Los estudiantes que participaron el pasado mes de febrero en la protesta que calificaron de ‘escrache’ al presidente cántabro, Ignacio Diego, están comenzando a recibir citaciones judiciales por esos hechos, que se saldaron con agresiones por parte de la escolta del jefe del Ejecutivo a varios de los activistas.

Así, al menos tres de los manifestantes que participaron en ese acto de protesta tendrán que declarar el próximo 17 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, por presuntos delitos de coacciones o daños.

Según el Código Penal, la pena aplicable al delito de coacciones es de prisión de 6 meses a 3 años, o multa de 6 a 24 meses, dependiendo de la gravedad de la coacción o de los medios que se empleen en la comisión del delito; y para los daños van desde uno a nueve meses de multa y prisión de uno a tres años, pudiendo incrementarse según la gravedad del delito.

Estudiantes universitarios protestaron ante la visita de Diego a la UC

La protesta se convocó con motivo de la asistencia del presidente, Ignacio Diego, al campus de Santander, en el que el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria había organizado la cita ‘Tengo una pregunta para usted’, en la que los estudiantes podían plantear preguntas a dudas a distintos líderes políticos de la comunidad, empezando por el jefe del Ejecutivo, que fue quien lo inauguró.

La presencia de Diego sirvió para que varios colectivos convocaran una protesta con el objetivo de hacerle llegar al presidente su malestar ante los recortes en la educación pública y, en concreto, los que afectaban a la UC.

El acto se desarrolló con mucha tensión: la seguridad privada del centro prohibió el acceso a los manifestantes, siguiendo, según alguno de ellos, las indicaciones del presidente del CEUC, Carlos Fernández.

Pocos asistentes al acto organizado por el Consejo de Estudiantes

Dentro, Diego, que se mostró dispuesto a que los críticos accedieran al aula, departió ante un auditorio formado mayoritariamente por prensa y por militantes de Nuevas Generaciones.

Sin embargo, lo peor sucedió al final, cuando al abandonar Ignacio Diego el acto, por la puerta trasera, los estudiantes intentaron evitar que salieran del aparcamiento los coches oficiales.

Tal y como declararon entonces los manifestantes, entre escolta presidencial y seguridad de la UC les hicieron retroceder a empujones, y uno de los escoltas le propinó a uno puñetazo en la cabeza, por la espalda, y a un “bofetón en la cara” a otro.

CITADOS COMO IMPUTADOS

El hecho de afectar a cuerpos de seguridad supuso la activación de un proceso judicial que coge impulso ahora, con las primeras citaciones.

Las citaciones se hacen en lo que se conoce como período de instrucción, previo a la determinación de si hay o no juicio. Es decir, durante un tiempo el juez recaba pistas y testimonios para comprobar si efectivamente se han producido delitos y quienes son responsables.

En este proceso, puede citar a las personas vinculadas a los hechos en calidad de testigos (gente que ha presenciado los hechos) o como imputados (aquellos en los que se considera que pueden tener alguna responsabilidad y que comparecen acompañados de su abogado para facilitar su defensa).

Una vez oídos, el juez cierra la instrucción, decide si hay juicio o no, y a quienes se acusa, si confirma las imputaciones de la fase anterior o si suma o quita a alguno de los citados.

En este caso, las citaciones se producen, además, sin que ese día hubiera identificaciones en el acto de los participantes en el acto que han recibido las citaciones, de modo que su identificación ha podido determinarse en base a las fotografías y vídeos que aparecieron en prensa regional esos días.

Además, la PAH de Torrelavega denunció en su día, a raíz del escrache al entonces alcalde Ildefonso Calderón, la existencia, reconocida por la Policía, de un archivo con fotografías de participantes en protestas y manifestaciones pese a que no tengan antecedentes.

REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS

Este proceso judicial será denunciado por Libres, la plataforma en defensa de las libertades y contra la represión de las protestas, constituida en Cantabria a raíz de la presentación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye sanciones a manifestantes, entre otras medidas.

Pese a no estar aprobada aún, en la comunidad existen ya antecedentes de activistas y manifestantes que han sufrido represalías por su participación en distintas protestas.