» a la consejera Lombó para que intervenga en este asunto.

Por último, la Junta de Personal agradece las «reiteradas declaraciones públicas de la Consejería loando el trabajo y el esfuerzo del profesorado de Cantabria durante el confinamiento», pero recalca que «agradecería mucho más que dichas declaraciones se tradujesen en hechos concretos, cubriendo todas las bajas que se producen entre los docentes con la correspondiente sustitución».

LAS EMPRESAS DE FORMACIÓN PIDEN AL GOBIERNO QUE REGULE LA FORMACIÓN ON LINE

Más de 600 empleos en 70 centros de formación dependen de que el Gobierno de Cantabria regule la homologación de la formación online tal y como han hecho ya otras Comunidades, de que clarifique las medidas de seguridad en las que las empresas van a tener que invertir para retomar la formación presencial y de que se abonen los más de seis millones de euros pendientes de pago por formaciones impartidas entre 2017 y 2019.

Así lo ha explicado la Presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-CEPYME, Montserrat Peña quien ha reclamado que el Gobierno adapte el Decreto nacional que regula la formación no presencial a personas en situación de desempleo “para que las empresas puedan continuar su actividad de forma no presencial y quienes a causa de esta crisis del COVID-19 se han quedado en paro puedan acceder a una formación gratuita y más necesaria que nunca”.

La formación para desempleados de Cantabria continúa parada pese a que el Servicio Público de Empleo ha emitido una resolución en la que recoge distintas opciones para continuar la impartición en formato no presencial manteniendo los reconocimientos oficiales. Esta resolución no se puede aplicar en Cantabria hasta que el Gobierno regional que tiene las competencias no adapte la norma como ya han hecho otras Comunidades.

Peña ha recordado que “el Gobierno de Cantabria permite a Educación seguir con la formación y finalizar el curso mientras mantiene parada toda la formación de miles de desempleados y a las empresas que la imparten”

El Gobierno de Cantabria concede a las empresas la impartición de la formación a personas desempleadas y abona el 25% del importe del cada curso al inicio de esta formación. Montserrat Peña ha reclamado que el Gobierno regional adelante el abono del 100% del importe de cursos para inyectar a las empresas la liquidez que precisan “en un momento en el que la supervivencia de 600 empleos está en juego”. Esta medida que ya han adoptado otras Comunidades como Canarias supone que las empresas que no ejecuten o justifiquen la impartición de la formación deberían devolver su importe.

Además, las empresas de formación reclaman claridad sobre qué medidas deben instalar para garantizar la seguridad de profesionales y alumnos.