Por Jesús Aguayo, del sindicato STEC

El curso escolar 2020/21 arranca en medio de dos polos: el de la preocupación por la pandemia y el de la esperanza por retomar la presencialidad perdida durante los pasados meses de confinamiento. En esa incertidumbre nos vamos a mover. Las primeras semanas serán clave para saber hasta qué punto los centros educativos son capaces de recuperar una cierta normalidad académica y convivencial sin que por ello se conviertan en focos de propagación de la enfermedad. Nadie duda de que, al retomarse la actividad lectiva presencial en colegios e institutos, se producirán brotes; la cuestión está en saber si solamente serán casos esporádicos con cadenas de trasmisión bien definidas y, por tanto, de fácil control, o, si por el contrario, se generalizarán situaciones de transmisión comunitaria no controlada que obliguen al cierre temporal de centros.

Ante este horizonte incierto no tiene sentido dedicarse a hacer profecías; y, si nadie puede garantizar el riesgo cero, tampoco se puede vaticinar que en las actuales circunstancias el sistema esté abocado a un inevitable colapso. De lo que se trata ahora es de analizar si se han diseñado medidas que den a la comunidad educativa una prudente tranquilidad frente a una pandemia tan compleja. Desde diversas instancias, como es la sindical en este caso, pensamos que no se están tomando todas las medidas que razonablemente sería posible implementar, para aportar un mayor grado de seguridad a la actividad lectiva en los centros escolares de Cantabria. Las administraciones, tanto la educativa como la sanitaria, deberían concienciarse de que no es el momento de la propaganda, sino de dar explicaciones detalladas y honestas a la sociedad, sobre todo de lo que no están haciendo.

El consejero de Sanidad tendría que aclarar por qué ha despreciado la petición unánime y reiterada de la Junta de Personal Docente de realizar pruebas PCR antes del inicio de las clases. Arrancar el curso con la certeza de que ningún docente es portador de la Covid habría sido un elemento bastante tranquilizador, no sólo para el profesorado, sino también para muchas familias. Así lo han entendido en otras Comunidades Autónomas, por ejemplo  Asturias, que, curiosamente, con un consejero de Sanidad del mismo partido político que el de Cantabria, ha optado por realizar pruebas a los más de quince mil enseñantes con que cuenta el Principado. Seguramente que en Asturias harán otras cosas peor que nosotros, o por lo menos de forma diferente, pero es un hecho que ellos pueden presumir objetivamente de unas cifras epidemiológicas mejores que las nuestras; y medidas como ésta que acaban de tomar pueden explicar, al menos en parte, el porqué de esta mejor gestión de la pandemia.

También lo tiene complicado la consejera de Educación a la hora de justificar que no se hayan seguido todas las indicaciones de Sanidad y Educación en lo que a limitación de los contactos en los centros se refiere. Estos dos ministerios, en su último documento sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, recomendaban limitar los contactos creando grupos de convivencia estable en las etapas de Infantil y Primaria, con un número ideal de quince alumnos y alumnas por aula y un máximo de veinte. Llevar adelante esta medida de disminución de ratios implica una contratación potente de nuevo profesorado.

Algunos territorios como Madrid o Galicia no han hecho nada, lo que, unido a los recortes que padecieron en su día y que nunca revirtieron, les ha dejado desnudos en el comienzo de un curso que allí se prevé desastroso. Por el contrario, otras comunidades autónomas, como es el caso de la valenciana, han hecho un enorme esfuerzo incrementando sus plantillas docentes en un 7,5%, además de poner en marcha un ambicioso plan de digitalización. Como media en todo el Estado las plantillas han aumentado un 4,6%. En Cantabria, se han contratado unos doscientos docentes, que representan un incremento porcentual del 2,7%. Nuestra Comunidad se ha quedado muy atrás, hasta tal punto que apenas ha invertido la mitad del llamado Fondo COVID-19 creado para este fin por el Gobierno central, mediante un Real Decreto-ley de 16 de junio.

La Consejería de Educación ha dejado pasar el verano en medio de titubeos, haciendo oídos sordos a casi todas las demandas de los representantes del profesorado, sin iniciativas y escasa inversión. Mientras, los equipos directivos no han salido apenas de los centros organizando el curso, y el conjunto del profesorado se ha ido mentalizando para realizar otro sobreesfuerzo como el que hizo durante los meses del confinamiento. En definitiva, nuestro sistema educativo sobrevivirá a la pandemia a pesar de la Administración y gracias al voluntarismo de los docentes; pero, desgraciadamente, esta política tan mediocre nos pasará factura a medio plazo, y Cantabria seguirá languideciendo hasta dejar de ser, en materia de política educativa, el referente que en su día fuimos para otras comunidades autónomas.