La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior y las organizaciones sindicales representantes del personal funcionario de la Administración de Justicia han acordado el reparto de los fondos adicionales correspondientes al año 2020, un 0,30 por ciento de la masa salarial, lo que supone la distribución entre este personal de un montante total de 66.338 euros.

Las organizaciones sindicales han suscrito el acuerdo que se destinará a la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables de todos los funcionarios de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, destinados en órganos judiciales y fiscales, y que tienen como fin fomentar la formación y mejora en el adecuado uso de las nuevas tecnologías del ámbito de la Administración de Justicia.

La consejera de Presidencia, Paula Fernández, se ha felicitado por el consenso alcanzado que, ha considerado, permitirá aportar un “impulso más” al proceso de modernización de la Administración de Justicia, con el fin fundamental de “mejorar el servicio prestado a los ciudadanos”.

“Tanto el sistema de gestión procesal VEREDA como el portal de servicios para profesionales están permanentemente sometidos a nuevas versiones que buscan actualizar el sistema a las nuevas necesidades, tanto funcionales como tecnológicas, lo que conlleva que el personal al servicio de esta Administración deba de estar en un continuo reciclaje”, ha resumido.

ACUERDO DEL REPARTO DE LA MASA SALARIAL

Esta negociación es el resultado del acuerdo, establecido en 2018 entre Gobierno y sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, que contemplaba destinar un porcentaje de la masa salarial del 0,2% en 2018; el 0,25% en 2019 y un 0,30% para el ejercicio 2020 a este colectivo, pudiendo elevar esos porcentajes en caso de superávit cada uno de los años hasta un máximo del 0,3%.

Esta masa tiene por objetivo financiar la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a fondos de pensiones.

Así, esta modernización, ha añadido Fernández, supone el uso generalizado de equipos de videoconferencia, sistemas de grabación, o diversas aplicaciones informáticas que suponen un “esfuerzo constante” del funcionariado para mantenerse “al día” en su manejo.

Estas novedades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación “implican también cambios organizativos para lograr una mejor adaptación de los órganos judiciales y fiscales de Cantabria a los nuevos desafíos a los que ha de enfrentarse la Administración de Justicia”, ha explicado la titular de Justicia.

A ello hay que sumar el nuevo horizonte marcado por el Ministerio de Justicia con el Programa 2030, ha continuado, que mediante modificaciones normativas organizativas, procesales y tecnológicas de gran calado buscan que el servicio público de Justicia atienda y satisfaga los derechos e intereses de los ciudadanos de forma “ágil, real y efectiva” y con “plenas garantías”.

Este Programa incluye la organización de tribunales de instancia, la celeridad en la tramitación procesal, la gestión del dato para la toma de decisiones o la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, entre otros aspectos.

FONDOS ADICIONALES PARA PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

A este acuerdo para el personal de la Administración de Justicia se une el adoptado para personal laboral y funcionario del Gobierno de Cantabria, que contempla también la concesión del 0,30% de la masa salarial en el reparto de fondos adicionales y que supone un montante de 136.644 euros y 303.298 euros respectivamente.

En relación con el personal laboral el acuerdo supone el incremento del complemento singular de puesto, como consecuencia de la modificación del VIII Convenio Colectivo que será incorporado a los complementos salariales no estructurales, para las categorías profesionales de técnico de Grado Medio, Encargado de Centro, Encargado de Cocina, Encargado de Mantenimiento, Técnico de Cocina, Responsable de Servicios, almacenero, operario de mantenimiento, conductor, operario de cocina, auxiliar de enfermería, técnico sociosanitario y empleado de servicio del CAD de Laredo y las categorías de encargado de centro, encargado de cocina, encargado de mantenimiento, técnico de cocina, responsable de servicios, almacenero, operario de mantenimiento, conductor, operario de cocina, auxiliar de enfermería, técnico sociosanitario, empleado de servicios y subalterno del CAD de Santander.

En opinión de la consejera de Presidencia esta mejora retributiva persigue reconocer la labor “fundamental”, como uno de los colectivos esenciales durante la pandemia, realizada por el personal de los Centros de Atención a la Dependencia.

Con respecto al personal funcionario este 0,30% se destinará a la mejora del nivel de complemento de destino de los puestos de trabajo de técnico de seguridad en el trabajo; técnico de higiene del trabajo y técnico de salud laboral, dependientes del ICASST y la mejora del complemento de destino de ayudantes de gestión tributaria y ayudante de recaudación, dependientes de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria. Además, se contempla la mejora del nivel del complemento de destino de los puestos de Jefe de Negociado de Información y Registro, Jefe de Negociado de Registro y Atención al Ciudadano y Jefe de Negociado de Registro y Atención a la Ciudadanía, dependientes de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, Secretaría General de Sanidad y Servicio Cántabro de Empleo, respectivamente.

Por último, se contempla el incremento del complemento específico de los puestos de trabajo singularizados de todos los grupos de adscripción de personal funcionario, con una cantidad mínima de 100 euros anuales, en 12 mensualidades, así como la homogeinización del importe del complemento específico asignado en función del puesto para subdirectores, jefes de servicio, jefes de sección y jefes de negociado, con un máximo de 180,42 euros anuales, referidos a 12 mensualidades.