Revilla pide que se suprima el IVA de las mascarillas y que se permitan prereservas en el Puerto de Santander

Cantabria solicitará adelantar a la semana próxima la fase 3 || El Gobierno regional publicará una orden este lunes para permitir una ocupación del 50% en hostelería || Se permite el deporte fuera del municipio y se eliminan las franjas horarias, salvo para mayores de 70 años (10-12 y 19-20h, en las que el resto no puede hacer deporte)
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Cantabria planteará la próxima semana al Ministerio de Sanidad adelantar su pase a la fase 3, previsto inicialmente para el 8 de junio, si se mantiene la evolución favorable del coronavirus. El anuncio lo ha hecho el jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, tras la última reunión de la Conferencia de Presidentes y en vísperas de que la Comunidad Autónoma entre mañana en la fase 2 del proceso de desescalada, lo que, según ha dicho, significará un «cambio sustancial».

El Gobierno de Cantabria ha publicado una guía para informar sobre las actividades permitidas. Además de las ya conocidas, como la supresión de las franjas horarias (excepto para los mayores de 70 años), la reapertura de playas o de espacios naturales como Cabárceno o Fuente Dé, Revilla ha preguntado y conseguido la autorización expresa de Pedro Sánchez para poder practicar deporte por todo el territorio regional (ciclismo, senderismo o suf, ha puesto como ejemplo) sin necesidad de estar federado, otra reivindicación cántabra que llega a buen término al igual que otras planteadas con anterioridad, como anticipar la pesca a la fase 1 o que la unidad familiar pueda salir a pasear junta, lo que ya será posible hacer a partir de mañana.

El presidente autonómico ha insistido el presidente regional en la necesidad de incrementar la franja horaria para practicar deporte y pasear de los mayores de 70 años.

Por otro lado, y haciendo uso del margen de flexibilidad que deja el Gobierno de España a las comunidades autónomas para decidir el aforo máximo en el interior de los establecimientos hosteleros, el presidente cántabro ha confirmado que mañana firmará una resolución para permitir una ocupación del 50%, porque, en su opinión, con una limitación del 30% es muy difícil que los empresarios cubran gastos.

«En general se van atendiendo las reivindicaciones de Cantabria y ya mañana el cambio va a ser muy sustancial. Vamos avanzando», ha enfatizado Revilla, que hoy ha introducido dos temas nuevos en su lista de peticiones a Pedro Sánchez. La primera, y dada la obligatoriedad de su uso, que se suprima el IVA de las mascarillas, porque genera un gasto «insoportable» en muchas familias, y, la segunda, que el de Santander sea incluido entre los puertos habilitados por el Estado para cuando se reanude el tráfico marítimo de pasajeros.

Para el jefe del Ejecutivo cántabro, se trata de una «noticia impresentable» que solo alcanza a interpretar como un «error raro» por parte del Ministerio de Fomento, más aún cuando existe un «informe de 10» de Puertos del Estado, que sitúa a la instalación cántabra como la mejor colocada con respecto a sus principales competidores de la fachada norte en cuanto a la situación sanitaria se refiere.

El presidente regional ha pedido una «rectificación urgente en 24 horas», porque, de lo contrario, esta decisión acarrearía «consecuencias gravísimas» para Cantabria y beneficiaría a los puertos de Bilbao y Vigo. Interpelado por Revilla, Pedro Sánchez se ha mostrado sorprendido por este asunto y se ha comprometido a revisarlo.

ELEVA A 497 MILLONES EL COSTE DE LA PANDEMIA EN CANTABRIA

Revilla ha elevado el coste de la pandemia en Cantabria a 497 millones de euros, según cálculos de la Consejería de Economía.

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, ha asegurado que no hay noticias sobre la llegada de recursos europeos para paliar los efectos de la pandemia en la región ni del reparto de los 16.000 millones del Fondo No Reembolsable anunciado para las comunidades autónomas.

