El actual anteproyecto de Ley del Suelo de Cantabria no cuenta con el beneplácito de la asociación ecologista, ya que lo califica como «la mayor regresión territorial, ambiental y económica de la historia de Cantabria». En un comunicado, creen que, de aprobarse, se entregaría «el suelo rural a la construcción» y se llevaría «el desorden urbanístico que anteriormente se produjo en la costa, con 800 sentencias de derribo, hacia todo el interior de Cantabria».

Con este anteproyecto se consolida la construcción en el suelo rural o fértil, dicen, que constituye la base de la vida y de la economía de la comunidad, relegándolo a un mero espacio para construir viviendas unifamiliares dispersas, lo que supone un uso contrario a su naturaleza y función y pone en peligro la potencialidad esencial de todo el sector primario en el  futuro.

En el comunicado, ARCA prosigue afirmando que el anteproyecto es insostenible ambientalmente porque destruye el recurso del suelo fértil, para ocuparlo con la construcción de viviendas unifamiliares por todo el espacio rural, degradando el paisaje, complicando la ordenación del territorio y aumentando el consumo y gasto energético y de infraestructuras que conlleva la construcción de viviendas unifamiliares dispersas, modalidad que, sostienen, es totalmente contraria a la tradición e historia de Cantabria.

Llegan a definir este uso del suelo fértil como una «indignidad económica», porque se trata de darle un uso que no es el que le corresponde, en lugar de preservarlo para que pueda ser destinado a su fin natural: la producción agrícola, ganadera, forestal, y la prestación de servicios ecosistémicos.

Desde ARCA creen que el modelo que abre el anteproyecto es el de los «pueblos fantasma para turistas de fin de semana o de 15 días al año». También el de «vegas fértiles destruidas definitivamente y enterradas bajo el hormigón para instalar polígonos industriales vacíos u ocupados por simples almacenes de paquetería». Por tanto, piensan que se abre la puerta a la especulación del terreno, «en lugar de impulsar la economía productiva agraria, ganadera, forestal, agroalimentaria y las derivadas de las anteriores».

Este grupo ecologista cree que no se debe abandonar la vía del sector primario porque ahora haya menos personas dedicadas a él. «Si durante siglos el recurso del suelo rural
fértil de Cantabria se ha mantenido para producir alimentos, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar este uso para las generaciones futuras, en lugar de deteriorar y
agotar definitivamente este recurso básico y estratégico», aducen, sobre todo si el fin último es la construcción por toda la comunidad.

Todos estos argumentos llevan a ARCA a concluir que el anteproyecto es un fracaso de los políticos regionales, por no ser «capaces de encontrar y consensuar un nuevo modelo
productivo, diverso, estable, digno y sostenible económica y ambientalmente para un horizonte de 50 ó más años». En lugar de eso, se apuesta por lo que ellos llaman la «destrucción irreversible de nuestro territorio rural».

ARCA pone como ejemplo a País Vasco y Asturias, dos comunidades vecinas, porque allí dicen que no se contempla un escenario legislativo que permita disponer de todo el suelo rural para construir.