La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que inició las exhumaciones científicas de fosas de desaparecidos por la dictadura franquista en el Bierzo en el año 2000, considera lamentables las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández, en relación con la memoria histórica.

«Además del bajo perfil de humanidad que demuestran hacen patente una tremenda ignorancia o una ocultación consciente cuando habla de una ley que debe reparar a todas las víctimas. El Boletín Oficial del Estado está repleto de medidas de reparación a las víctimas de lo que Franco considero las hordas marxistas: becas para estudiar, pensiones para huérfanos y viudas, pensiones especiales para las familias de religiosos, licencias para estancos, gasolineras, administraciones de lotería, puestos en la administración como funcionarios para toda la vida, puntuación en oposiciones hasta la década de los años 70 y un sinfín de medidas que repararon a esas víctimas, hechas sólo para unas con el dinero público de todos. Además, para satisfacer sus demandas el franquismo fusiló como consecuencia de sentencias llevadas a cabo por tribunales militares ilegales a más de 55.000 personas y condenaron a prisión a miles de presos políticos, acusados por falsos tribunales que perseguían como principal delito unas ideas políticas».

Añaden además que «atacar en el siglo XXI a una ley que pretende reparar insuficientemente a las víctimas de la dictadura es utilizar el daño que padecieron para la pelea partidista y no respetar los derechos de quienes lucharon en contra de la dictadura, de los homosexuales que fueron torturados y encarcelados en ella, de las lesbianas que fueron sometidas a electroshocks en centros psiquiátricos o de las familias de miles de desaparecidos que no han recibido ni siquiera la más mínima reparación en esta democracia, que es poder enterrar a un ser querido. Todas ellas son deudas de la democracia que están pendientes de que el Estado democrático cumpla con sus deberes en derecho humanitario».

Con respecto a los contenidos de historia contemporánea en las aulas, Emilio Silva, presidente de la ARMH, asegura que «un partido niegue el derecho a contar la historia de las víctimas del franquismo en los colegios, aludiendo al adoctrinamiento, sería un delito en Alemania y en otras democracias europeas, porque esconder de los libros escolares la historia de la dictadura, como se ha hecho hasta ahora, es un acto de negacionismo y menosprecio al dolor de las víctimas ni de rechazo al golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y a quienes asaltaron violentamente el poder y se negaron durante cuarenta años a volver a celebrar elecciones democráticas».

Creen que cuando Iñigo Fernández habla de que la memoria histórica puede crear problemas de convivencia hay una exculpación encubierta del franquismo «¿o iría con ese mismo discurso a las víctimas del terrorismo a decirles que el ejercicio de sus derechos, la reparación que les ha garantizado el Estado y el juicio y la condena de quienes les causaron ese daño genera problemas de convivencia y es revanchista?», añade Silva.

«Olvida o parece olvidar Íñigo Fernández que en los estatutos de su partido, en el Artículo 3, se dice textualmente que el PP se compromete con la defensa y solidaridad con las víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones. Eso le compromete a defender a las víctimas de la dictadura y a condenar el franquismo. No puede ser – concluye Silva- que alguien se declare demócrata y no sea antifranquista, por mucho que el presidente fundador del PP fuera un ministro nombrado a dedo por un dictador; es hora de que la derecha española condene el fascismo español, como han hecho numerosos partidos conservadores europeos».