Los movimientos sociales, liderados por la Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes, se han unido para salir a la calle este próximo sábado, a las 12 del mediodía, en las dos principales ciudades de Cantabria y frente a sus ayuntamientos. Echando la vista atrás a los meses en los que más afectó la pandemia de Coronavirus, quieren subrayar la necesidad de fortalecer los servicios públicos para que una situación como esta no vuelva a suponer un problema de la misma gravedad.

En el comunicado que han publicado los organizadores, entre quienes hay también partidos políticos y sindicatos, han querido recordar que ya se venía «denunciando desde hace años lo que supondría la privatización de lo público, la descapitalización de la Ley de Dependencia, los recortes de las plantillas sociosanitarias, el desmantelamiento de la Atención Primaria, el endeudamiento de Valdecilla, etc.».

En sentido contrario, dicen que la sanidad privada «no ha participado ni participa de esta situación de emergencia». Mientras, los servicios públicos se han visto «debilitados por años de recortes», sostienen.

Alaban la labor realizada por los trabajadores del servicio sanitario, «sin apenas recursos ni financiación». Pero también inciden en los cuidados, una labor que en unos casos se ve remunerada, pero en otras no y suele recaer en las mujeres, que en ocasiones se ven obligadas «a renuncias laborales o a la extenuación», denuncian. Por eso exigen a los poderes públicos que aborden esta cuestión y corrijan «la brecha de género en los cuidados, incrementada por esta pandemia».

PIDEN UN INCREMENTO PRESUPUESTARIO EN SANIDAD

Este movimiento en defensa de lo público recalca las diferencias de gasto que hay entre Espña y el conjunto de la UE en esta materia. «Nuestro gasto sanitario, que es de 1.667 € por habitante y año frente a los 2.660 € de la UE, pide a gritos un incremento presupuestario. El sistema sanitario se encuentra con un déficit de camas hospitalarias que se estima entre las 50.000 y las 70.000» en el conjunto del país.

En cuanto a las residencias de mayores, creen que lo sucedido en los últimos meses debe provocar un cambio de la situación. Más de 19.500 personas fallecidas en estos centros en toda España y 145 en Cantabria les lleva a decir que «urge mejorar la situación de precariedad del personal en las residencias, altamente feminizado, con salarios y jornadas dignos, contratos estables, y la creación de plaza públicas residenciales, centros de día, ayudas domiciliarias. Urge el control público de las residencias y su desprivatización» para no seguir siendo un negocio «en manos de empresas multinacionales o fondos de inversión».

Otro de los problemas vistos durante la pandemia ha sido la falta de materiales para proteger a los profesionales sanitarios. Algo que les ha hecho más vulnerables y que los convocantes de las concentraciones creen que hace «necesario promover una industria propia capaz de evitar nuevos desabastecimientos».

Les parece que es el momento de analizar «las condiciones laborales en las que se trabaja, el grado de cumplimiento de los protocolos, cómo están las condiciones de seguridad en las residencias» y así hacer un mejor diagnóstico de la situación para ver cómo se puede mejorar.

Otro asunto que ha requerido mucha atención durante esta crisis es el de la Atención Primaria. Algo que estos colectivos creen «necesario reforzar» y con una mejor coordinación entre recursos sociales y sanitarios «para evitar lagunas asistenciales en el futuro», dicen. Y lo hacen pensando sobre todo en las personas más vulnerables, incluidos migrantes que no consiguen acceder a ayudas sociales.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La mayor tasa de feminización en la sanidad y en los trabajos relacionados con los cuidados hacen que la tasa de infección por COVID-19 ha sido más alta entre las mujeres (5,9 infectadas por cada 1.000 mujeres) que entre los hombres (4,6 por 1.000), señalan.

El modelo de sociedad en el que vivimos sigue sin encontrar el equilibrio para que labores tradicionalmente realizadas por mujeres se hagan de manera compartida. Y a eso se suman las migrantes sin papeles que trabajan en sectores como limpieza doméstica o la agricultura.

También se ha agravado el problema de la violencia machista, puesto que víctimas y maltratadores «han estado confinados bajo el mismo espacio 24 horas». Estar en cuarentena, sin poder contar con la ayuda de los abuelos, es algo que también piensan que ha ayudado a agravar la situación de muchas mujeres.

DEROGAR LA LEY WERT Y LAS REFORMAS DE LAS PENSIONES DE 2011 Y 2013

Otro de los puntos en los que se fija esta movilización es en la defensa de la educación pública, como forma de que haya una igualdad real en la sociedad y no se discrimine a nadie. La epidemia de Coronavirus ha puesto de relieve asuntos como la brecha digital, algo que resulta muy lesivo porque no permite que todos los alumnos puedan ir al mismo ritmo.

Por eso piden derogar la Ley Wert y cumplir con el Acuerdo por la Educación de Cantabria, que establece una financiación mínima del 5% del PIB, reducción de ratios, ahondar en el calendario pedagógico y acabar con el sesgo selectivo y las aportaciones familiares en los centros privados-concertados.

El objetivo que plantean es «conseguir una educación laica, pública y de calidad para toda la ciudadanía». Y terminar con la brecha digital es imprescindible para que la Educación Pública cumpla con su función equitativa, defienden.

En materia de pensiones también piden eliminar las reformas de 2011 y 2013 y también «acabar con los planes europeos de pensiones privadas y los de previsión social de empresa en España». Recuerdan que esas normativas recortaron «el derecho futuro de las pensiones en más del 40 %».

Además, en el comunicado se formulan otras propuestas en las que se hace referencia a la protección de la infancia, políticas que garanticen una vivienda digna, regularización de todas las personas migrantes, un refuerzo del sector primario que tenga en cuenta la producción ecológica, desarrollar la Ley de Dependencia, implementar planes de movilidad en las ciudades o acometer una reforma fiscal que busque una mayor redistribución de la riqueza.