Si en algo coinciden todos los agentes implicados en la educación es en el malestar con la gestión de la Consejería de Educación en lo relacionado con la anulación de las vacaciones escolares de noviembre, a su vez anulada por los tribunales.

Los padres de alumnos de cantabria, agrupados en las asociaciones FAPA Y CONCAPA, afirman sentirse hartos, indrédulos, indignados e impotentes.

Mientras, la mayoría de sindicatos de la Junta de Personal Docente de Cantabria (STEC, ANPE, TU, CCOO y UGT) , insiste en su malestar, si bien han decidido posponer, ante la situación sanitaria, la movilización prevista para este viernes.

«La cuestión del calendario, siendo de enorme importancia tanto por las formas cómo se ha producido (por imposición, de manera precipitada y sin justificación) como por la medida en sí misma, valoramos que ha sido la gota que ha colmando el vaso y la chispa que ha hecho estallar un conflicto por la serie de asuntos que se vienen arrastrando desde hace meses. La tarde de ayer no hizo más que darnos la razón cuando la justicia decidió suspender cautelarmente la modificación del calendario. La justicia entiende lo que la Junta de Personal dijo desde el primer momento y es que la Consejera no se basó en ningún informe de sanidad para la modificación del calendario y ha sido incapaz de acreditar el interés general de la salud pública», afirman.

Por su parte, los padres de alumnos agrupados en FAPA Y CONCAPA, consideran que  los hechos ocurridos en la última semana han supuesto para las familias la enésima bofetada de realidad. Se ha demostrado, según sus palabras,  que, ni las familias ni, por desgracia, sus hijos e hijas, pintan nada en todo esto. «Por más que participemos en todos los foros, organismos y reuniones a los que se nos invite o en los que estemos presentes, sacrificando nuestra vida personal y familiar para ello, lo que dice la realidad es que a las familias se nos impone todo».

FAPA Y CONCAPA ANUNCIAN MEDIDAS

Desde Fapa y CONCAPA lamentan que  el distanciamiento entre las familias y la educación cada vez sea mayor.

Añaden la  total incomprensión  que les causa la resolución adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. «Desde nuestro desconocimiento en materia judicial, y apoyando que el sistema judicial debe de ser el máximo garante del cumplimiento de la ley, hasta ahora entendíamos que una medida cautelar perseguía evitar un mal mayor. Sin embargo, con la resolución adoptada en este caso, decenas de miles de familias de Cantabria nos hemos quedado en la más absoluta indefensión para evitar un mal mayor que no alcanzamos a ver. La justicia nos ha dado apenas 8 horas para volver a buscarnos la vida. Como siempre».

Por todo eso anuncian que en los próximos días, las organizaciones decidirán los pasos a seguir para que tanto las familias como la educación que sus hijos e hijas merecen empiecen a ser respetadas.

EXIGENCIAS DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE

• La Junta de Personal Docente exige que se cumplan todas las recomendaciones hechas por los ministerios de Sanidad y Educación para convertir los centros educativos en lugares más seguros aún. Especialmente exigentes somos en la contratación del suficiente profesorado para que se respete la distancia de seguridad interpersonal y se disminuyan las ratios.

• Exigimos que se contrate todo el profesorado necesario para que como consecuencia de la pandemia y de las medidas de seguridad que lleva emparejadas, no disminuya la calidad del sistema educativo público, sino todo lo contrario.

• La Junta de Personal exige que la Consejería ponga todos los medios para el cumplimiento íntegro de los planes de contingencia de los centros. Se ha hecho un trabajo enorme por parte de los centros educativos que en muchos casos queda en papel mojado si luego la Consejería no les dota de los suficientes medios para cumplir todas las medidas diseñadas.

• Para esta Junta es fundamental que todos los recursos se empleen en la red pública de centros. En consecuencia, exigimos que todo el dinero que ha recibido Cantabria (21 millones de euros) del Estado central en forma de fondos no reembolsables (Fondo COVID) se emplee en su totalidad en la red de centros públicos de Cantabria.

• Esta Junta denuncia que venimos arrastrando desde hace meses una situación de vacío en lo que a regulación del trabajo docente, en su vertiente telemática, se refiere. El profesorado no puede afrontar por segunda vez una situación como la que padeció desde mediados del mes de marzo. Es por eso que exigimos una negociación laboral del teletrabajo antes de que se pongan en funcionamiento los escenarios 2 y 3, por tanto haya que trabajar semipresencialmente o desde nuestros domicilios.

FALTA DE RESPETO

Los portavoces de la junta de personal docente, terminan aclarando la situación en estos términos: «Para terminar queremos decir que todas las movilizaciones que estamos llevando a cabo tienen que ver directamente con la falta de respeto, por las imposiciones, la falta de diálogo y las manipulaciones de la consejera Lombó. En consecuencia el colofón final de todo ello es la exigencia de dimisión de la consejera de Educación y, en su defecto, el cese fulminante por parte del presidente del Gobierno Autonómico, Miguel Ángel Revilla, que fue el que la nombró ya que si decide no hacerlo será corresponsable del caos que esta consejera está provocando en nuestros sistema educativo».

REVILLA RESPALDA A LOMBÓ

Preguntado por la situación en que queda la consejera de Educación, quiso ser rotundo: «cuando tengo que tomar decisiones, las asumo. Respaldo total a la consejera de Educación, por parte del Gobierno y especialmente por parte del presidente».

