El Partido Popular afirma que el rescate del sector comercial es urgente y por eso el diputado regional Lorenzo Vidal de la Peña buscará este jueves a través de una batería de preguntas en la comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, respuestas a la actuación de la Consejería en relación al sector del comercio de la comunidad.

Vidal de la Peña ha explicado que el sector del comercio vive una situación «desesperada», con una caída del índice de negocios del comercio a un -6.66 y el índice de ocupación del comercio al por menor un -2,42 en una tendencia claramente descendente, situando de nuevo a Cantabria en una de las comunidades con las peores cifras.

Para el Partido Popular, la Dirección General de Comercio está resultando ser totalmente «inoperante en esta materia y muestra de ello es que estas preguntas se debatirán casi cuatro meses después de haber sido registradas», según ha indicado Vidal de la Peña.

Las iniciativas del Grupo Popular reclaman un Plan de Choque para el comercio que incluya planes de reconversión para aquellos que tengan que cerrar, oficinas técnicas de apoyo, más acciones coordinadas con ayuntamientos y cámaras de comercio y la escucha de la Mesa de Diálogo Social, «que no sabemos a que esperan para convocarla para este y otros temas de igual calado y urgencia».

El comercio necesita un plan de protección rescate, es uno de los sectores con mayor número de trabajadores acogidos al ERTE. Ahora que tratan de recuperar su actividad, asumir el coste de la finalización de esos ERTE pondría el riesgo de cierre del 50% del sector.

Además, el sector está haciendo frente a costes sobrevenidos por esta crisis sanitaria, que están dañando su competitividad y lastran su recuperación. Los nuevos costes de origen regulatorio que el comercio en España soporta anualmente ascienden a 1.774 millones de euros, 514 relacionados directamente con la adaptación de medidas de seguridad anti COVID.

«El comercio necesita un plan de protección rescate, es uno de los sectores con mayor número de trabajadores acogidos al ERTE. Ahora que tratan de recuperar su actividad, asumir el coste de la finalización de esos ERTE pondría el riesgo de cierre del 50% del sector», ha enfatizado Vidal de la Peña, que subraya como el sector está haciendo frente a costes sobrevenidos por esta crisis sanitaria, que están dañando su competitividad y lastran su recuperación.

A este respecto, el parlamentario popular ha explicado que los nuevos costes de origen regulatorio que el comercio en España soporta anualmente ascienden a 1.774 millones de euros, 514 relacionados directamente con la adaptación de medidas de seguridad anti-COVID.