En este sentido, Cantabria sigue defendiendo que ese reparto se haga en función del coste efectivo de los servicios y no atendiendo a otros criterios como el poblacional o el número de pacientes ingresados en hospitales y UCIs.

Cantabria ‘se juega’ el equivalente al 11% de su presupuesto de Sanidad en el reparto del Fondo No Reembolsable

Revilla ha explicado que, en virtud del informe elaborado por la Universidad y que ya está en manos del Gobierno de España, el coste sanitario del COVID-19 en Cantabria asciende a 235 millones de euros, en el cálculo intermedio, y eso es lo que espera recibir, aunque «las noticias no son alentadoras». «Esperamos cambios, porque, si no, la cosa pinta muy mal», ha añadido.

PETICIONES SIN RESPUESTA

Al margen de estos temas nuevos, Revilla ha vuelto a recordar a Sánchez las peticiones ya «históricas» de Cantabria en las sucesivas reuniones dominicales de la Conferencia de Presidentes desde la activación del estado de alarma por el coronavirus y que hasta la fecha siguen sin respuesta. «No dice ni sí, ni no, no mueve ni un músculo», ha señalado Revilla.

Se trata de la liberación de los 450 millones de euros de superávit que tienen los ayuntamientos cántabros para poder destinarlos a dinamizar la economía, el pago de los 45 millones de euros que el Estado adeuda a la Comunidad Autónoma por la recaudación del IVA no transferida del ejercicio 2017 o los 22 millones correspondientes a la anualidad de las obras de Valdecilla de 2016, reclamación esta última sobre la que existe ya una sentencia de la Audiencia Nacional favorable a los intereses del Gobierno regional y que Revilla espera que no sea recurrida por el Gobierno. «Sería una decisión impresentable y tendríamos que esperar 1 o 2 años para cobrar ese dinero», ha apuntado.

Otra de las reivindicaciones permanentes de Cantabria es que se autorice un mayor margen de endeudamiento a los territorios. En relación a esta cuestión, ha lamentado el acuerdo «infumable» alcanzado en el Congreso de los Diputados con la formación EH Bildu para conseguir la prórroga del estado de alarma, primero porque considera «improcedente» alterar en estos momentos la normativa laboral, pero, sobre todo, porque «consagra una desigualdad manifiesta entre españoles» al permitir endeudarse a los municipios y los gobiernos del País Vasco y de Navarra.

Finalmente, ha apelado nuevamente a la responsabilidad ciudadana para no desandar el camino andado hasta ahora. Revilla ha insistido en que en estos momentos la situación sanitaria está controlada y ha destacado que el 90% de los casos detectados ya se ha curado, lo que permite a la Comunidad Autónoma seguir avanzado con paso firme en el proceso de desescalada y empezar a abrir la actividad económica.

Este domingo no se han sumado nuevos fallecidos y sólo hay dos nuevos casos confirmados por PCR. Quedan 11 hospitalizados y sólo uno en la UCI.

BURUAGA APUESTA POR UN PLAN DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido este domingo la necesidad de impulsar ya un plan para la recuperación económica de Cantabria desde el máximo consenso político, social e institucional, ante la magnitud de una recesión que obliga a reaccionar con urgencia.

«Es el momento de activar Cantabria y no hay tiempo que perder», ha dicho la dirigente popular, reiterando así el ofrecimiento que en numerosas ocasiones ha hecho al presidente, Miguel Ángel Revilla, para empezar a trabajar ya en la reconstrucción de la comunidad autónoma.

La propuesta de un plan para la reconstrucción de Cantabria figura entre las 50 propuestas de resolución que el Partido Popular ha planteado a la Comisión Especial de Seguimiento sobre el Covid-19 constituida en el Parlamento regional.

Las medidas articuladas por el Partido Popular parten de la necesidad de establecer un protocolo de actuación en cada uno de los sectores económicos, asegurando el acceso a sistemas de protección, diseñando líneas de ayudas para su adquisición y la formación necesaria. Según Buruaga, desescalar con seguridad es una exigencia obligada, porque la inevitable convivencia con el virus no puede atenazar ni mucho menos volver a parar la economía.

