El PP ha reaccionado a la condena en firme de su alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez, diciendo que no es un delito de corrupción, que no es un delito cometido metiendo la mano en la caja para robarlo. El edil ha visto cómo el Juzgado de lo Penal lo condenaba a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

El PSOE, el PRC, Izquierda Unida o Ciudadanos no han tardado en pedir la dimisión inmediata de este cargo electo, argumentando que, si la dirección regional del partido no le pide que tome esa decisión se hará responsable de la decisión judicial.

Son reacciones que pueden ser consideradas típicas dentro del panorama político. Quien sufre el varapalo judicial trata de quitarle hierro, intenta hacer ver que no es para tanto, y desde la bancada contraria se pretende cobrar el precio más alto posible con sentencia judicial firme en mano.

La cuestión es que es un delito de prevaricación administrativa, y eso, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sí es corrupción. Tienen una lista de delitos relacionadas con ella, entre los que aparecen otros clásicos como el cohecho, la malversación de fondos o el tráfico de influencias, pero también temas relacionados con la ordenación del territorio, el urbanismo y el patrimonio histórico.

La prevaricación no deja de ser una resolución injusta dictada a sabiendas. Es decir, en este caso, no se trata de meter mano en la caja, pero sí que dinero de esa caja de todos los ciudadanos acabara en manos de personas contratadas por el Ayuntamiento sin el debido proceso de selección.

CASOS DE PREVARICACIÓN EN CANTABRIA

Por ese mismo delito, en su día, el PP se esforzó en que una política socialista, Puerto Gallego, cesara en su actividad. Y lo consiguieron. Participaron como demandantes en la causa contra la exalcaldesa de Santoña, precisamente por prevaricación administrativa. El caso le costó la imputación a Gallego, que cumplió su promesa de dimitir como diputada del Congreso por Cantabria si se producía esa decisión judicial.

Después, la causa fue archivada, aunque ha acabado reabriéndose y tanto la exalcaldesa como ocho exconcejales del PSOE en Santoña tienen fijada un nuevo juicio en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander el próximo 15 de diciembre.

Ese caso tampoco implica un robo de dinero por parte de una representante pública, sino que se investiga si se habían troceado contratos municipales, entre 2003 y 2009, para que su adjudicación no tuviera que pasar por un concurso público.

Javier del Olmo fue consejero de Industria del Gobierno de Cantabria en la legislatura 2007-2011. Pero también tuvo problemas con la Justicia, aunque no por su actividad en la Consejería, sino en la Autoridad Portuaria de Santander, que presidió con anterioridad.

De nuevo, prevaricación relacionada con la selección de personal, pero en esta ocasión, no por contratar indebidamente, sino por todo lo contrario, despedir a un directivo que había testificado a favor de un empleado en una causa de tipo laboral. La prevaricación se sumaba a la obstrucción a la justicia, aunque en su recurso consiguió que este último delito no se considerara que se había producido de manera continuada y eso le evitó pisar la cárcel, pues la condena se quedó en dos años de prisión y siete de inhabilitación.

Este caso no tenía una acusación de robo o de apropiación de bienes públicos, pero sí se cuestionaban unas decisiones que afectan a los recursos de instituciones públicas. La sentencia contra Del Olmo se produjo a finales de 2009, pero él ya había dimitido como consejero previamente.

El PP afeó en su día al Gobierno de Cantabria su actitud respecto a este caso, porque pretendía que el presidente, Miguel Ángel Revilla, o la vicepresidenta y compañera de partido de Del Olmo, Dolores Gorostiaga, le destituyeran del cargo. Algo que no sucedió, porque se trató de una dimisión del titular de Industria en ese momento.

Siguiendo con el PSOE, también fue célebre el caso del Ayuntamiento de Camargo. La adjudicación irregular del contrato municipal de limpieza y mantenimiento de espacios públicos sentó en el banquillo a dos alcaldes del mismo partido, Eduardo López Lejardi y María Jesús Calva, que fueron inhabilitados por el Juzgado de lo Penal nº2 de Santander por un periodo de siete años y nueve meses y nueve años y nueve meses, respectivamente.

Ambos presentaron recurso ante la Audiencia Provincial de Cantabria, que mantuvo la condena de López Lejardi, pero levantó la de Calva, que fue absuelta, dado que el tribunal vio en su acción política la intención de corregir las irregularidades de su predecesor.

López Lejardi fue investido alcalde de Camargo en 1999 y 2003, pero dimitió del cargo en 2004. Calva tomó el relevo y culminó la legislatura, que concluyó en 2007. La condena contra ellos se produjo a comienzos de 2013, y la decisión que restituía los derechos a Calva llegó en el verano de 2014.

Casos de prevaricación se han visto también en otros municipios y con otros colores políticos. Probablemente, el que más tiempo ha tenido protagonismo en las salas de justicia de la comunidad ha sido Castro Urdiales.

Este mismo mes de octubre se conoció la sentencia del conocido como Caso de la Loma, que ha terminado con tres condenados, el exalcalde Fernando Muguruza, que en su día formó parte del PRC (hasta que se le expulsó en 2007), por un delito continuado de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística. También fueron condenados por este caso el exsecretario municipal César Saiz y el promotor inmobiliario Valentín Galdós.

No se trata de la única pena que se le ha impuesto a Muguruza, al que se le condenó a un año de cárcel y ocho de inhabilitación. Este mismo año, sin ir más lejos, también se resolvió el juicio por el caso Proconor, en el que concurrían los mismos delitos, y que le costó otros siete meses de prisión y cuatro de inhabilitación especial.

Posiblemente, el otro caso de un municipio donde la prevaricación urbanística fue más evidente es Piélagos. El otrora alcalde de la localidad, Jesús Ángel Pacheco, fue condenado a un año y medio de cárcel y a nueve de inhabilitación justo antes de abandonar su vida política, en 2011. Él dijo que ya había tomado esa decisión, pero esa sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le obligaba a hacerlo.

En el debe de ese regidor municipal del PP se añaden varias sentencias de derribo, la más conocida de todas la del Alto del Cuco, en Mortera, un caso que hizo saltar a Cantabria a la actualidad nacional.