El Parlamento de Cantabria ha dado traslado a los grupos políticos la propuesta de Izquierda Unida de modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género para que extienda la protección a las víctimas de segundo orden.

Bajo esa denominación se incluye al entorno de las mujeres víctimas de violencia de género (familias, amistades, asociaciones de apoyo) que, en muchas ocasiones, también sufren agresiones o situaciones de acoso cuando les apoyan o protegen.

“Es un aspecto de la lucha contra la violencia de género que conocen bien quienes han trabajado con mujeres víctimas y que empieza a reconocerse como una pieza clave si se quiere que la protección sea integral; las medidas seguirán siendo insuficientes si las personas que ayudan a las víctimas también sufren agresiones, amenazas o acoso”, explica el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón.

Izquierda Unida, junto a la asociación AEBE Cantabria, registraron en el Parlamento autonómico, a través de su comisión de peticiones, una propuesta para atender esta cuestión, que hasta la fecha sólo ha sido legislada en Cataluña.

Para ello, plantean una modificación de la Ley Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y Protección a sus Víctimas, aprobada en 2004.

Ley que, recuerda Ruiz Salmón, fue “pionera” en su momento, adelantándose incluso a la legislación estatal, lo que sirvió para activar una red de protección a las mujeres. “Cantabria tiene la ocasión de volver a ser pionera y de ampliar la red de apoyo a las víctimas de violencia de género”, señala el coordinador de Izquierda Unida, quien además advierte de que “frente al retroceso y el negacionismo que promueven algunos sectores, la mejor respuesta es seguir avanzando”.

De esta forma, valoraba Ruiz Salmón, se podría “blindar” el “necesario y encomiable” trabajo que vienen haciendo en Cantabria no sólo las familias y entornos de las víctimas, sino las asociaciones, “un recurso fundamental que ofrecen ayuda y empatía”, y que se suman a la red de recursos públicos.

PRIMEROS PASOS

La violencia de género de segundo orden empieza a ser estudiada en el plano académico, y el pasado mes de febrero la Agencia SINC publicó el primer artículo en profundidad en “Violence Against Women”, la revista científica más relevante en este ámbito.

Cataluña ha incorporado por primera vez y por unanimidad del arco parlamentario este concepto en la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista de segundo orden, entendida como la “violencia física o psicológica, las represalias, las humillaciones y la persecución ejercidas contra las personas que apoyan a las víctimas de violencia machista”.

Esto incluye los actos “que impiden la prevención, la detección, la atención y la recuperación de las mujeres en situación de violencia machista”, y quedó incorporado a la legislación en Cataluña al ser aprobada por unanimidad en diciembre de 2021.

LA MODIFICACIÓN LEGAL

En concreto, la Proposición No de Ley que Izquierda Unida registró en el Parlamento de Cantabria en mayo insta a la modificación de la Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y Protección a sus Víctimas.

Así, se pide que se incorpore la violencia de género de segundo orden como forma de violencia, entendiendo ésta como aquella que comprende cualquier tipo de violencia y/o acoso ejercido contra las personas que dan apoyo a las víctimas de violencia de género.

Además, se propone crear mecanismos específicos para abordar este tipo de violencia, favoreciendo así una intervención integral y coordinada contra la violencia de género, garantizando la asistencia, protección y cobertura legal a las personas del entorno que dan apoyo y ayudan a mujeres en situación de violencia de género.

En la misma línea, se aboga por incluir en las evaluaciones y seguimiento de la violencia de género el análisis del impacto colectivo. Concretamente, el impacto en las personas víctimas de violencia de género de segundo orden, es decir, en aquellas que dan apoyo y/o asistencia a las mujeres en situación de violencia de género.

Finalmente, se apuesta por potenciar la intervención de la sociedad en general ante situaciones de violencia de género y asegurar la formación de las personas del entorno para ofrecer una ayuda adecuada.