Santiago Díaz ha tomado la palabra en la polémica que se ha abierto en Santander después de que el equipo de Gobierno municipal decidiera iniciar el proceso para resolver el contrato de la limpieza. Un contrato que lleva siete años desarrollándose, y por eso al presidente del Grupo SADISA le sorprende que esta medida no haya llegado antes. «Si el servicio es deficiente desde el comienzo del contrato, como dice Gema Igual», dijo, lo raro «es que no se haya pedido la rescisión antes».

También aludió a la fecha en la que concluye el contrato, 31 de agosto de 2023. Eso es justo después de las próximas elecciones municipales, y Díaz subrayó que eso significa que el próximo contrato de limpieza no podría adjudicarlo el Gobierno municipal actual si se cumpliera íntegramente. Si se resuelve el contrato actual, se tendría que abrir otro proceso de adjudicación que sí tendría lugar en esta legislatura.

El dirigente de SADISA se escudó en lo que dice el pliego de condiciones para defender la actuación de sus empresas en la ejecución del mismo. Y apuntó a unas condiciones que él dice respetar y cumplir.

Por un lado, el desembolso económico. El contrato, según Díaz, se rebajó un 24% en su cantidad en 2012, al ser sacado a concurso, respecto al anterior. Y también incluía una cláusula que permitía amortizar las vacantes por jubilación. Ese detalle, precisó, le ha granjeado al Ayuntamiento un ahorro de 4,2 millones de euros al año, lo que supone casi 30 millones en los primeros siete años, y 42 en la totalidad del tiempo del contrato.

Por esa cuestión, el servicio ha ido perdiendo empleados con el paso de los años. Hasta el punto de tener 60 menos ahora que cuando comenzó el contrato, hace ya más de siete años. Según Diaz, esto explica las deficiencias y la suciedad que hay en la ciudad. «El servicio cumple con el pliego, pero es una utopía pensar que va a ser de la misma calidad que hace unos años, cuando lo desarrollaban 60 operarios más». Y añadió que «el 70% de Santander ha pasado de tener barrenderos todos los días a sólo dos días por semana».

Está tan convencido del cumplimiento estricto que ha tenido la empresa con este contrato, que anunció que SADISA llevará a cabo «todas» las actuaciones judiciales que tenga a su disposición para corregir el daño que su compañía ha recibido, dando más importancia a la reputación que puede perder que al dinero que pueda dejar de percibir. Díaz aseveró que su grupo empresarial trabaja con 2.000 ayuntamientos (y 26 años con el de Santander) y nunca había sufrido una decisión de este tipo Y también dijo estar convencido de que «esto le va a costar mucho dinero al Ayuntamiento».

Durante varios momentos de su intervención, Díaz mostró un sentimiento de indignación por lo que ha hecho el Ayuntamiento. Reveló que ni siquiera les advirtieron de la decisión antes de anunciarla en rueda de prensa, se enteraron en ese mismo momento.

El presidente de la empresa llegó a expresar que, como ciudadano, no se siente «representado» por la actual Corporación municipal, aunque trató de contenerse en sus valoraciones personales respecto a la alcaldesa y los concejales y prefirió centrarse en los aspectos técnicos del contrato.

El pliego de condiciones es donde señaló que ha estado el problema, hecho con la intención de ahorrar dinero al Ayuntamiento por parte del PP, y se preguntó si ese dinero ha sido devuelto a los ciudadanos mediante un bajada de las tasas por la limpieza y recogida de basuras de la ciudad.

En cuanto a las sanciones que ha recibido la adjudicataria, se refirió a tres expedientes abiertos en 2014, «dos detracciones por retraso en la entrega de maquinaria y uno por subrogación de personal en exceso, no por defecto», y aún así fueron sancionados, pese a subrogar a más personal del que debían, explicó.

Ese retraso en la maquinaria lo justificó por la difícil situación económica que atravesaba la empresa, pero Díaz defendió que, con maquinaria usada anteriormente, siguieron cumpliendo con sus obligaciones, si bien se mostraron conformes con el criterio del Ayuntamiento en ese momento. Y también recordó que, en ese caso, el Consistorio fue «comprensivo» con los motivos de la empresa para cometer esa falta.

A partir de las elecciones municipales de 2019, son 21 los expedientes que se han abierto. «Ninguno es muy grave», reivindicó Díaz, que añadió que nueve han sido resueltos ya, pero recurridos por SADISA ante la justicia y ninguno tiene todavía una decisión firme. «Los otros 12 seguirán el mismo camino», anunció el presidente de la compañía. Es decir, serán recurridos si conllevan sanción.

Según el criterio de la empresa, de esos 21 expedientes, «15 son idénticos», por lo que creen que deberían ser uno solo, porque se refieren a lo mismo y no se aglutinaron. «Podrían haber hecho un expediente por calle o uno por contenedor», se quejó.

Por tanto, las cuentas para Díaz son distintas, y se quedan en tres expedientes en 2014 y siete en la presente legislatura, empezando ya desde el día después a las elecciones de mayo de 2019. Cabe recordar que esta es la primera vez, desde que el contrato comenzó en 2013, que el PP no gobierna en solitario, sino con una coalición con Ciudadanos, de quienes dijo que habla de este asunto «con desconocimiento», aunque no quiso señalarles como responsables principales de la decisión del Ayuntamiento.

Díaz también se refirió al informe de Intervención. Si bien aún no se les ha dado traslado del mismo, dijo, y sólo lo han podido estudiarlo en parte, el empresario puso en duda el criterio de ese informe, llegando a afirmar que es completamente «erróneo».