La Seguridad Social ha tramitado en Cantabria 37.462 prestaciones por incapacidad temporal por la COVID-19 (“bajas COVID”) desde que hace un año el Consejo de Ministros aprobase una mejora de la protección de las personas contagiadas y aisladas por esta enfermedad. En el conjunto del país, se han tramitado en el último año 3,77 millones de prestaciones.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estableció entonces en el RD 6/2020 la asimilación de estas bajas por COVID a accidente de trabajo, lo que supone una mejora de la prestación a los trabajadores respecto a las que existe con las bajas comunes y libera del coste que asumen trabajadores y empresas en caso de baja común.

En concreto, la asimilación a accidente de trabajo establece que la prestación para los trabajadores sea del 75% de su base reguladora desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, en lugar del 60% de la base reguladora desde el cuarto día de la baja hasta el vigésimo inclusive y del 75% desde el día 21 en adelante que supone para quienes se les reconoce una baja por enfermedad común.

Además, también hace que la administración asuma el coste de esta prestación desde el primer día, a diferencia de la baja común, cuando lo hace a partir del día 15.

La Seguridad Social ha dedicado una cifra estimada de 1.800 millones de euros al pago de estas prestaciones a lo largo de este año.

De los 3,77 millones de bajas COVID reconocidas hasta finales de febrero de 2021, 1,23 millones lo han sido por contagio y 2,53 millones por aislamiento, ya que ambos supuestos quedaron bajo la protección especial asimilada a accidente de trabajo en el RDL 6/2020. En el caso de Cantabria, 9.182 bajas han sido por contagio y 28.462 por aislamiento.

De media, las personas que se han acogido a una baja COVID lo han estado durante 19,43 días en el caso de contagio y 12,61 días en el caso de aislamiento.

LOS SINDICATOS PIDEN CAMBIOS EN LA POLÍTICA LABORAL

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, han entregado este jueves un escrito a la delegada del Gobierno en la comunidad, Ainoa Quiñones, para instar al Gobierno a cumplir con la agenda de reformas sociales en relación a las pensiones y el empleo y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el marco de la campaña ‘Ahora Sí Toca’, impulsada por ambos sindicatos.

Carlos Sánchez ha destacado que “rechazamos de plano todas esas argumentaciones que se están dando de la condicionalidad de ese tipo de políticas y que nos parece una tomadura de pelo”.

Por su parte, Mariano Carmona ha insistido en que “no estamos dispuestos a asumir que se condicionen a la llegada de los fondos europeos, que vienen para relanzar la economía y hacer un sistema más solidario, no para lo contrario”.

Carmona ha destacado que es el momento de frenar “el mayor ataque a la clase trabajadora” tras varios años de aplazamientos porque otros temas ocupaban la agenda.

Ahora, como ha afirmado Sánchez, “nos vamos recuperando poco a poco de esta situación dramática que ha impuesto el Covid-19 y es el momento de empezar a abordar procesos que se paralizaron al inicio de la pandemia en el ámbito del dialogo social”.

Los sindicatos han centrado sus reivindicaciones en tres aspectos: el SMI –cuya congelación, ha criticado el secretario general de CCOO, “no tiene ni pies ni cabeza en esta situación de grandes desigualdades, brechas salariales y pobreza”, la reforma laboral –que es, como afirmado Carmona, “una maquina de destruir empleo y de generarlo de mala calidad y precario”- y la reforma de pensiones, que condena a las personas a “pensiones de miseria”, ha incidido el secretario general de UGT.

Por todo ello, CCOO y UGT han señalado que estos meses se han dado “situaciones tan inasumibles como inaceptables si queremos conseguir una recuperación con cohesión y equidad social”, como son la congelación del SMI, la negativa del Gobierno a la derogación de la reforma laboral de 2012 y los anuncios de cambios en la política de pensiones.

Con la entrega de este escrito en la Delegación del Gobierno en Cantabria, ambas organizaciones sindicales reanudan las reivindicaciones, que se prolongarán en el tiempo y formato en función de las respuestas del Gobierno a las demandas sindicales.

CCOO y UGT han recordado que la subida del SMI hasta que alcance el 60% de la media salarial –como señala la Carta Social Europea- y la derogación de las reformas laborales y la de pensiones de 2013 son “objetivos irrenunciables” para ambos sindicatos.

Carmona ha insistido en que “se tendrán que abrir mesas de negociación pertinentes para llegar a acuerdos, pero si por la vía del diálogo y el trabajo no se consiguen revertir estas medidas, irremediablemente tendremos que entrar en otra fase”.

En este sentido, Sánchez ha advertido que “vamos a mantener la tensión y, si no cambian las cosas, tenemos la voluntad inequívoca de movilizar a la gente”.

El pasado once de febrero, UGT y CCOO se dieron cita en una concentración en la Plaza Porticada de Santander –simultánea a la del resto de ciudades a lo largo de todo el Estado-, en la que reivindicaron la recuperación del diálogo social para abordar las reformas laboral y de pensiones, así como la subida del SMI, de forma que el Gobierno cumpla con sus compromisos que llevaban en su programa electoral e incluyeron en el acuerdo de gobierno.

Las próximas fechas de movilización, como han anunciado ambas organizaciones sindicales, serán el 11 de abril y el uno de mayo, y los días once de cada mes hasta que sea necesario.

En respuesta, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha reivindicado este jueves la “hoja de ruta clara” del Gobierno de España en defensa de los trabajadores y de unas pensiones dignas, así como para impulsar reformas “que deroguen las reformas laborales con las que el Gobierno del PP aumentó la precariedad, la temporalidad y la falta de derechos” de los trabajadores.

Quiñones ha destacado que “el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es con el trabajo digno, estable y de calidad” y, por eso, apuesta por, “a lo largo de 2021, recuperar la relevancia de los convenios colectivos y que estos no decaigan hasta que se apruebe uno nuevo, así como la supresión de la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales”.

“En definitiva, vamos a seguir trabajando de la mano de los sindicatos para no dar ni un paso atrás en materia de derechos de los trabajadores y de salarios y pensiones dignas”, ha concluido.