El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, se ha reunido por videoconferencia con más de 25 ONGs cántabras para recabar sus aportaciones y enriquecer la propuesta que presentará en el Senado.

Un cambio ambicioso, ha explicado, para que la cooperación sea una política de estado, una política estable que nos permita llegar más allá del 2030.

Esta actuación se enmarca en el trabajo de consenso y escucha activa que desde la Vicepresidencia se viene realizando para incluir las observaciones de los colectivos sociales de Cantabria en la reforma legislativa que se está llevando a cabo para modernizar y actualizar la Ley 23/1998, de 23 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Zuloaga ha puesto en valor la importancia de contar con estas observaciones y propuestas para trasladar el sentir de la cooperación que se hace desde Cantabria y resaltar la cooperación descentralizada como una seña de identidad de la actividad que se desarrolla en España con todas sus potencialidades.

También ha afirmado la necesidad de transformar la cooperación en una política encaminada hacia una cooperación feminista, ecologistas, una cooperación basada en la protección derechos humanos, de salud global, inclusión social de las personas con discapacidad, una cooperación con la cultura como motor de desarrollo, donde la diversidad sexual y los derechos LGTBI sean una seña de identidad, una cooperación por la defensa de los derechos de la infancia.

Acompañado por la directora general de Cooperación al Desarrollo, Silvia Abascal, el vicepresidente también se ha referido al trabajo de sensibilización y educación para el desarrollo que se realiza desde las ONGs en Cantabria, divulgando valores y principios de la cooperación para conseguir una ciudadanía más comprometida.

Si algo nos ha dejado claro la COVID-19, ha señalado, es que de la crisis se sale cooperando.

Además de la importancia de llevar a cabo cambios normativos y legislativos, Zuloaga ha defendido la necesidad de impulsar políticas de cooperación sostenibles y estables en el tiempo, que configuren la cooperación como una política de estado que forme parte de una estrategia de país.