Alrededor de una veintena de organizaciones feministas, sociales y políticas han lamentado la campaña «sexista» del cartel con el que se utiliza el cuerpo de una mujer para promocionar un desfile de moda benéfico para recaudar fondos para la pobreza infantil, impulsado por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC).

Entre las firmantes se encuentran organizaciones de referencia en la lucha contra la violencia de género como Consuelo Berges, que lleva treinta años atendiendo a mujeres maltradas física y psicológicamente por sus parejas, además de referentes en el movimiento feminista como la histórica Asamblea de Mujeres de Cantabria, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria –muy implicadas en hitos como las movilizaciones masivas del 8 de Marzo de los últimos años, la Comisión 8 de Marzo, MUJOCA (Mujeres Jóvenes de Cantabria), que ha desarrollado distintos programas de ayuda a adolescentes ante casos de acoso y relaciones tóxicas en colegios e institutos, la Tertulia de las Comadres o el Colectivo La Ruda.

Junto a ellas, la asociación La Vorágine (impulsora de la popular librería de la calle Cisneros), OJUCA –la rama juvenil de UGT, Comisiones Obreras, CNT Santander, la secretaría de la Mujer de CGT, el movimiento social Cantabria No Se Vende además de partidos como ACPT, Izquierda Unida, Cantabristas o Verdes Equo Cantabria.

La retirada del cartel ha sido solicitada por el Gobierno de Cantabria, a través de su Dirección General de Igualdad, atendiendo a la Ley de Igualdad, y por Podemos Cantabria, y no trascendió públicamente hasta que informó la Cadena Ser.

Los organizadores del evento argumentaron que la foto tiene relación con el evento, un desfile, y llegaron a señalar las mentes «sucias» de quienes pensaran que la foto de la modelo la cosificaba, en argumentos que han sido refrendados ayer por Ciudadanos o el Partido Popular.

Frente al argumento de que el cartel guarda relación con el evento por ser un desfile de moda, las organizaciones sociales replican que la campaña presentada a la sociedad cántabra pretende recaudar fondos y alimentos para los programas de atención a la infancia en riesgo de exclusión de la Cocina Económica, «por lo que el uso de la explotación de la imagen de una mujer en bañador no tienen nada que ver con lo que se promociona, además de abundar en la cosificación de la mujer y en el sexismo».

Es decir, el evento promocionado es la lucha contra la pobreza infantil, por lo que el uso de una mujer como reclamo vulnera la Ley 34/88, de 11 de noviembre, que regula la publicidad en España y que deja claro que el uso de la imagen del cuerpo de las mujeres o de parte de él de forma “desvinculada del producto que se pretende promocionar” es ilícito.

Y alertan de la «gravedad» de que el evento haya contado con el apoyo y patrocinios de consejerías del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander, que creen «deben una disculpa pública a las mujeres» y además «deben exigir» la rectificación a los organizadores. Pero «más preocupante» les han parecido las respuestas a sus críticas, que les han llegado a tachar de «policía de la moral” a la Dirección General de Igualdad y Mujer por avisar de la  la vulneración de la ley que está sucediendo.

«Las entidades públicas no controlan la moral, pero sí deben garantizar el cumplimiento de la ley, evitar el uso estereotipado de la imagen de la mujer, atajar cualquier acción pública que fomente la desigualdad de género y sensibilizar a la sociedad sobre todo aquello que atente contra el trato igualitario de hombres y mujeres», responden.

También consideran que «las afirmaciones de diversos cargos políticos demuestra lo que le falta a esta sociedad para entender la desigualdad de género y es extremadamente grave porque, en su caso, se les presupone ejemplariedad, si no en los criterios de igualdad, sí en el cumplimiento de la ley».

Otra de las críticas realizadas al hilo de esta polémica aludían a la supuesta inacción de Igualdad en otras gestiones relacionadas con su área o en la focalización en este único asunto –que en realidad ha trascendido por un medio, la Ser, replicado luego por otros, sin que consten más referencias públicas de ningún miembro del Ejecutivo secundando su tesis–, y en la misma semana en la que se aprobaban f0ndos para políticas de conciliación en ayuntamientos.

Este mismo jueves el Consejo de Gobierno aprobaba la concesión directa de ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral de personas trabajadoras y desempleadas en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, a las que destinará algo más de 1,5 millones de euros, con la previsión de beneficiar a alrededor de 1.200 personas.