«Están recluidos cumpliendo condenas injustas sólo por sus opiniones políticas y su activismo pacífico»
La Comisión Nacional Saharaui para los Derechos Humanos (CONASADH) ha enviado en forma de carta una solicitud de intervención para liberar a los presos civiles saharauis recluidos en las diferentes cárceles marroquíes, dirigida a Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La intención de la Comisión es dar un toque de atención a Cruz Roja y mostrar su profunda preocupación, por la grave situación en la que se encuentran los presos civiles saharauis recluidos en las cárceles marroquíes, a la que se suma la propagación del COVID-19, informa sobre el terreno Equipe Media, grupo activista e informativo colaborador de Cantabria por el Sáhara, entidad miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs.
Las precarias situaciones reinantes dentro de las cárceles marroquíes y las condiciones higiénicas deplorables, además de la escasez acuciante dentro de las misma da lugar a un servicio sanitario deficiente “por no decir inexistente”, lo que constituye una amenaza para la vida de estos presos y defensores de los derechos humanos saharauis, como han confirmado todas las organizaciones internacionales.
“Están recluidos cumpliendo condenas injustas sólo por sus opiniones políticas y por su activismo pacifico como defensores de los derechos humanos” lamentan desde la Comisión.
El CICR que se rige, entre otros, por el Artículo 5 de sus Estatutos que preconiza la implementación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, que constituyen la esencia del derecho internacional humanitario, ha recibido numerosas cartas y comunicaciones instándolo a visitar a estos reclusos y trabajar para su pronta liberación.
Al hilo de lo anterior, el CICR recibió varias comunicaciones de diversas organizaciones y asociaciones instándole a tomar la iniciativa de presionar a Marruecos para que ponga término a las violaciones de los preceptos del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos contra los civiles saharauis en ausencia de cualquier mecanismo internacional encargado de supervisar los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
El Sáhara Occidental es un Territorio bajo mandato de la ONU por tratarse de un Territorio Ocupado y pendiente de una descolonización inconclusa. A la CONASADH le cuesta entender la lógica que ha impedido hasta el momento la visita del CICR a los presos políticos saharauis recluidos en las cárceles marroquíes.
En este sentido “huelga recordar que las autoridades saharauis dieron la bienvenida y colaboraron facilitando, en su día, las visitas que efectuaban sus respectivas delegaciones a los prisioneros de guerra marroquíes, desde los años setenta hasta que fue liberado el último soldado marroquí en 2005, en cambio el CICR no se ha molestado en ofrecer una ayuda similar y en pie de igualdad a las víctimas de las desapariciones forzadas ni a los prisioneros de guerra ni a los presos políticos saharauis hasta la fecha” señalan.
Explican al presidente Maurer que “el régimen de ocupación marroquí detuvo a todos estos presos políticos saharauis por el mero hecho de defender sus legítimos derechos y el derecho de su pueblo a la autodeterminación e independencia, que le reconoce tanto las Naciones Unidas como el resto de organizaciones internacionales y regionales conforme a las normas de la legalidad internacional”.
Peor aún, “Marruecos había enjuiciado a todos estos civiles ante sus tribunales incluidos los castrenses que contraviene, de manera flagrante, los requisitos mínimos para garantizar el derecho a un juicio justo; y les expuso a la tortura además de tratos degradantes y humillantes; fueron deportados al interior de Marruecos donde se les recluyó lejos de sus familiares contraviniendo los preceptos más elementales de los Convenios de Ginebra” añade la Comisión.
Incluso tras su llegada al interior de Marruecos, los presos políticos saharauis siguen sufriendo por las condiciones mínimas admitidas para las personas privadas de libertad pese a que cumplen condenas muy largas (entre 20 y cadena perpetua), además del delicado estado de salud de la mayoría de ellos como resultado de las torturas a las que fueron sometidos.
Por otro lado, quieren recordar el llamamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dirigido el pasado mes de marzo a todos los Estados para tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 “cause estragos en las prisiones”.
Pero, sobre todo, su insistencia en que “ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
“Tenemos la total certeza de que no existen otros presos políticos, que pudieran estar cumpliendo condenas, de forma tan injusta como arbitraria semejante a la de los presos políticos saharauis recluidos en las cárceles marroquíes hecho corroborado por los testimonios de todos los observadores y organizaciones internacionales, incluidos los expertos de la ONU, de que sus juicios jamás fueron justos sino más bien una farsa de juicio” concluye la CONASADH.