La pandemia sanitaria ha demostrado la necesidad de replantearse algunos modelos asistenciales que se  estaban implantando antes de que la Covid 19 nos sorprendiera sin previo aviso.

Las residencias de personas mayores fueron los lugares que más sufrieron el impacto del virus y, por eso, surge la necesidad de replantearse el modelo actual.

La Fiscalía de Cantabria, en su memoria del año pasado, consultada por EL FARADIO, recomienda a las autoridades competentes que potencien los centros de tamaño medio, de entre 75 y 200 residentes de forma que puedan contar con los servicios y apoyos profesionales de las grandes residencias y, al mismo tiempo, no pierdan ese contacto estrecho con los residentes que ofrecen las más pequeñas. Aconsejan limitar a una o dos personas el número de residentes por habitación y habilitar medios telemáticos para que se mantenga la relación con las familias cuando no sea posible el contacto presencial.

Las inspecciones realizadas por Fiscalía ponen de manifiesto que los modelos de residencias pequeñas, «de tamaño casi familiar» ofrecen un trato cercano y familiar al paciente muy interesante, pero carecen de ayudas y programas de atención «que sólo se implantan en residencias de tamaño medio o grande donde si cuentan con servicio médico o de enfermería propio, fisioterapia más completa y terapia ocupacional de mayor amplitud. Por el contrario, los centros de gran volumen de residentes acaban perdiendo ese contacto más próximo a las necesidades del usuario y su familia».

La Fiscalía destaca en su memoria la importante labor de coordinación realizada para proteger los derechos de las personas más vulnerables, especialmente de las que residen en centros de mayores o de personas con discapacidad.

En Cantabria existen 80 centros de este tipo. La recomendación de la Fiscalía pasa por continuar con las supervisiones para detectar situaciones de desprotección de los residentes,  para evitar que se produzcan y esclarecer los hechos y realizar los requerimientos que procedan si es necesario.

INVESTIGACIONES EN RESIDENCIAS

Durante el pasado año, la fiscalía inició  10 diligencias de investigación por distintas denuncias en otros tantos centros de mayores. Referentes en su mayor parte a falta de personal o medios para protegerse del virus,  aunque finalmente todas fueron archivadas por distintas razones. Continúa tramitándose la denuncia sobre la decisión de no trasladar a la UCI del Hospital de Valdecilla, a un paciente de avanzada edad que posteriormente falleció.

Según la Memoria Fiscal, en las distintas fases de la epidemia los centros han sufrido brotes con un número elevado de fallecimientos, que en el caso de Cantabria supone que más del 55% del total de los fallecidos, sean residentes en centros de mayores.

La Fiscalía fue quien echó para atrás la propuesta de la Consejería de Sanidad que pretendía prohibir de forma generalizada la salida de los residentes en estos centros «entendiéndose que se lesionaba el derecho fundamental, y que no tenía cobertura constitucional, ya que la LO 3/86, sólo permite confinar a los enfermos y a quiénes estén o hayan estado en contacto con ellos; el Juzgado asumió nuestra tesis».

LA VACUNA

La Memoria Fiscal 2020 recoge que «la esperanza de la vacuna ha supuesto una dosis de optimismo controlado, que se ha gestionado adecuadamente por los centros, aunque se han comunicado algunos casos de negativas de residentes a recibir la vacuna, en todos los casos por sus representantes o familiares de referencia, lo que ha motivado consultas a la Fiscalía por parte de los trabajadores sociales, que han sido canalizadas a través de información jurídica suficiente al respecto e incluso han determinado la judicialización de la controversia en aquellos casos, en los que el criterio medico fuese discrepante respecto de la negativa expresa manifestada».

En cuanto al volumen de negativas, consideran que  no puede considerarse alto por cuanto no supera el índice del 3- 5% aunque reconocen que «ello puede generar en el futuro problemas de gestión de los centros, con parte de sus residentes vacunados y otros no, y sobre todo en relación a su personal laboral».