Izquierda Unida de Cantabria ha llamado la atención sobre la “permisividad” de la futura Ley del Juego de Cantabria, ya que aprueba la publicidad de los locales de apuestas, bingos, casinos y salones en el mundo del deporte.

Según ha explicado en rueda de prensa el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, la decisión de la Consejería de Presidencia al presentar este anteproyecto de Ley “contrasta con el reclamo de la sociedad contra este tipo de ocio perjudicial para la salud y para el bolsillo de las familias” que sí han atendido otras administraciones, como el Ministerio de Consumo, que ha prohibido la publicidad del juego online.

Y es que la regulación de la publicidad del juego online es competencia del Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón, mientras que la publicidad de las casas de apuestas -los locales que se pueden ver en cada barrio- es responsabilidad única del Gobierno de Cantabria.

ALEGACIONES

Por este motivo, el líder de la izquierda cántabra ha diseñado alegaciones -el período para registrarlas acaba el 5 de mayo- “para mejorar el texto” y “atender el bien común”. Así, plantean la prohibición de que las empresas del juego puedan patrocinar equipos, pruebas deportivas, actividades recreativas o eventos culturales, sociales o juveniles en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Además, mientras que el texto del Gobierno considera suficiente que los establecimientos de juego se puedan poner a 500 metros de centros educativos – primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional- y a 250 metros de unidades de salud mental (públicas o privadas subvencionadas), IU alega que deben ser 700 metros para sendos lugares e incluir a la universidad, centros de rehabilitación y hospitales, asociaciones juveniles y de carácter social, residencias de estudiantes o mayores y lugares de culto e instalaciones y edificaciones asociadas.

“De lo contrario, esta Ley no estará protegiendo de forma integral a la población más vulnerable, como jóvenes y mayores o personas con bajos recursos y/o con problemas de salud”, incide.

Ruiz Salmón reconoce que “sí hay avances incluidos en esta Ley”, pero “únicamente se dan en las cuestiones con menor repercusión y alcance”, mientras que las restricciones a la publicidad y los establecimientos, “los grandes focos de atracción de clientes”, son “meramente anecdóticas”.

INTERESES EMPRESARIALES

“Quizá tenga que ver el hecho de que, de las 8 entidades que realizaron aportaciones previas a la Ley, tal y como consta en la web de participación, 7 tienen intereses empresariales y sólo una, IU, está centrada en el interés general de la población”, añadía.

Según Ruiz Salmón, igual que el Gobierno puede a través de esta ley autonómica fijar la distancia mínima entre estos locales y centros escolares, también puede limitar la apertura en función de la tasa de población y recuerda que “no es casual que los salones de juego se instalen en los barrios más poblados y con rentas medias más bajas, tal y como ocurre en lugares como Castilla-Hermida, en Santander, “pues buscan aprovecharse de la precariedad de las familias alimentando falsas esperanzas de dinero fácil a través de reclamos como los ligados al deporte”.

Sin embargo, el Gobierno de Cantabria renuncia a legislar siendo competente para “pasarle la patata” a los municipios, a pesar de que el texto reconoce en su artículo 26 que “se entenderá que se produce concentración excesiva [de establecimiento de juego] en aquellos municipios en los que exista más de un establecimiento de juego por cada 4.000 habitantes”.

“Es importante que haya colaboración entre el gobierno autonómico y los ayuntamientos, cuestión que defendemos; lo que a ninguna persona le cabe en la cabeza es que un gobierno con plenas competencias no asuma su responsabilidad y pretenda que lo hagan otras administraciones”, apostilla.

‘ESTRATEGIA CONTRA LAS ADICCIONES’

IU sí se muestra de acuerdo en el carácter finalista de la recaudación de las sanciones para que se destine a la investigación y prevención de la ludopatía, aunque matiza que, para ello, “Cantabria debería contar con una ‘Estrategia contra las Adicciones’ que no tiene y publicar periódicamente informes sobre la localización geográfica de las casas de apuestas presenciales atendiendo a criterios socio-económicos de la población local y otras variables, “cuestión que tampoco se da”. La última Estrategia (2014-2018) “está caducada” y se denominaba ‘Estrategia contra las drogas’, pues no incluía las adicciones por el juego y las nuevas tecnologías.

Además, comparten con el Gobierno el fomento del ocio alternativo, el desarrollo de actividades de concienciación y formación para la sociedad y que las empresas deban formar a su personal en la prevención de riesgos ligados al juego y la identificación de conductas adictivas, cuestión que IU considera que debe ampliarse también al funcionariado que trabaje en temas relacionados.

En relación al registro de interdicciones -aquel al que voluntariamente cualquier persona puede apuntarse para que se le impida acceder a aquellos juegos respecto de los que la Comunidad Autónoma es competente-, el texto del Gobierno “no desarrolla este punto de forma concreta”, cuestión que Ruiz Salmón considera “imprescindible”, para lo que propone fijar 12 meses como tiempo mínimo en que la prohibición debe estar activa, “ya que actualmente cualquier persona puede darse de alta un día y de baja al día siguiente”.

“El borrador incluye medidas relevantes que apoyaríamos sin dudar, pero necesita más ambición para ser realmente una herramienta útil y responsable con los tiempos en que vivimos”, sentencia.