Este viernes, 19 de junio, se ejecutará finalmente el lanzamiento de la vivienda de Lidia y sus dos hijos, menores de edad. Ni el juzgado ni la administración autonómica han respondido positivamente a los requerimientos de la familia afectada y de la plataforma Stop Desahucios.

El juzgado de instrucción nº 4 de Santander confirmaba en el día de hoy la ejecución del lanzamiento a pesar de los recursos presentados por la abogada de la familia de Lidia. La orden se cursó hace escasos días, una vez levantada la suspensión de los plazos judiciales el 4 de junio.

Lidia es una mujer de 33 años en paro y con dos hijos menores, de 7 y 6 años de edad. Lidia se mantiene con una exigua renta social básica y vive desde septiembre de 2019 en su vivienda de la calle José M.ª de Cossío. La propietaria y demandante de dicho inmueble, Beyos y Ponga, que es la empresa instrumental inmobiliaria de Liberbank, inició demanda en noviembre de 2019.

Todo ha sido muy acelerado, como en el caso anterior. En febrero de 2020, dicho juzgado emitía ya sentencia condenando a Lidia por usurpación a una multa de 180 euros y al desalojo de la vivienda. Lidia presentó posteriormente recurso de apelación a la Audiencia Provincial, la cual, respondía mediante sentencia el pasado 4 de mayo de 2020, es decir, en pleno estado de alarma. Sentencia firme porque las sentencias sobre delitos leves no tienen recurso de casación al Tribunal Supremo, a pesar de que dicha sentencia tenía algunos errores importantes, a juicio de la plataforma. Posteriormente, la abogada de la familia presentó sendos recursos contra la ejecución de la sentencia, sin resultados positivos.

Este es el cuarto de los desahucios programados desde que se levantaron los plazos judiciales el 4 de junio, de los que tienen constancias las dos plataformas existentes, pero será el único que finalmente se intentará ejecutar.

La plataforma Stop-Desahucios intentará evitarlo mediante la movilización convocada al efecto a partir de las 9 horas del viernes 19 en la calle José María de Cossío 33. La plataforma, como ya última opción, también se ha puesto también en contacto con el presidente del gobierno de Cantabria para solicitar su intervención.

Para Antonio G. Javega, portavoz de la plataforma, “la ejecución de este desahucio describe bien a las claras en qué manos judiciales y políticas estamos».

«Aquí hay diferentes responsables. En primer lugar, el fondo inmobiliario de Liberbank. Una entidad salvada por dinero público, es decir, por los impuestos de todos los ciudadanos, que no tiene ningún empacho en arrojar a dos menores a la calle. Después, el juez de instrucción que ha tenido un celo casi patológico en expulsar de su casa a esta familia con, recalco, dos menores de seis y siete años. Y estamos hablando de un desahucio que se quiere realizar en pleno estado de alarma. ¿Cómo pretenden aplicar a esta familia las restricciones ocasionadas por la pandemia si se quedan en la calle? Y, por último, tenemos a la Dirección General de Vivienda y a los responsables de Gesvican, los cuales no han querido ayudar en ningún momento a parar el desahucio», critican.