Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha decidido llevar a los tribunales a Javier López Marcano, ex alcalde de la capital del Besaya, por la tramitación del convenio urbanístico en la finca de La Carmencita, sobre la que se levantará el futuro Centro de Emprendedores.

La decisión se tomó por unanimidad en una asamblea celebrada esta semana en ese partido de corte vecinal que cuenta con un concejal en la Corporación torrelaveguense.

Y se adoptó por unanimidad, según explican a EL FARADIO fuentes de ACPT, que combate este proyecto por su elevado coste (4,5 millones de euros –con financiación de la Unión Europea a través del Plan Urban-, a los que este partido suma el coste de los terrenos).

Cuestionan el coste por innecesario y porque creen que las mismas funciones previstas pueden desarrollarse en las antiguas escuelas de Torres, además de que en la actualidad este solar funciona como aparcamiento gratuito para 500 vehículos.

A partir de ahora, queda perfilar el tipo delictivo en que se encuadran los hechos, que podría incluir el de falsedad documental, ya que uno de los principales asuntos que se denuncian es la modificación del convenio urbanístico respecto a lo aprobado por el Pleno.

Esta modificación sirvió de base a la reclamación millonaria de un promotor (4,5 millones de euros), que ha llegado el asunto a los tribunales en un juicio que ya se ha celebrado y del que sólo queda que se dicte sentencia.

Precisamente, en ACPT confían en que la presentación de la denuncia sirva para paralizar esa sentencia, al afectar al texto en el que se basa la reclamación.

Finca de La Carmencita, en Torrelavega, sobre la que se levantará el Centro de Emprendedores

Otra de las derivadas judiciales de este paso decidido por ACPT podría ser la petición de medidas cautelares sobre el proyecto del Centro de Emprendedores.

Es decir, la presentación de esta denuncia puede implicar una petición de parar el proyecto. Es algo habitual en procesos legales: se intenta parar el objeto de la denuncia para evitar que se produzcan situaciones como que se dictara una sentencia en contra de un proyecto ya ejecutado. Para evitarlo, la parte denunciante puede pedir que se detenga el proyecto hasta que se resuelva sobre si es legal o no, si bien esa decisión, la de las medidas cautelares, le corresponde al juez.

Y otro de los asuntos que tiene que dirimirse en este asunto es a qué juzgado le corresponde llevar el caso, ya que Javier López Marcano es diputado en el Parlamento autonómico por el Partido Regionalista, de modo que está aforado (unas condiciones especiales para los cargos públicos en cuestiones judiciales) y el órgano encargado de instruir causas que le afecten debería ser la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (que es, por ejemplo, el que se encarga de la querella de la empresa pública Cantur por la operación de compraventa del Racing de Santander cuando era consejero de Cultura y Deportes).

La reivindicación vecinal contra este proyecto continúa: este sábado hay una nueva asamblea para seguir tomando decisiones. Será a las 11.00 horas en la bolera de La Carmencita. De momento, ya se piensa en acciones como recogidas de firmas, una concentración de protesta y un manifiesto público, más todo aquello que quieran plantear los asistentes.

CUESTIÓN DE COMAS

Según explicaba esta semana en Buenos Días Cantabria Iván Martínez, concejal de ACPT en el Ayuntamiento de Torrelavega, hubo un cambio sustancial en el convenio urbanístico de la finca de La Carmencita.

Aprobado en 2003, cuando el alcalde era López Marcano, del PRC, gobernando en coalición con el Partido Popular, el convenio incluía la posibilidad de indemnizar a la empresa si la operación no podía ejecutarse por cuestiones relacionadas con el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.

Pero “camino del Ayuntamiento al notario”, como gráficamente describía Martínez, se introdujo una nueva redacción del texto, añadiendo, entre comas, la posibilidad de extender esta petición de indemnizaciones a retrasos o problemas producidos por cualquier otro motivo que no fuera exclusivamente el PGOU.

Además, en ACPT recuerdan que ya en su día la operación urbanística podía considerarse como “un pelotazo urbanístico”, ya que el convenio tasó en 3,8 millones de euros una finca que tres días antes fue comprada por aproximadamente 900.000 euros por la promotora Terrenos Adarzo, cuyo responsable, Luis del Río Diestro, estuvo vinculado al Partido Popular al haber sido consejero de Industria en anteriores gobiernos autonómicos.