El PP apuesta en sus propuestas por priorizar el gasto productivo en inversión manteniendo la agenda de inversiones regionales y nacionales en la Comunidad y reactivando de inmediato la contratación pública. Además, insta al Gobierno de Cantabria a elaborar una agenda ambiciosa de reformas y modificaciones normativas para ofrecer seguridad jurídica, reducir burocracia y acelerar plazos.

«La mejor receta es la política del estímulo fiscal: descartar subidas masivas de impuestos y acotar el gasto superfluo de la estructura burocrática del Ejecutivo regional y del sector público institucional que en este sentido ha de ser ejemplar», ha dicho Buruaga.

El PP reclama adaptar la economía a los nuevos tiempos potenciando la digitalización, el teletrabajo, la flexibilización horaria que también es un instrumento de conciliación y la extensión de las bajas laborales a los colectivos en riesgo.

Para contribuir al mantenimiento de la actividad empresarial y el tejido productivo, el PP insiste en la necesidad de aplazar impuestos a autónomos y empresas sin ingresos por la pandemia; de ampliar y agilizar al máximo los mecanismos de liquidez para evitar cierres; de recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos; y de garantizar el estricto cumplimiento de la ley de morosidad que en estas circunstancias es el mejor salvavidas.

Además, aboga por extender hasta el 31 de diciembre el pago de los ERTE, con especial atención a los sectores más afectados por la pandemia para los que también plantean medidas específicas (turismo, hostelería, industria y comercio), exonerar del pago de impuestos para la apertura de nuevas empresas y contratos bonificados para incorporar al mercado laboral a trabajadores procedentes de despidos como consecuencia del Covid-19.

«Sabemos cuál es el camino. Ponemos nuestra capacidad y experiencia de gestión al servicio de Cantabria. Siempre a favor. Hemos estado aquí, primero para ayudar a salvar vidas y ahora, para recuperar la economía, pero no para arruinar Cantabria por tercera vez», ha dicho Buruaga, quien ha asegurado que hay alternativa y soluciones y el PP «va a seguir arrimando el hombro» con todos los empresarios, profesionales y trabajadores «que con tanto esfuerzo sacan Cantabria adelante».

CS: CONTRATAR CUIDADORES PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) Cantabria ha pedido al Gobierno autonómico que establezca un programa de ayudas a la contratación de cuidadores infantiles en los hogares, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Además, y de manera complementaria, la formación naranja ha solicitado que se aprueben ayudas para que las guarderías y escuelas infantiles puedan compensar las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

El diputado Diego Marañón ha manifestado que el cierre de las escuelas y guarderías por la crisis sanitaria del COVID-19 «plantea nuevos retos para las familias» que, ante la imposibilidad de dejar a los niños con los abuelos al ser grupos de riesgo, y sin alternativas ante la falta de ludotecas, «se ven abocadas a tomar decisiones drásticas, sobre todo en el caso de las mujeres, lo que puede suponer un retroceso en los derechos conseguidos», ha subrayado.

La medida planteada por Cs, que se enmarca dentro de las 50 propuestas de resolución para ser debatidas en la comisión de seguimiento de la situación derivada de la crisis del COVID-19, incluye la puesta en marcha de un plan de contingencia que permita la reapertura de los centros escolares y ludotecas «con todas las garantías», tanto para niños como para los profesionales, de manera que la reincorporación a los centros de trabajo pueda llevarse a cabo «con la tranquilidad de que los niños no van a correr riesgos».

En este sentido, ha reclamado al Gobierno que establezca «a la mayor brevedad posible» una fecha de vuelta a la actividad de guarderías y escuelas infantiles «para facilitar la organización familiar», así como que se compense, a través de ayudas económicas, los gastos derivados de la normativa en materia de seguridad por la reducción de ratios en estos centros.

 

 

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