En la adjudicación a ASCAN-GEASER del contrato de las basuras en Santander, al que se le ha abierto un expediente de resolución ante los incumplimientos detectados tras años de mal funcionamiento, fueron clave los criterios subjetivos.

Son aquellos que no se pueden medir con factores numéricos (como la oferta económica) y suponían más de la mitad de los puntos: 58 de 100.

Todo en un proceso en el que participó el entones director general de Infraestructuras, José Ignacio Quirós, un cargo de confianza que previamente había trabajado en el Grupo SADISA –del que depende la concesionaria– y que tras ser concejal sigue vinculado al Ayuntamiento como consejero de la Sociedad de Vivienda y Suelo, cuyo gerente también fue empleado del grupo.

El exempleado de la concesionaria de basuras sigue representando al Ayuntamiento en la Sociedad de Vivienda y Suelo

Esta semana se conocía que finalmente habrá una comisión de investigación sobre el contrato de las basuras, propuesta del PSOE de Santander que han anunciado que apoyarán Unidas por Santander, el PRC o Ciudadanos, socios del PP en el equipo de Gobiernos y que hicieron de la fiscalización de los servicios públicos en manos de empresa una de las señas de su campaña.

Es un proceso que tardará y que todo apunta a que se judicializará, como sugería el presidente del grupo, Santiago Díaz, en su esperada rueda de prensa tras conocerse la apertura del expediente.

Pero primero hay que concluir el expediente de resolución, que se hace desde el Ayuntamiento, y se acaba de ampliar el plazo para presentar alegaciones, según consta en documentación municipal consultada por EL FARADIO.

LOS CRITERIOS SUBJETIVOS

Esos criterios subjetivos, que permitieron que ASCAN-GEASER retuviera el contrato frente a gigantes nacionales como SACYR o FERROVIAL, abarcaban conceptos como la metodología operativa, los medios materiales, la contenerización, la organización del servicio (personal, maquinaria…), los sistemas de información y control, o los avances tecnológicos.

En su informe financiero, el interventor enumera distintos incumplimientos por parte de la empresa, desde los criterios para facturas (certificados de calidad en el apartado de publicidad) o doble facturación en la recogida de cartones, entre otros que se cuantifican en 7 millones de euros.

Pero los incumplimientos se extienden a indicadores que venían detallados en los criterios subjetivos, tal y como ha cotejado EL FARADIO. Suponían 58 de los 100 puntos en juego, es decir, más de la mitad de los puntos no dependían de criterios cuantificables, como pudieran ser el presupuesto o el número de vehículos, sino de la voluntad de los adjudicadores.

Y ahí fallaron conceptos como la limpieza de playas, según advirtió una técnica contratada por la propia empresa, en aspectos como la falta de material (el barco de recogida de flotantes), repuestos y reparación…, que, según subrayó esta experta en un informe para la UTE, llevaba al “desprestigio” del servicio, extremo del que fueron avisados tanto la concesionaria como el Ayuntamiento.

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O la organización de la maquinaria y herramientas, ya que se debería haber realizado inversión en nuevos medios de maquinaria, mientras que lo que se ha detectado es que las adquisiciones en este sentido no coincidieron con lo que estaba estipulado en la oferta, además de que otras concretas no se hicieron y hubo vehículos que se avistaron en otros municipios.

Respecto al personal, ya había penalizaciones por dedicar personal adscrito al servicio de Limpieza a tareas en otras empresas del grupo.

Además, el personal subrogado fue menor del previsto (de 354 a 342) o se asignaron directivos como si fueran trabajadores, en una reducción que se profundizó con la política de jubilaciones.

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En cuanto a la maquinaria, la reducción del personal no fue acompañada de una mejora de medios técnicos o mecánicos que les sustituyera .

De hecho, en la maquinaria, ya desde 2014 se producen penalizaciones, varias por déficit o retrasos en la inversión y la modernización de recursos y tecnología era un factor que debía tenerse en cuenta.

Los sistemas de información y comunicación, mencionados expresamente en los criterios subjetivos, van relacionados con el control de la calidad.

En este sentido, se constatan fallos que impedían la transmisión de informes sobre su funcionamiento, el control de las flotas, etc.

Uno de los incumplimientos más flagrantes hace referencia al control del contrato. Al margen de la parte del control municipal (sobre la que el Interventor llama la atención sobre la dificultad para conseguir la documentación) o la que le correspondió a la Fundación Torres Quevedo, en la que también se echa en falta documentación relevante, se encuentra la parte que afecta a la empresa.

Así, se detallan deficiencias como la falta de eficacia de los sensores, la disociación con los terminales móviles, la falta de funcionalidades ofertadas…

Es más: el pliego requería una plataforma de gestión del servicio que mejorara el control (objetivo mencionado en otro apartado) y adaptarse al concepto de Smart.

Y, como ya contó EL FARADIO, esa conexión tardó años en producirse pese a que la empresa pagó un millón de euros para hacerlo a NEC IBÉRICA, una de las empresas que precisamente había desarrollado la plataforma SMART.

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En cuanto a la forma de trabajar, en la limpieza viaria se prescinde de la autorización del Ayuntamiento, y no se cuenta con el personal comprometido; y en la recogida de residuos también se corroboran incumplimientos en materia de personal.