Al final todo acaba pasando por los tribunales, y en las previas a una crisis, eso significa desahucios, despidos, cierres de empresas.

En la Consejería de Presidencia, , Interior, Justicia y Acción Exterior, responsable de los medios materiales para la administración de Justicia (desde dotaciones a personal, no así la creación de nuevos Juzgados, que autoriza el Estado) cuentan con “previsible aumento” de expedientes que llegará a los juzgados durante el próximo año “derivada de los ERTES y concursos”.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, se reúne con la Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, María Pilar Jiménez Bados. 17 de noviembre de 2020 © Raúl Lucio

Para abordar esta situación desde la Consejería se ha realizado una “previsión presupuestaria” y se han establecido “medidas de refuerzo ante posibles eventualidades” por valor de más de 400.000€ con las que hacer frente a la sobrecarga de trabajo que se pueda producir en los juzgados.

Así lo ha avanzado la consejera Paula Fernández, tras las reuniones que ha mantenido por vía telemática con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), José Luis López del Moral; la Fiscal Superior de Cantabria, María Pilar Jiménez, y representantes de los Colegios de Abogados y Procuradores de Cantabria, Andrés de Diego y Rosaura Diez respectivamente, con el objeto de valorar cómo se ha desarrollado el 2020 y las previsiones de cara al próximo año en los presupuestos, que destinan 34,5 millones de euros a estas competencias de Justicia.

En primer lugar, han valorado la utilización del sistema de gestión procesal ‘Vereda’ durante los últimos meses, el cual ha permitido que el daño “haya sido menor de lo esperado” durante la pandemia, ya que los órganos judiciales han podido seguir desarrollando su trabajo en cuanto a tramitación de expedientes judiciales, celebración de juicios y dictado de sentencias, del mismo modo que “los profesionales, abogados y procuradores, han tenido la posibilidad de seguir presentando demandas, contestaciones y demás trámites”.

El primer juicio telemático de España fue en Cantabria, con el juez Acayro y la abogada Pilar de la Hera

En este sentido, también han abordado la culminación del expediente judicial electrónico a lo largo de 2021, un proyecto por el que se ha apostado “muy fuerte” desde la Consejería y que “está dando buenos resultados”.

Según ha explicado Paula Fernández, para dicha finalización se contempla la centralización de las salas de vistas con la que se “dotará de mayor seguridad el control de las grabaciones de los diferentes juicios” y que “permitirá que, desde el exterior, los profesionales puedan acceder a las vistas que se celebren”.

Asimismo, la consejera ha valorado el descenso de cerca de un 20% en volumen global de litigiosidad en los órganos judiciales de Cantabria, una situación que ha achacado a la “situación derivada por la pandemia desde el mes de marzo” que, a pesar de que la situación es “mala”, no es “tan desalentadora como en otros lugares”.

OBRAS PÚBLICAS MOVILIZA 90 MILLONES DE EUROS MÁS EN INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS

De su lado, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha defendido los 144,6 millones de euros de su Consejería para 2020 ante la Comisión de Economía y Hacienda, un presupuesto “expansivo” que destina más de 90 millones a “inversión” para “impulsar” las infraestructuras de la región, con unas cuentas orientadas al “crecimiento y a la creación de empleo” y que suponen un incremento del 3,2% respecto del 2020.

Para el consejero, el presupuesto de la Consejería es “prioritariamente inversor” con el objetivo de ejecutar obra pública y “favorecer la actividad de las empresas”, contribuyendo a la creación de empleo, y más ante la situación en la que se encuentra inmersa la Comunidad Autónoma ya que, en su opinión, hay que “entender” la situación de crisis fruto de la pandemia del coronavirus y “adaptarse” a la coyuntura actual y de futuro, destinando la mayor parte del presupuesto del Ejecutivo a la atención de necesidades de gasto en materias como la Sanidad o la Educación “sin hipotecar Cantabria”.

A grandes rasgos, el presupuesto presentado supondrá la puesta en marcha de un nuevo decreto de subvenciones para financiar obra pública en todos los Ayuntamientos de Cantabria para el periodo 2021-2023, cuya financiación se incrementará del 70 al 80 por ciento en aquellos municipios en riesgo de despoblamiento.

13:30.- Despacho del consejero. El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, se reúne, vía telemática, con el alcalde de Cillorigo de Liébana, Jesús María Cuevas. 18 de noviembre de 2020 © Raúl Lucio

El nuevo decreto de subvenciones, dotado con 3.060.000 millones de euros, nace como “instrumento de cooperación económica” y tendrá como principal finalidad “garantizar la cobertura de los servicios municipales obligatorios en todo el ámbito de Cantabria”, particularmente los relativos a la mejora de las redes abastecimiento y saneamiento, la adecuación de vías públicas y edificios municipales y urbanización de espacios públicos y otras infraestructuras viarias que resulten necesarias para la prestación de los servicios de competencia municipal.

Según ha explicado el consejero, se destinarán más de 49,9 millones de euros en inversiones en materia de obras públicas, pues la mayor parte del presupuesto, un global de 38,5 millones de euros, se dedicará al desarrollo del Plan de Carreteras con el fin de conseguir la “máxima eficiencia” de los recursos disponibles que incluye más de 40 actuaciones dedicadas a la planificación, construcción, conservación y mejora de la red de carreteras autonómicas.

Entre otras actuaciones, el consejero se ha referido al nuevo puente de Santoña; la carretera Labarces-La Florida; Alto de La Escrita-La Matanza; Castillo Pedroso-San Vicente de Toranzo; Orejo-Rubayo; la conexión del Polígono de Morero con la S-30, o la variante de Renedo, actuación que va ligada al tramo ferroviario de duplicación de cercanías entre Santander y Torrelavega para la supresión de los pasos a nivel, dando “celeridad” al Plan de Carreteras.

De hecho, en materia ferroviaria, la cuantía prevista para el soterramiento de las vías en Torrelavega o la cubrición de las de Maliaño corresponden a los trámites que se llevarán a cabo a lo largo del próximo ejercicio.

Por último, la cifra de esta Dirección General supera los 3,7 millones de euros para la ejecución del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, que superará este año el millón y medio de euros, y que es “muy importante” para la Comunidad Autónoma debido a la demanda por parte de la ciudadanía para utilizar diariamente transporte sostenible, además del Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral y subvenciones a Ayuntamientos para financiar gastos de inversión relacionados con la rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios públicos.

En esta Dirección también se recogen otras inversiones entre las que destacan subvenciones para la elaboración de estudios destinados a la planificación territorial, como la elaboración del PROT, y otras ayudas municipales para el proyecto de reforma del edificio del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega o el Plan Especial de la Puebla Vieja de Laredo.