||Por Miriam González, miembro del Secretariado de STEC||

No habrá una transformación educativa y social si para ello no se cuenta con la participación de quienes tienen que hacer esa transformación. Este es un mensaje cuyos destinatarios son las personas que están al frente del Gobierno de Cantabria y, más particularmente, los máximos responsables del departamento de Educación. Desde hace unos meses venimos escuchando que los fondos europeos serán los que nos saquen de la crisis que todo el planeta está sufriendo debido al coronavirus y nos lleve hacia una Europa más ecológica, digital, resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

La información, como es habitual, no es transparente y debemos confiar que nuestros gobiernos estatales y autonómicos sepan distribuir esta cantidad de millones de manera que fortalezca nuestra economía y evite que otras crisis como la actual sigan aumentando el porcentaje de pobreza y desigualdad social. Para ello, desde Europa ya se advierte que algunos de estos fondos deben destinarse a la educación, pues las generaciones que en este momento se están formando tendrán la responsabilidad de solucionar el desastre al que nos han ido llevando los diferentes gobiernos europeos, españoles y autonómicos.

La consejera de Educación ha informado a la Junta de Personal de las políticas de gasto que han decidido para Cantabria. Por supuesto, esta información no es de ida y vuelta, y se nos informa no para recibir feedback por nuestra parte, sino para explicarnos que son lentejas: las tomas o las dejas. Así viene la información desde el gobierno estatal, y así se nos transmite desde la consejería, con la queja de que las comunidades autónomas no han podido intervenir en el reparto de los fondos; pero sin otro planteamiento que implique una posible participación del profesorado. De la misma manera que la consejera y su equipo toman decisiones respecto a la política educativa de Cantabria sin contar con la participación del profesorado, ahora el Ministerio de Educación ha tomado decisiones de reparto de gasto de los fondos europeos sin contar con las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias. Creemos que es un error que lamentaremos si no se corrige.

El profesorado es quien conoce las necesidades de inversión que existen en nuestros centros educativos. Somos nosotros y nosotras quienes lidiamos con espacios educativos anticuados que impiden la innovación educativa porque están construidos el siglo pasado y pensados para el siglo pasado, y es el alumnado quien también lo sufre. Es el profesorado quien ve al alumnado desarrollar su juego (algo fundamental para el aprendizaje) en patios de hormigón que no les ofrecen ninguna oportunidad de creatividad, psicomotricidad o juego más allá del fútbol o en el mejor de los casos otros deportes competitivos.

La digitalización de nuestros centros, la inversión en equipos informáticos y la reforma de la FP son muy importantes; pero no lo es menos el día a día de las escuelas, y éste se construye a base de pequeños momentos de lectura, de intercambio de experiencias, de juegos compartidos que también necesitan de nuevos materiales y recursos y, por supuesto, necesitan de espacios de aprendizaje sostenibles, actualizados y dignos.

Por último y no menos importante, la propuesta actual de inversión da la espalda a la necesidad de trasformación de los espacios en centros sostenibles con menor gasto energético, preparados para la crisis climática que está a las puertas y preparados para los retos en innovación educativa que ya tenemos en el momento actual. Hemos comprobado en esta crisis cómo otros países cercanos han podido mantener más tiempo al alumnado escolarizado en los centros porque disponían de mejores espacios y menores ratios de alumnado por aula. Aprendamos de los errores y avancemos hacia una educación pública de calidad con mejores recursos personales y materiales, y avancemos hacia la trasformación de los centros en espacios sostenibles. Si el 30% de los fondos están destinados a lucha contra el cambio climático, queremos saber cómo y dónde van a destinarse dichos fondos.

Animamos a nuestra consejera a aprovechar el mejor de los recursos que tiene -su profesorado-; la inteligencia colectiva y la cooperación de toda la comunidad escolar en el diseño de las políticas educativas y de gasto son fundamentales. En este sentido, queremos llamar la atención sobre algo que nos parece capital: si se transforman los procesos de toma de decisiones por parte de la administración en el sentido participativo que estamos argumentando, se asignarán los fondos europeos de manera más eficaz y eficiente, es decir, redundará mucho más en la transformación y en la calidad del sistema que todos y todas perseguimos.