La Coordinadora Cántabra por Pensiones Públicas Dignas se concentró este jueves frente a la sede del Gobierno de Cantabria para reclamar al presidente Miguel Ángel Revilla una mayor implicación en la lucha contra la exclusión social en la comunidad.

Cambiando de escenario habitual frente a sus concentraciones ante las sedes de los ayuntamientos, reprochaban a Revilla no haber sido “capaz de dedicarnos ni un minuto de su tiempo” para escucharles.

En su manifiesto, recordaban que en Cantabria son más de 64.000 personas las que viven en la exclusión social,

Advertían de que “la pobreza y la exclusión social privan al individuo de un porvenir mejor, condenándole a esa vida de miseria”,

En su listado de reivindicaciones, se encuentra la mejora de la cuantía de las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas.

En Cantabria, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) de 2018, está en el 25% de la población, en términos absolutos, unas 145.000 personas.

Por sexos, el incremento del AROPE femenino, casi dobla al masculino, de estas 145.000 personas, tenemos 25.600 pensionistas con pensiones mínimas: SOVI con 510 euros al mes; pensiones por discapacidad a menor de 60 años con 513 euros al mes; pensiones de Viudedad con 643 euros al mes.

Estas pensiones son de Pobreza Severa, y la mayoría ,17.260, son mujeres y viudas, lo que les lleva a recordar la existencia de una brecha de género.

Según el criterio de residualidad, las CCAA complementan allí donde no llega la Seguridad Social: Servicios Sociales y rentas mínimas.

Y enfatizan que el Tribunal Constitucional defiende la competencia autonómica para acordar la concesión de estas medidas: salarios mínimos de inserción o rentas mínimas de inserción. (artículo 148.1.20 de la Constitución), por eso le piden que presupuesten el gasto para compensar las pensiones mínimas.

También plantean mejoras en la financia de la Ley de Dependencia, la gestión pública de la ayuda a domicilio y la mejora del trabajo de las cuidadoras, cuya precariedad denuncian, junto a una mejora de la red de residencias.

Asimismo, reclaman un plan de oferta alternativa para vivienda social y tutelada, con pisos y apartamentos tutelados, sociales y dignos, con alquileres en proporción a las pensiones de cada persona, con servicios complementarios para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria por personal cualificado y suficiente de ayuda a domicilio y que estén inmersos y ubicados en barrios o en pueblos. La autonomía y la libertad individual son una prioridad en el bienestar de las personas con diversidad funcional.

Protesta por el centro

Inciden en la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas y población activa con rentas inferiores a 18.000 €).

Y piden que los tratamientos de podología, oftalmología, oído y boca, formen parte de las obligaciones que de forma gratuita ha de cumplir la Seguridad Social.

Bonos energéticos, gratuidad de la telefonía, mejora climática de las viviendas o reducción del precio de los transportes para pensionistas, dependientes o personas en desempleo o precaria son otras de las reclamaciones que le planteaban a Miguel Ángel Revilla.

Además, este jueves también hubo una protesta contra el cierre del centro de atención a la infancia en Santa Teresa de Jesús, que el Gobierno enmarca como un traslado para que la asistencia sea de otro modo.

ACCIÓN GLOBAL POR EL CLIMA

Y este viernes hay convocada una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander dentro de una acción global por el clima en todo el mundo, planteada aquí desde la Alianza Cántabra por el Clima o Fridays for future, entre otros.

A las 17:00 horas se realizará un taller de carteles y a las 18:00 comenzará la concentración, todo en un fin de semana en el que seguirán los distintos actos informativos en torno a los proyectos eólicos en Cantabria, que afectan fundamentalmente a la zona del Miera y los Valles Pasiegos.