La alcaldesa Gema Igual ha incluido en el orden del día del Pleno ordinario del próximo jueves, un punto para crear una Comisión Especial que analice, investigue y evalúe el contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, que será a puerta cerrada, sin retransmisiones, como planteaban PSOE y Unidas por Santander, y Ciudadanos.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno, así como en el informe emitido por la Secretaría General del Pleno al que se remite la alcaldesa, a las sesiones de la Comisión podrán acudir funcionarios o personal técnico, previamente convocado, para escuchar su criterio o informe, y no serán públicas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 227.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

En este sentido, dado el carácter no público de las Comisiones, las sesiones se celebrarán a puerta cerrada, debiendo tener presente los miembros de la Corporación el deber de reserva respecto de las informaciones que allí se traten con el fin de no interferir en el desarrollo de los expedientes administrativos en curso y en aras a garantizar el interés general, advierte.

“La transparencia y la información a los ciudadanos han sido, son y van a seguir siendo seña de identidad del Ayuntamiento de Santander y la constitución de esta Comisión Especial supone reforzar ese objetivo y avanzar en la prestación del mejor servicio a los santanderinos”, ha subrayado Igual, que apela a las normas del Ayuntamiento como justificación para su propuesta.

La alcaldesa ha remarcado que “los ciudadanos se merecen que trabajemos en buscar soluciones, con la legalidad y los criterios técnicos y jurídicos como base, y sin alentar enfrentamientos políticos que en nada benefician a los vecinos de Santander”.

Por ello, la creación de una Comisión Especial se basa en una propuesta “meditada y realizable” que permitirá que se conozcan los detalles de todo el proceso en base a la normativa aplicable “con total transparencia y el rigor y la seriedad que merece”, ha precisado la regidora santanderina.

En este sentido, ha detallado que “ni en la normativa general del régimen local, ni en la reglamentaria del Ayuntamiento”, están contempladas las Comisiones de Investigación, por lo que esta figura carece de la necesaria cobertura jurídica y del amparo legal para constituirla en Santander.

“Nosotros trabajamos para los ciudadanos y nos ceñimos al Reglamento sin inventar normas que no existen en el Ayuntamiento, y sin alentar circos mediáticos, que no aportan absolutamente nada”, ha subrayado.

Bajo esta premisa de “responsabilidad” y de que se esclarezcan todas las circunstancias sobre el contrato, la Comisión Especial propuesta por la alcaldesa pide que se analicen, al menos, los siguientes aspectos: El proceso de licitación y posterior adjudicación del actual contrato; la fase de ejecución del mismo; el procedimiento de resolución; la liquidación del documento actual; la fase de prestación del servicio en tanto en cuanto se adjudica el nuevo; y el proceso de licitación del próximo contrato.

De esta forma, en este órgano se analizarán con detalle, entre otras cuestiones, los pliegos administrativos y técnicos, las ofertas presentadas, la valoración de las mismas y la adjudicación así como la puesta en marcha del servicio, el control externo e interno, los incumplimientos y los expedientes de penalización. También se examinarán los motivos que conducen a la incoación del expediente, el estado actual del procedimiento y la tramitación pendiente.

Para garantizar la representación de todos los partidos políticos, especialmente la de los integrantes en el Grupo Mixto, dicha Comisión Especial estará compuesta por 10 miembros distribuidos de la siguiente manera: 2 concejales del grupo Popular, cuyo voto tendrá un valor de 11/2; 2 concejales del grupo Socialista, con voto ponderado de 7/5; 2 concejales del grupo Regionalista, con valor de voto 5/2; 2 concejales del grupo Ciudadanos; y 2 concejales del grupo Mixto, cuyo voto de estos dos grupos tendrá un valor de 1.

Al término de los trabajos, la Comisión Especial elaborará un dictamen con las principales conclusiones alcanzadas, pudiendo emitir sus miembros votos particulares al mismo.

En la propuesta de acuerdo se establece que la Comisión Especial celebrará su primera reunión en el mes de noviembre y fijará, de manera autónoma, la periodicidad así como los días y horarios de las siguientes sesiones.
Por su parte, los diferentes Grupos Municipales, en el plazo máximo de 3 días hábiles contados desde la adopción de este Acuerdo, deberán designar a los integrantes de las Comisión Especial, comunicándolo a la Secretaría General del Pleno.

Unidas por Santander denuncia que el equipo de Gobierno pretende controlar y ocultar la comisión de basuras

Unidas por Santander (UxS) denuncia la nueva vuelta de tuerca que pretende el Partido Popular en la fiscalización del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria de Santander, cuyos reiterados incumplimientos han llevado a anunciar la resolución del mismo.

Y es que, en el pleno del próximo jueves, donde se debatirá una moción de UxS y PSOE sobre los criterios que debería seguir una comisión de investigación del contrato, han incluido una propuesta para crear una comisión especial controlada por el propio equipo de Gobierno.

“La alcaldesa de Santander ha rizado el rizo, puesto que pretende ahora, además de hacer las labores de Gobierno, hacer las labores de la oposición”, ha asegurado el concejal Miguel Saro, que considera una “burla” “pretender hacernos creer a los vecinos de Santander que ella misma va a ser quien controle su pasada labor en el Gobierno”.

“Pretenden que creamos que el Partido Popular va a ser quien fiscalice e investigue las labores que realizaron sus concejales y su propia formación en la anterior ejecución del contrato, y la connivencia que hubo entre concejales del equipo de Gobierno y las empresas concesionarias actuales como ASCAN, así como la falta de control del contrato por esos mismos concejales”, ha denunciado Saro.

Además, será el propio Partido Popular, al ejercer la presidencia, quien ponga las limitaciones de la comisión que juzgará su gestión, creándola “a su propuesta y conveniencia, con los mínimos criterios de transparencia y publicidad y citando a la menor gente posible”.

Miguel Saro, de Unidas por Santander

En el expediente de creación de esta comisión, el Partido Popular no ha dado lugar a la transparencia y la publicidad, si no que “los concejales deberemos guardar secreto sobre lo que allí se debata”. Además, también señala que “podrán ser citados exclusivamente los funcionarios actuales del Ayuntamiento de Santander”, al contrario de lo que pretenden los partidos de la oposición.

“No queremos que la alcaldesa no oculte a ninguno de los intervinientes en el contrato bajo la alfombra para que no pueda dar la cara”, ha asegurado Saro, que apunta a que es lo que sucedería si ella, o quien ella decida, es la que ostenta la dirección de la comisión.

“Quieren convertir la comisión de control en un paripé que no responda a las necesidades que pedimos y a los principios básicos que debe seguir que son: transparencia, para que el debate sea conocido en directo por los vecinos, y margen para convocar a todas las personas que consideremos que hayan intervenido durante toda la función del contrato y su licitación”, reclama Saro.

El edil ha insistido en que “los vecinos de Santander tienen derecho a conocer el por qué este contrato ha provocado en los primeros cinco años de su ejecución un perjuicio de más de siete millones de euros y un incumplimiento que estamos viendo en las calles ya pasados ocho años del inicio”.

Una situación, recuerda Saro, que “no se va a resolver solamente por el expediente de resolución del contrato”, si no que va a exigir “todos los recursos municipales y las mayores capacidades de los funcionarios para evitar que un posible resultado lesivo para el Ayuntamiento, tras la impugnación que ha iniciado la empresa y que va a dar mucha guerra”, ha finalizado.