El Hospital de San Rafael que en su día atendió otras enfermedades virulentas vivía este lunes una nueva sesión inédita, con un pleno semipresencial y, por lo tanto, semitelemático: con parte de los diputados desde el hemiciclo, y el resto a distancia, pero intramuros del Parlamento, desde sus despachos.

Pleno extraordinario 25 mayo parlamento

De momento sus señorías logran abstraerse del clima crispado del debate político nacional y en la sesión de este lunes acordaban varias cosas por unanimidad, más o menos en línea con cómo se han venido desarrollando los trabajos de la comisión parlamentaria creada específicamente para el COVID-19.

Así, todos aprobaron dos proposiciones de ley para agilizar la tramitación tanto de las ayudas autonómicas complementarias a los ERTES, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, como de las ayudas que se vayan concediendo desde las empresas públicas (como, por ejemplo, el cheque resistencia de la Consejería de Industria).

De este modo habrá una paga de 200 euros para los afectados por los ERTEs (los expedientes son estatales, esto es un complemento autonómico), que además se tramitará de oficio por la Administración, es decir, sin que lo tenga que pedir el afectado, que tramitará la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.

La segunda propuesta iba inicialmente para todas las empresas públicas, pero finalmente se ha ceñido a Industria y su empresa pública SODERCAN ante el “atasco” tramitativo sufrido estos meses.

Los partidos han logrado sacar adelante la unanimidad, si bien las alusiones a la política nacional han enturbiado el debate: desde Ciudadanos, su portavoz parlamentario Félix Álvarez ha recordado el pacto en el Congreso para la abstención de Bildu mientras Ciudadanos apoyaba la ampliación del Estado de Alarma, mientras que su homólogo ‘popular’, Íñigo Fernández, distinguía el ambiente en Cantabria respecto a la “soberbia” de Sánchez e Iglesias, aunque apuntando que esperaba que ese clima no se rompiera aquí.

UNANIMIDAD TAMBIÉN EN EL URBANISMO

Más allá de estas medidas centradas en las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del coronavirus, el Parlamento también ha registrado otra unanimidad de todos los grupos a la hora de aprobar la reforma de dos artículos de la Ley del Suelo para agilizar la adaptación de los PGOUs al Plan de Ordenación del Litoral (un proceso que va para más de una década ya).

Los partidos han justificado esta medida (a la que seguirá una reforma de la Ley del Suelo de la que ya se tiene un borrador) en la necesidad de agilizar las tramitaciones administrativas en materia de urbanismo.

El PSOE, aunque ha votado a favor, ha mostrado sus recelos, por boca del diputado socialista Javier García-Oliva, que fue director general de Medio Ambiente y que no es la primera vez que marca distancias con políticas regionalistas relacionadas con el suelo o el medio ambiente (fue muy crítico con la gestión del Puerto de los rellenos en la marisma de Raos, por ejemplo).

En su intervención, García-Oliva ha apuntado su temor a que los discursos de agilización de trámites escondan una rebaja de las garantías y la protección medioambiental, trámite que ha negado el portavoz regionalista Pedro Hernando.

Las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo estaban la legislatura pasada en manos de consejerías socialistas, y en esta volvieron al PRC, integradas ademá en la Consejería de Obras Públicas.

EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL COVID, EL JUEVES Y VIERNES

Por otra parte, la mesa de la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del COVID-19 ha acordado admitir a trámite las 183 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios y ha convocado las sesiones de debate de las mismas, que se celebrarán el jueves 28 y el viernes 29.

La Mesa, reunida después del Pleno extraordinario celebrado esta tarde, ha acordado también prorrogar el periodo para negociar enmiendas de transacción, cuyo plazo se cerrará el próximo miércoles a las 14:00 horas.

Las sesiones de debate y votación -que culminarán con la aprobación de las conclusiones- se han distribuido en cuatro bloques con dos sesiones diarias a las 10:00 horas y a las 12:15 horas.

Habrá dos turnos de diez minutos para cada uno de los grupos, en una primera intervención de exposición y una segunda de réplica.

Los grupos parlamentarios de la Cámara han registrado 183 propuestas de resolución de la comisión COVID-19. De ellas 122 son iniciativas de los grupos de la oposición, mientras que 61 han sido planteadas de forma conjunta por los regionalistas y los socialistas. Los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos han presentado 50 propuestas cada uno, agotando así el límite máximo permitido que se había establecido. El grupo parlamentario Mixto ha registrado 22.

La comisión está formada por diez miembros: cuatro del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), dos del Partido Popular (PP), dos del Partido Socialista de Cantabria (PSOE), uno de Ciudadanos y uno del Grupo Mixto.