Primeras denuncias contra los apartamentos turísticos
||por LUCÍA GÓMEZ GUADALUPE|| Vecinos de Santander han efectuado las primeras denuncias por las molestias de los apartamentos turísticos, la misma modalidad que está causando protestas en el barrio de La Barceloneta, en Barcelona.
Estos apartamentos son un negocio en el que determinados propietarios alquilan su casa como si fuera un hotel durante varios días que pueden llegar a ser semanas.
El problema se encuentra en la incompatibilidad entre la vida residencial de los vecinos y estos clientes, que están de vacaciones en un contexto de diversión que choca con el día a día de los habitantes de los inmuebles en los que están sus pisos.
Las reservas de los ‘pisos turísticos’ se hacen a través de páginas como Airbnb, mercado comunitario en el que la gente publica y reserva su alojamiento, tanto en España como a nivel mundial, entre otras plataformas.
En algunas de las denuncias de comunidades de propietarios que han trasladado a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria (y en breve al Ayuntamiento de Santander) se enumeran algunas de las molestias causadas por los usuarios de estos apartamentos.
Así, hablan de ruidos, tanto de voces como de movimientos de muebles, pisadas, portazos o de la cisterna, “a cualquier hora del día” y, recalcan, “de la noche”, “sin ningún tipo de cuidado” en lo que para los denunciantes demuestra la “total falta de respeto a las mínimas normas de convivencia”.
Y todo en unas viviendas que, al ser de uso diario y no turístico, no están adaptadas, y presentan problemas como la falta de aislamiento acústico, lo que agudiza estos problemas.
Según explican los vecinos en la denuncia, esta actividad requiere de una licencia de actividad junto con una autorización administrativa, para lo cual hay que cumplir bastantes requisitos que dudan que cumplan estos apartamentos.
Quien debe autorizar la actividad turística es la Dirección General de Turismo y para la licencia de actividad municipal una de las condiciones obliga a hablar con la comunidad de vecinos, ya que los estatutos establecen que tiene que haber un permiso de todos los propietarios para que en el piso se desarrolle una actividad diferente a la normal para la que está destinada la vivienda, que sería el uso residencial.
Las sanciones para este tipo de práctica pueden llegar a ser 600 euros de multa si se tipifican de graves y de 6.000 euros en adelante si son muy graves.
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