Inmobiliarias que cambian de opinión sobre el alquiler de un piso tras ver los apellidos del DNI para el contrato o la foto o vigilantes de seguridad que siguen a familias en el supermercado –en una tendencia que luego comprobaron se repetía con otras familias gitanas—

Son dos casos específicamente de Cantabria que sucedieron en 2019 y que figuran en el informe de 2020 sobre casos de discriminación que elabora cada año Fundación Secretariado Gitano.

Repasando informes de años anteriores, aparecen otros casos en los que ha intervenido esta entidad, como, en 2017, secretarias de colegios que les espetan un “todos sois iguales” a familias que se quejan por el trato recibido y que tuvo como consecuencia una amenaza de denuncia de retirada de la beca comedor y retirada de la custodia.

En este caso, la intervención de Secretariado Gitano y sus técnicos logró rebatir, con datos oficiales, las acusaciones de absentismo, así como un reconocimiento de que el alumno estaba “perfectamente integrado” y, finalmente, un encuentro con la dirección del centro con el que se consiguió que la situación mejorara para todos.

Menores (14 años) retenidos durante dos horas por la policía por no tener en ese momento documentación, a la salida del instituto, y sin que nadie informara a la familia de dónde se encontraba, hasta que se le permitió irse sin más, con el añadido de que ante la intención de denunciar, se les dijo que “a la policía no se le puede denunciar”:

Los casos de discriminación—los que llegan a Secretariado Gitano– se extienden a más situaciones y en muchas ocasiones se quedan en nada porque los propios afectados acaban prefiriendo dejarlo estar.

En otros casos, acaba llegando hasta el Defensor del Pueblo, y en otros, son los titulares de los medios que enfatizan el origen de las personas implicadas en actos delictivos, sumándole además descripciones peyorativas asociadas a la etnia.

Pero acaban dejando rastro en los informes de Secretariado Gitano, que en su última edición, la número XV, se centra en la discriminación en el ámbito laboral, un aspecto en el que han puesto especial énfasis con programas específicos con los que han logrado que casi 32.000 personas en todo el país accedieran a un puesto de trabajo.

Secretariado Gitano constata en su informe – que ha contado con el asesoramiento de magistrados del Tribunal Supremo, abogados y sindicalistas– casos en los que empleadores dispensan un trato “menos favorable” a personas gitanas simplemente teniendo en cuenta su aspecto u origen, por lo que abogan por integrar en las políticas laborales de la administración la perspectiva de la lucha contra la discriminación.

En esta edición, el número total de casos asciende a 425, frente a los 334 que se documentaron el año pasado, un incremento que se explica porque también se han incluido los mensajes de odio contra los gitanos detectados en redes sociales.

Los casos se han producido en ámbitos como los Medios de comunicación e internet, con un total de 68 casos; en las Redes sociales, con un total de 115 casos; en el Empleo, con 53 casos; en Acceso a bienes y servicios, con 75 casos; en los Servicios policiales, con 9 casos; en Educación, con 37 casos; en Vivienda, con 25 casos y en Salud, con 11; y en Otros (entre los que se incluyen los casos más extremos de delitos de odio), con 32 casos.

En cuanto al perfil de las víctimas, se constata que la discriminación afecta mayoritariamente a personas gitanas jóvenes, entre los 16 y los 30 años, y a las mujeres, siendo 222 mujeres de las 321 víctimas identificadas.

En este informe se ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de que se apruebe una Ley integral de igualdad de trato que permita dar una respuesta institucional a muchos de los incidentes discriminatorios que enfrentan diariamente las personas gitanas y que con la legislación actual se quedan, en demasiadas ocasiones, sin el resarcimiento al que tienen derecho como víctimas de vulneraciones de derechos fundamentales.

En este sentido, desde la organización se vuelve a instar al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios para que impulsen la aprobación de una norma que ha intentado tramitarse hasta en cuatro ocasiones en los últimos diez años, dando cumplimento, de esta manera, a las recomendaciones europeas e internacionales en materia de derechos humanos.

El informe se ciñe a los casos de 2020, por tanto, no recoge todavía el impacto de la pandemia del COVID, pero desde la asociación apunta su preocupación porque esta crisis genere “nuevas formas de discriminación, estigmatización y discurso de odio contra la comunidad gitana”.

EL INFORME COMPLETO