La campaña de crowdfunding para crear el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (FDJCC), iniciada el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, finalizó el pasado domingo 6 de junio, coincidiendo con el fin de semana del Día Mundial del Medio Ambiente.

Ha superado su objetivo (40.500 €) y ha alcanzado un total de 49.434 €, un 122 % respecto al reto marcado, que se destinarán a «defender este santuario natural de los abusos de las grandes corporaciones energéticas».

Han sido 46 días de «intenso» trabajo, desarrollado por las entidades promotoras: Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Mesa Eólica de Las Merindades de Burgos, Plataforma Bierzo Aire Limpio, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos y Sociedade
Galega de Ornitoloxía (SGO).

Según informan los impulsores, los resultados de la campaña han superado todas las expectativas, contabilizando un
total de 834 donaciones de las cuales es importante destacar el perfil de procedencia pues, además de numerosas aportaciones particulares, 49 aportaciones corresponden a entidades no sólo conservacionistas y ecologistas sino, de forma «muy significativa», a empresas de turismo, medioambientales y agroalimentarias.

Igualmente importante ha sido el impacto en medios de comunicación tanto del ámbito regional como nacional.

El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica pretende recoger, atender y apoyar las sensibilidades de las numerosas iniciativas locales surgidas en los últimos meses desde las montañas gallegas orientales al norte burgalés, desde el occidente asturiano a los valles pasiegos, desde El Bierzo hasta las montañas leonesas y
palentinas.

El resultado obtenido permite iniciar el proyecto con todos los recursos disponibles y extraer algunas conclusiones

1. «Existe una elevada motivación y preocupación» en los territorios de Galicia, Asturias, Cantabria, Zamora, León, Palencia y Burgos, Euskadi, Navarra y La Rioja, territorios sobre los que actualmente hay instaladas más de 8.000
turbinas y en los que se proyecta la implantación de un número aún mayor. «Las movilizaciones ciudadanas de los últimos días confirman esta preocupación generalizada que refleja el apoyo a esta campaña de financiación colectiva», subrayan.

2. «Las entidades promotoras de la iniciativa hemos logrado comunicar de forma clara nuestra postura: confirmamos nuestro compromiso con las energías renovables -principalmente a pequeña escala basadas en el autoconsumo o en
la proximidad de los grandes polos de uso energético-, pero denunciamos la falta de planificación territorial y la nula sensibilidad medioambiental de muchos de los proyectos en tramitación en el norte de España, en entornos de
enorme interés natural y paisajístico».

Según advierten, «la situación se ha vuelto muy preocupante en los últimos meses, con un aluvión inquietante de macroproyectos en tramitación (véase la cartografía de proyectos en www.fdjcc.org), en un contexto normativo aun sin desarrollar, en el que destaca la aprobación hace pocas semanas del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, publicado en el BOE en fecha 31/03/2021) y la reciente Ley de Cambio Climático, y con una falta clara de ordenación, planificación y zonificación por parte tanto de las administraciones autonómicas como del propio Ministerio para la Transición Ecológica».

El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica actuará en varios frentes: mediante la defensa jurídica, impulsando acciones legales en el ámbito judicial europeo, estatal y autonómico contra las actuaciones de las administraciones públicas y contra la normativa sectorial que soslaye la planificación y ordenación territorial
previas o que contravengan el tratado internacional que regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente; el Fondo prestará asistencia a colectivos, asociaciones y comunidades locales que persigan los mismos fines de defensa de la biodiversidad y del paisaje, y pondrá a disposición pública una base de conocimiento con recursos legales, bibliográficos y cartográficos para facilitar la participación ciudadana.