Revilla habló también de que el informe de Sanidad «argumentaba la motivación» de la decisión, aunque después la Sala de lo Contencioso-Administrativo le dio la razón a Comisiones Obreras. «Creímos que con la decisión podíamos conciliar» la necesidad de reducir los contactos que hubieran podido tener los alumnos estando de vacaciones y no hacer más daño a la economía, como sí se le hace ahora con estas medidas.

CANTABRISTAS CRITICA LA «TOTAL INCAPACIDAD» DE LA CONSEJERA

Cantabristas se suma a las críticas a la gestión de Educación por parte del PRC exigiendo el cese de la consejera Marina Lombó, que «ha demostrado una total incapacidad para estar al frente de la consejería» y han pedido explicaciones a Revilla, que “mintió al asegurar que la decisión se tomaba en base al informe técnico de Sanidad, cuando no era así».

Para el partido cantabrista, «ya es hora de que se empiecen a asumir responsabilidades» por «las chapuzas del ejecutivo». Consideran que la consejera Lombó ha dirigido el departamento «con un comportamiento autoritario, sin contar con comunidad educativa» y que, en consecuencia, «hoy se encuentra arrinconada por sus propias malas prácticas». La falta de transparencia, unido a las desafortunadas declaraciones de la Consejera de Educación afirmando que nadie cuestionó el cierre de colegios en marzo, es prueba suficiente de la falta de sintonía entre sus decisiones y la realidad.

«Malas prácticas» que, en opinión de Cantabristas, son consecuencia «de una forma de gobernar por imposición, en base a ocurrencias e ideas que no tienen el respaldo de los sectores implicados y no responden a necesidades valoradas por criterios técnicos o sociales sino a la voluntad de dirigentes concretos». Desde la formación consideran que la suspensión cautelar de la decisión del Gobierno supone «una complicación más para las familias, que se suma a la caótica gestión de la Consejería de Educación por parte del PRC». En ese sentido, lamentan que «una vez más seamos las cántabras y cántabros quienes paguemos las consecuencias».

Cs lamenta que las familias paguen la incertidumbre y el caos generados por la decisión de aplazar la semana no lectiva y su posterior revés judicial

El coordinador de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, ha lamentado la «incertidumbre» y el «caos» generados por la decisión de aplazar la semana no lectiva «y su posterior revés judicial». «Las familias ya están lo suficientemente cargadas de problemas: no se merecen otro más», ha enfatizado Álvarez, que también ha avanzado que «como no puede ser de otra manera, desde Cs respetamos las decisiones judiciales y lamentamos profundamente la situación de malestar y crispación que todo esto ha generado antes y después de la resolución a todo el colectivo educativo, personal docente, personal no docente, alumnado y familias»-

Asimismo, Álvarez ha aseverado que tras el aumento de los datos de contagios, hospitalizaciones e ingresos en UCI «había dos posibilidades: eliminar la semana no lectiva en educación o cerrar todos los municipios de Cantabria».

«Ante estas dos decisiones difíciles, nosotros apostamos por la primera, que era la menos mala, pero actuar con esa premura y falta de tiempo para entablar un diálogo con la comunidad educativa ha dado al traste con esta opción y al final se ha tenido que adoptar la de cerrar los municipios de Cantabria», ha apuntado.

MALESTAR EN CIUDADANOS POR «LAS MENTIRAS DE LA CONSEJERA»

El partido verde comparte el malestar social ante la mentira de la Consejería de Educación para justificar la Resolución que ha anulado la Justicia y se suma a sus reivindicaciones.

«No podemos entender que Revilla defienda la gestión de la Consejera, ya que no tiene justificación alguna que se utilice una mentira, basada en un documento científico, para engañar a la sociedad, y enfrentarse a toda la comunidad educativa” remarca Gabriel Moreno, “empezando por el Consejo Escolar de Cantabria, en el que están representados todos los sectores educativos, FAPA y CONCAPA, representando a las familias, los sinidcatos del profesorado, los equipos directivos de los centros educativos…y todo ello sin saber si se han adoptado todas las medidas necesarias para cubrir las necesidades educativas en el caso que se vuelva en producir el confinamiento domicililario”.

Por eso desde el partido verde EQUO se pide al ejecutivo regional que reflexione y adopte la mejor decisión pensando en los intereses de las personas para las que gobierna y no solo en los de su partido.

EL PP LAMENTA EL PERJUICIO A LAS FAMILIAS

El Partido Popular ha considerado hoy que en el caso de la supresión del descanso escolar, el Gobierno de Cantabria no ha actuado con previsión, le ha faltado diálogo con los sectores afectados y no ha habido coordinación entre las dos partes del Ejecutivo regional.

Así lo ha afirmado el portavoz de los populares, Iñigo Fernández, quien ha opinado que todo ello ha tenido como resultado una «chapuza legal que ha dado lugar a la intervención de los tribunales por entender que no se justificaba la medida al no disponer de soporte técnico por parte de Salud Publica»

En este sentido, ha lamentado que «el resultado haya sido un gran perjuicio para las familias de Cantabria

Fernández ha explicado que se trataba de elegir entre dos males. «Una opción era el mantenimiento escolar para evitar problemas de movilidad, y la segunda era acordar el cierre perimetral de los municipios».

Tras señalar que el PP no cuestiona las propuestas que se hacen por parte de Salud Pública con apoyo de informes científicos y de los epidemiólogos, Fernández ha indicado que «en la peor situación posible, en el peor contexto posible, nos parecía que el mal menor era el primero», y ha añadido que «no se ha hecho bien desde el punto de vista formal» y a su juicio «actuar a última hora ha generado problemas».