La diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Cantabria, Marta García, ha solicitado la comparecencia en la Cámara de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, para explicar la situación actual de la tramitación y gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la comunidad.

García ha indicado que el IMV es «absolutamente necesario» para que, en un contexto como éste, con una pandemia que ha derivado en una crisis económica, «no se quede nadie en el camino». No obstante, ha señalado que esta prestación «debe estar orientada a políticas de empleo», de manera que los beneficiarios puedan acceder a un puesto de trabajo y facilitar su integración sociolaboral.

La diputada de Cs ha criticado la «sobrecarga» de trabajo que padecen los trabajadores de las oficinas de la Seguridad Social donde se tramitan las ayudas, a las que se suman los trámites habituales. «Las plantillas de la Seguridad Social llevan años en una situación precaria y ahora es, si cabe, mucho peor, puesto que las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital han desbordado todas las previsiones», ha subrayado Marta García.

CANTABRISTAS CREE QUE LA PARÁLISIS ES INJUSTIFICABLE

Cantabristas ha denunciado la parálisis del Ingreso Mínimo Vital que impulsó el Gobierno Estatal recientemente, del cual, a principios de agosto, se habían aprobado menos del 1% de las solicitudes. Este retraso está perjudicando notablemente a las familias cántabras más necesitadas, ya que “se ha trasladado el peso del sistema de garantía de ingresos desde la Renta Social Básica autonómica a este IMV, que no se está concediendo tras meses de trámites”.

La situación respecto a este tipo de ayudas, según el partido soberanista, es “peor que hace un año”, y es que, hasta el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que de las más de 700.000 solicitudes presentadas en todo el Estado, solo se han aprobado una pequeña parte.

Para Cantabristas, “la falta de celeridad en la tramitación de estas prestaciones es injustificable, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad económica y social en que se encuentran muchas familias en el contexto actual”. Por eso, señalan que no vale con escudarse en la burocracia y en los ritmos de la administración, “ya que todo eso ya se sabía y conocía cuando se anunció la medida, y contrasta con la agilidad con la que el Gobierno Estatal ha gestionado otro tipo de trámites”.

Desde la formación cantabrista consideran que el Ingreso Mínimo Vital supone, sobre el papel, “un avance en materia de derechos sociales”, pero su puesta en marcha “está poniendo en duda lo acertado de poner en marcha una medida de esas características sin la capacidad o la voluntad suficiente para desarrollarla con garantías”. Por eso, exigen al Gobierno central una respuesta a esta parálisis y un replanteamiento del Ingreso mínimo Vital para que realmente pueda llegar a quienes lo necesitan sin obstaculizar las herramientas autonómicas para contribuir a este tipo de fines.