Activistas del movimiento contra la emergencia climática Extinction Rebellion (XR) ocupan hoy la plaza frente a Correos, la Porticada y la de Pombo para exigir que el gobierno español y el cántabro excluyan a empresas contaminantes del nuevo plan de ayudas de la Unión Europea. Además, piden que la cantidad de subvenciones dentro del paquete de Next Generation EU destinadas a transición ecológica suban del 37 al 50 % del presupuesto total.

En esta acción de desobediencia civil coordinada con el grupo del movimiento en Madrid, rebeldes del colectivo disfrazados de lobbies contaminantes y políticos ignoran a manifestantes y jóvenes «amordazados» con denuncias como «No nos dejáis decidir sobre nuestro futuro».

Una portavoz de XR ha explicado sus demandas en un manifiesto: «Exigimos al gobierno español que sea responsable ante los adolescentes de toda Europa y de todo el mundo, porque son ellos quienes sufrirán los efectos de la crisis climática y ecológica».

En efecto, el Ejecutivo cifra en 60.000 millones de euros la cantidad que recibirá España a fondo perdido, y en otros 80.000 millones el dinero que deberá devolver a la Unión Europea para 2058.

Estos números forman parte de Next Generation EU (Próxima Generación UE), un plan de ayudas que ofrece la Unión para que los países dejen atrás la crisis de la COVID y además se modernicen. Dentro de estas partidas, el 37 % debe destinarse a proyectos que fomenten la transición ecológica.

Sin embargo, XR es crítico con esta noticia: «Los criterios de Europa para que un Estado acepte esta partida verde son tan laxos que permite financiar el transporte de gas y los biocombustibles». Frente a esto, el movimiento pide transparencia en la toma de decisiones y que las grandes empresas contaminantes no acaparen las subvenciones, llevando a cabo con esto un lavado de cara verde o greenwashing.

Aparte, desde el movimiento tachan de «opaca» la gestión del Gobierno autonómico y aseguran que es imposible que los colectivos sociales participen en un debate abierto donde se trate la gestión de ese dinero público. Sus críticas no se han quedado en la Administración comunitaria, sino que también alcanzan a la local de Santander, donde consideran negligente la construcción de aparcamientos disuasorios masivos sin haber fortalecido la red de transporte público urbano.

Además de estas exigencias específicas en el contexto del rescate europeo y de la realidad de Cantabria, Extinction Rebellion tiene tres demandas: que el Gobierno diga la verdad sobre la urgencia climática; actúe para reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero a 0 para 2025; y que implemente asambleas ciudadanas que puedan tomar decisiones vinculantes para pilotar la transición ecológica.