El Ayuntamiento de Santander defiende la nueva conexión entre la S-20 y la Avenida de los Castros, –proyecto en base al cual se expropiará la vivienda de Amparo en una decisión que ha provocado un importante movimiento social en la ciudad con una protesta a la que han asistido más de cien personas esta mañana–, es un proyecto “estratégico” y “de interés general”, para la ciudad.

En consecuencia, el Consistorio a cuyo frente está el alcalde Íñigo de la Serna –que se erige como “el principal defensor de los derechos de esta propietaria”–, si bien a continuación agrega que “no permitirá que se pisoteen los derechos del resto de los vecinos del municipio de disponer de un vial absolutamente necesario para mejorar su calidad de vida por el hecho de que una persona tenga la legítima pretensión de recibir más dinero del legalmente establecido”.

En un comunicado, no atribuido al alcalde o a ningún concejal en particular, sino a la fórmula genérica de “el Ayuntamiento”, se insiste en la legalidad del proceso y en la falta de alegaciones u observaciones tanto de Amparo como de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Frente a las peticiones de la PAH y la plataforma que se constituirá de apoyo a Amparo, el Consistorio enumera la “amplia participación pública” que dice que se ha seguido en los documentos que recogen el proyecto, como el Plan Estratégico Santander 2020; en el proyecto de desarrollo de la vaguada de Las Llamas “Santander Ya +” y el Plan de Movilidad Sostenible de Santander.

El Consistorio santanderino eleva el tono en su comunicado cuando “condena y rechaza cualquier forma de presión sobre los funcionarios municipales y los responsables políticos para tratar de alterar y cometer un flagrante acto de prevaricación a favor de un particular”.

En cuanto a la indemnización, aclara que la establece el Jurado de Expropiación y no el Consistorio que, añade, lo que hizo fue ofrecer a Amparo otra vivienda (por la que tendría que pagar 10.000 euros extra), sin que ella aceptara.

El Consistorio se esfuerza mucho en que esto no sea considerado como un desahucio (“rechaza rotundamente”, “no tiene absolutamente nada que ver”, no existe “ni un solo punto de similitud con un proceso de desahucio administrativo”, etc).

En el comunicado remitido por el Ayuntamiento no se hace referencia a si ha remitido ya al juzgado la petición de desalojo de Amparo ni al asunto de los sobrecostes detectados en otros proyectos de las empresas adjudicatarias o sus conexiones políticas, denunciados por los afectados y por La Unión.