Tras el proceso de consultas, se abre ahora un nuevo periodo de información pública de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio para que cualquier interesado pueda formular por escrito las alegaciones y aportaciones que considere oportunas con respecto al contenido del texto de la nueva norma.

El Ejecutivo regional considera que la nueva ley aspira a finalizar con un mal endémico de la región basado en la falta de planeamientos municipales adaptados a los tiempos actuales. Para ello, se plantea una reducción en los plazos y centralizar todos los informes sectoriales en la CROTU, frente a unos trámites administrativos que actualmente nunca son inferiores a cinco años e incluso, en algunos casos superiores a diez, por lo que la nueva regulación debería permitir, en condiciones normales, la aprobación de los PGOU en un año o año y medio a lo sumo.

En este sentido, el Gobierno señala que la base de un desarrollo territorial y urbanístico ordenado y sostenible es la planificación, que tiene que ser un instrumento y no un fin en sí misma. Por lo tanto, esta tiene que ser concebida como un verdadero instrumento al servicio del interés general y, para ello, tiene que ser ágil y aportar seguridad jurídica de cara a posibilitar proyectos generadores de riqueza, empleo y bienestar para nuestra región.

La nueva regulación posibilitará también que los ayuntamientos, a través de su planeamiento urbanístico, puedan regular de una forma ordenada el crecimiento de sus núcleos en consonancia con la morfología de los mismos. Esto no implica que todos los núcleos tengan que crecer necesariamente, sino que se haga adaptándose a la tipología o morfología de los núcleos preexistentes, con especial hincapié en el medio rural.

El Gobierno autonómico sostiene que la LOTUCA apuesta por el crecimiento sostenible de nuestros pueblos y ciudades, dotando de nuevos y potentes instrumentos a los ayuntamientos para facilitar la rehabilitación y la regeneración urbana, así como la construcción preferente de los vacíos existentes en el suelo urbano, a través de la figura de los estudios de detalle como un instrumento más ágil y eficaz frente a los planes parciales que se ha visto demostrada su ineficacia casi 20 años después de la anterior Ley del Suelo.

Aunque esta norma que hoy sale a información pública es mucho más restrictiva en la utilización del suelo rústico que la vigente, desde la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo se tiende la mano nuevamente para que todas aquellas entidades, asociaciones, colectivos y particulares que quieran aportar su punto de vista a la futura regulación lo puedan realizar durante el periodo de información pública, el marco idóneo y adecuado para trasladar al ejecutivo sus inquietudes.

Finalmente, y a la vista del contenido de las sugerencias y alegaciones que hasta ahora se han venido planteando en el periodo de consultas, el Ejecutivo quiere diferenciar que una cosa es la ley del Suelo y otra diferente el Plan de Ordenación Territorial (PROT), en el que se viene trabajando en paralelo desde el comienzo de la legislatura, de ahí que primero se haya establecido el marco general al que se tienen que ajustar los planes regionales y urbanísticas para, a posteriori, aprobar el instrumento de ordenación territorial, cuyo máximo exponente es el PROT, o de ordenación municipal, representados en los PGOU.

Todas las alegaciones se dirigirán a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, pudiendo presentarse además en cualquiera de los lugares fijados por la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional, así como a través del registro electrónico del Gobierno autonómico en la dirección https://rec.cantabria.es.