La patata caliente con sus implicaciones presupuestarias que son las sentencias de derribo de urbanizaciones en municipios de la costa cántabra sigue dilatándose a un ritmo lento hasta para las propias previsiones de los sucesivos Gobiernos de Cantabria, que calculó el coste de las indemnizaciones por los daños a los propietarios en 54 millones de euros.

En un muy lejano septiembre de 2011, el Ejecutivo preparó un Plan de Derribos que buscaba soluciones individualizadas municipio a municipio: derribo, sustitución por otras viviendas, regularización al encajarlas en nuevos planes generales…, así hasta ir resolviendo la situación de 621 viviendas, ubicadas fundamentalmente en la costa oriental (aunque también están los de San Vicente de la Baquera o Miengo).

Ese plan consideraba que, pese a todo, habría que derribar sí o sí 150 viviendas, dentro de un proceso que se remonta a los años 90 y la proliferación de viviendas que acabaron teniendo sentencia firme de derribo, incluso por el Supremo, a instancias de denuncias interpuestas en la mayoría de los casos por la asociación ecologista ARCA.

El Ejecutivo ha hecho balance de ese plan y ha presentado en su reunión semanal del Consejo de Gobierno el próximo, que afecta a 511 (respecto a las 621 del primer plan, lo que supone que de las contempladas en aquel plan, más del 80% siguen en pie) y con el que sigue librando de la piqueta a más de la mitad, 307, derribando 204, con un presupuesto de 23 millones de euros para los próximos cuatro años.

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa González, se reúne con el presidente de AMA, Antonio Vilela y otros representantes de la Asociación.
28 MAYO 2020 © Miguel De la Parra

La nueva propuesta del Gobierno y los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y San Vicente de la Barquera mantiene la filosofía de la anterior y pretende impulsar la aprobación de los planes generales que puede contribuir a evitar derribos, fundamentalmente en Piélagos y Argoños, y el inicio de las obras de demolición allí donde no es posible otra opción, con la excepción de Arnuero, donde existe un acuerdo entre las partes, con el visto bueno de la autoridad judicial, para impulsar primero la construcción de viviendas de sustitución.

El objetivo es iniciar este mismo año 2020 los procedimientos para licitar y ejecutar esas obras, que correrán a cargo de los ayuntamientos. El coste total, tanto de los derribos como de las indemnizaciones y viviendas de sustitución, supera los 23,3 millones, que serán financiados al 50 por ciento por el Gobierno y los municipios.

El plan prevé concluir su ejecución al término de la presente legislatura, en 2023. El Ejecutivo cántabro cuenta ya en el presupuesto de este año con un fondo de derribos, dotado con 4,5 millones.

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha detallado que hoy se ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del Plan de Derribos de Cantabria que estará dotado con 23 millones de euros, para los próximo cuatro años y, posteriormente, ha sido presentado el Plan al Tribunal Superior de Justicia y a la asociación AMA, en representación de los afectados durante sendas reuniones que se han celebrado en el día de hoy.

Según ha concretado, se trata de un plan cuyo objetivo principal es ejecutar sentencias y cumplir las órdenes judiciales, por lo por lo que ha sido redactado como si tratara de cualquier otro plan como el de carreteras, el de puertos, etcétera, en cuanto a que incluye actuaciones concretas, plazos e importes, todo ello con el objetivo de “dar solución definitiva” al tema de los derribos esta legislatura –el objetivo que legislatura tras legislatura se han ido marcando los distintos consejeros de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, que se han ido encontrando luego con un complejo procedimiento administrativo–.

VIVIENDAS DE SUSTITUCIÓN E INDEMNIZACIONES

Además, según ha recordado el consejero, el importe del plan para los próximos cuatro años, que es su vigencia, está establecido en 23 millones de euros y su ejecución va en paralelo con la redacción y aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) que están ahora mismo en marcha.

“Hoy es un día importante porque es un compromiso que el gobierno adquirió con el Tribunal Superior de Justicia y con AMA y es un compromiso cumplido en el día de hoy”, ha reiterado el consejero, que ha recordado que este documento tenía que haber salido adelante en marzo, pero se retrasó por el tema del estado de alarma a causa del coronavirus.

“Casi la mitad de los 23 millones de euros va destinada a viviendas de sustitución y la otra mitad a indemnizaciones a propietarios que no opten a esas viviendas o que no sea posible porque ese tipo de viviendas fueran imposibles de ejecutar”, ha enfatizado.

Además, al estar el fondo de derribos ya aprobado e incluido en la ley 5/2018 de 22 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administración y que fue modificada al respecto, nos permite asegurar ese cumplimiento, para sí, en el caso de que algún año las cantidades no se puedan liquidar, podrían destinarse al año siguiente, ha especificado José Luis Gochicoa.

Este documento ha sido firmado tanto por el Gobierno regional como por todos los ayuntamientos implicados para poder comenzar con aquellas viviendas que no se pueden legalizar en base a sus planeamientos urbanísticos, actualmente en tramitación, y que este Gobierno está trabajando para que puedan aprobarlos los antes posible.

El presidente de AMA, Antonio Vilela, ha mostrado su satisfacción al comprobar que este Plan de Derribos, que estudiarán con detenimiento, sí incluye partidas presupuestarias y fechas, frente a los anteriores, por lo que se han mostrado confiados en que puedan ser cumplidos los objetivos en esta legislatura y que “no quede en el olvido” ya que, a su juicio, “merece la pena hacer un esfuerzo por parte de todos para acabar con el problema de los derribos a lo largo de este 2020 y finalizar con esta triste historia”.