El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha informado desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Ribota promovido por la empresa Green Capital Power en los términos municipales de Arredondo, Entrambasaguas, Miera, Riotuerto, Ruesga, San Roque de Riomiera, Saro, Selaya, Solórzano y Villacarriedo, proponiendo también al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dicte una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, dado que al superar el parque los 50 MW el órgano ambiental es el Ministerio, no la Consejería de Medio Ambiente.

Tal y como ha explicado hoy el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, su departamento, al igual que ocurrió con el proyecto de parque eólico Garma Blanca, “aprecia situaciones e impactos inadmisibles, no compensables y no mitigables por el promotor”.

El informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático ha evaluado, en una actuación “garantista”, según Blanco, doce aspectos de forma “desfavorable” y solicita al órgano evaluador definitivo, el Ministerio de Transición Ecológica, que emita informe en el mismo sentido.

Las afecciones apreciadas fruto del “estudio y análisis técnico” determinan que sus impactos, a juicio de la Dirección General, “irreversibles” e “incompatibles” con los valores de la zona, y en algunos casos ni siquiera han sido analizados por el promotor, por lo que también se propone al Órgano Ambiental del Ministerio, competente para emitir la resolución de Declaración de Impacto Ambiental, que la misma sea desfavorable.

Entre los contenidos valorados de forma desfavorable figura el hecho de que carece de contenidos necesarios para una correcta evaluación de los impactos y del análisis adecuado de los efectos sinérgicos y acumulativos con otros parques eólicos con los que comparte infraestructuras, identificando “de manera indudable” impactos aún mayores en caso de haberse llevado a cabo.

El informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático señala que el documento no es adecuado, ya que debiera ser único para los parques eólicos Ribota, Garma Blanca, Amaranta y Quebraduras, y que la evaluación del impacto ambiental debería haberse realizado de manera conjunta, como ya concluyó el Gobierno regional respecto al parque eólico Garma Blanca.

Además, el proyecto Ribota no realiza un estudio real las alternativas del parque eólico y carece, o no se ajusta, a los contenidos del Documento de Alcance que en su día emitió el Ministerio para que el promotor realizase el Estudio de Impacto Ambiental. Las carencias afectan a cuestiones clave como la planificación sectorial, las características del proyecto, su relación con otros proyectos susceptibles de causas efectos acumulados o sinérgicos en este parque, los espacios naturales protegidos, áreas de aplicación de planes para especies de aves o quirópteros amenazados, enclaves de concentración de aves y murciélagos, paisajes protegidos y rechazo de la población local y sus instituciones.

El informe de la Dirección General indica que la alternativa de línea eléctrica de evacuación propuesta, de más de 20 kilómetros de longitud, resulta inadmisible desde el punto de vista ambiental, paisajístico, cultural y social debido a las afecciones críticas que produce, y los posibles riesgos asociados a la construcción de varias de las infraestructuras sobre materiales kársticos de condiciones constructivas desfavorables no son valorados correctamente por el proyecto, además de que la línea pasaría a muy corta distancia de varios núcleos rurales.

Tampoco valora el Estudio las afecciones a la red hidrográfica subterránea ni a la red de cavidades de alto valor en geo y biodiversidad, y el movimiento de tierras que plantea tiene un impacto crítico por la modificación de sistemas de laderas y evacuación de aguas, tanto superficiales como subterráneas, afectando a las zonas protegidas para abastecimiento subterráneo de agua para el consumo humano.

La Consejería señala en su informe que el proyecto generaría un impacto muy importante en la comunidad de rapaces de la zona oriental de Cantabria, afectando a especies catalogadas como amenazas, tanto en Cantabria como en el conjunto de España, como el Milano real o el Alimoche.

Tampoco realiza una evaluación adecuada del impacto del proyecto sobre las comunidades de quirópteros en la zona de implantación y su área de influencia, uno de los territorios de Cantabria con mayor valor para esas especies.

También son afectados por el proyecto una serie de elementos de interés patrimonial como la zona arqueológica del Puyo, declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Cantabria.

Además, la ubicación del proyecto facilita que las infraestructuras del parque sean visibles desde puntos costeros en los que se concentra la mayor parte de la población de Cantabria, afectando a 30 paisajes relevantes, situándose en los Valles Pasiegos, “uno de los territorios más singulares y característicos de Cantabria”, y afectando a 17 cabañales con un total de 101 cabañas.

El proyecto tampoco evalúa las estrategias o iniciativas de desarrollo rural sostenible y participativo que se desarrollan en la zona, a través de los Grupos de Acción Local de Valles Pasiegos y del Asón-Agüera-Trasmiera.

Finalmente, no valora el impacto del parque eólico sobre el papel como corredor ambiental de la zona prevista para su implantación y su importancia para la conectividad ecológica entre dos áreas de alto valor ecológico, paisajístico y etnográfico: las cuencas altas del Miera y del Pas-Pisueña y entre las montañas de la divisoria cantábrica y la rasa costera.

“Somos una administración garantista que vela por el medio ambiente de Cantabria, una región en la que nunca se va a construir un parque eólico que no cumpla con los requisitos necesarios para su instalación, especialmente los de carácter puramente medioambiental”, ha asegurado Guillermo Blanco.