Lo consiguieron. De momento. Los activistas antidesahucios convocados este miércoles en Santoña han logrado dos éxitos:

-el primero, una amplia repercusión de su acción, con un fuerte impacto en medios de comunicación, y presencia de más de sesenta personas apoyando a la familia que estaba a punto de perder su casa

-el segundo, evitar que sucediera. Que sucediera hoy, al menos.

De momento, tras presentarse en la vivienda y entablar conversaciones, se paralizó el desahucio, consecuencia de una deuda de 97.000 euros con la entidad Bankia, por un crédito que se les concedió sin ningún tipo de aval.

Ahora, disponen de un mes para solicitar las alegaciones, con la intención de pedir una moratoria de dos años, alegando la situación familiar y, en concreto, que el matrimonio tiene dos hijos pequeños a su cargo (condición incluida dentro de la legislación).

La acción estaba convocada justo en la recta final de un proceso, que se venía arrastrando desde 2010. Es decir, para el momento en que el juez y el secretario judicial iban a acudir a la vivienda a certificar, formalmente (la toma de posesión), que el piso había cambiado de propiedad.

Y para ello habían convocado a activistas de la PAH desplazados desde Santander, así como de la vecina y activa plataforma de Castro Urdiales.

La lucha contra los excesos del sector financiero continúa: este jueves a las doce en la Plaza Porticada hay ‘Toque a la banca’, es decir, concentración ruidosa en la Plaza Porticada, en protesta contra las participaciones preferentes (ese producto vendido como ahorro, que luego resultó ser inversión, y de riesgo).

Un problema que, por cierto, parece que sólo puede arreglar la Justicia: el juzgado específico cántabro ha logrado cuatro primeras sentencias por acuerdo, que suponen la devolución del dinero, eso sí, siempre y cuando sean cantidades inferiores a los 6.000 euros